¿Crepúsculo del 6 por ciento o cenit de la insensatez?
Ernesto Medina Sandino
emedina@unanleon.edu.ni
Efectivamente, el debate sobre el presupuesto que según la Constitución y la leyes de la República se debe asignar a las universidades regresa de nuevo a la palestra. La razón es sencilla, el Presidente de la República persiste en su empeño de violar flagrantemente el precepto constitucional establecido en el arto. 150, inciso 1 de nuestra Carta Magna, que lo obliga a “cumplir la Constitución Política y las leyes, y hacer que los funcionarios bajo su dependencia también la cumplan”.
Lamentablemente, lejos de conducir este debate hacia la verdadera raíz del problema, que es realmente la responsabilidad del gobierno de financiar, promover y crear las condiciones óptimas para el desarrollo de la educación a todos los niveles, se ha emprendido nuevamente el camino de la confrontación.
Coincido plenamente con Álvaro Porta y Silvio de Franco, cuando señalan “la cada día más aparente incoherencia entre las transferencias y las necesidades reales del país”, pero no coincido con su interpretación. Mientras para ellos el problema del presupuesto es la transferencia del 6 por ciento a las universidades consagrado en la Constitución, no dicen una sola palabra sobre el hecho de que este gobierno dedica el 35.3 por ciento del gasto a pago de deuda y servicios económicos y solamente el 19.4 por ciento a educación. El argumento de que esto es herencia del robo y corrupción de gobiernos anteriores y que ahora todo cambiará si aportamos una cuota más de sacrificio, ya no es suficiente para justificar la violación de la Constitución y el incumplimiento de la ley. Después de todo, la mayoría de funcionarios de este Gobierno lo fueron también de gobiernos anteriores y lejos de asumir su responsabilidad pretenden hacernos creer que las universidades somos las responsables del desastre económico que nos agobia. Mientras los corruptos y los que han dejado en bancarrota al país se burlan de nosotros y el Gobierno se muestra incapaz de defender la dignidad, y el patrimonio de la nación, sus ministros y consejeros desarrollan una campaña, digna de mejores causas en contra de las universidades miembros del CNU.
También coincido con el Ministro de Educación cuando se cuestiona por qué el aporte del Estado a las universidades es del 6 por ciento y no otra cifra. Pero no coincido con sus señalamientos, de que por no existir una fundamentación técnica para esta cifra el Gobierno se pueda atribuir el derecho de violar la ley. Como tampoco lo justifica el argumento de que dicho porcentaje fue incorporado en la Ley 89 hasta que los sandinistas perdieron el poder en las elecciones de 1990.
Si bien esto es cierto, en todo caso debería ser objeto de un debate político con los promotores de la Ley y no una razón para su incumplimiento. Lo que olvidan los críticos del 6 por ciento es que esta demanda se planteó desde el momento mismo de la aprobación del decreto que selló la Autonomía de la Universidad Nacional en 1958. En ese momento quedó claro que no podía haber verdadera autonomía, menos en el marco de una dictadura, si no se garantizaba el presupuesto de la universidad. Fue por eso que la comunidad universitaria exigió y logró que se garantizara el dos por ciento del Presupuesto de la República como aporte del Estado para el funcionamiento de la universidad. Pronto se constató que este porcentaje era insuficiente para atender las demandas del desarrollo y modernización de la universidad. En 1972 se inició la lucha de la UNAN por el 6 por ciento, lucha que fue interrumpida por el terremoto de Managua y luego por la lucha contra la dictadura somocista. La suspensión de hecho de la autonomía en los años ochenta y el esquema de financiamiento de las universidades que se utilizó en esos años, tampoco pueden ser argumentos para evadir la responsabilidad que este Gobierno tiene de cumplir con la ley.
Cualquier persona razonable comprende que no es una práctica usual el fijar cifras específicas de transferencias en el presupuesto. Éste es un hecho característico de los países latinoamericanos que tuvimos que vivir bajo la bota de dictaduras militares que consideraban a las universidades sus principales enemigos. Sin la garantía que daba la ley, las universidades no hubiesen sobrevivido.
La lucha de todos estos años demuestra claramente que las cosas no han cambiado. Sea por el origen “sandinista” de la Ley 89, por imposición de los organismos financieros internacionales o porque simplemente se cree que la educación es un asunto de oferta y demanda en el mercado libre, la verdad es que los gobiernos “democráticos” se han empecinado en violar el marco legal del país y han recurrido a todo tipo de manipulaciones para violentar la ley.
Creer que el problema se resolverá descalificando y acosando a las universidades sería un grave error. Las universidades cumplimos y cumpliremos lo que manda la ley. Cada institución del Estado debe estar también clara de sus funciones y atribuciones y las universidades nos seremos nunca un obstáculo para su cumplimiento. El Gobierno debe estar claro de que la solución verdadera al problema del 6 por ciento está en sus manos. En primer lugar, debe respetar la Constitución y cumplir la ley. En segundo lugar, debe sentarse de cara a las universidades y al país entero a explicar con sinceridad sus planes y sus intenciones. Debe explicar por qué en su Plan Nacional de Desarrollo no hace una sola referencia a las universidades. Debe explicarnos cómo va a resolver el problema de la demanda cada vez mayor de estudios en el nivel terciario con un financiamiento decreciente. ¿Cómo va a garantizar el acceso a los más pobres? ¿Cómo va a lograr que el país se vuelva competitivo si no invierte en formación de recursos humanos? ¿Cómo va a garantizar calidad de la educación si no invierte en bibliotecas, en tecnología de información, en laboratorios? En fin, ¿cómo va a ser posible y sustentable su plan, si no es capaz de sentarse a dialogar con franqueza y sin prejuicios con un sector de nuestra sociedad, que lo quiera o no, le guste o no, es fundamental para el presente y el futuro del país.
La inmensa mayoría de los universitarios y del país entero exigimos este diálogo. Si el Gobierno persiste en su empeño de confrontación, vamos a repetir una historia que ya conocemos demasiado bien. Las voces de la razón serán acalladas por los morteros y las consignas y lejos de ver el crepúsculo del 6 por ciento, estaremos dando el salto hacia el cenit de la insensatez.
El autor es rector de la UNAN-León.
|
