La lucha por el presupuesto
Cada año, cuando llega el mes de octubre, surgen como hongos por todos lados solicitudes de aumento de salario para ciertos empleados públicos o asignaciones extraordinarias para nuevos programas. Ya es tiempo de hablar claro, insistiendo que las actuales limitaciones financieras del Estado impiden incrementar sueldos o abrir puestos nuevos. Eso lo ha dicho el Ministro de Hacienda, aunque no con el énfasis que el caso requiere. En todo caso cualquier ayuda del FSLN para aprobar el Presupuesto Nacional termina cobrándola exigiendo mover partidas a su discreción.
Aceptemos que hay ciertas medidas de orden público como aprobar un Presupuesto Nacional balanceado que aunque desagradable, es de conveniencia nacional, resultado de obligaciones contraídas, en este caso, con el Fondo Monetario Internacional. Una de ellas nos obliga a respetar un tope del déficit fiscal, relacionándolo con el PIB y el volumen de las exportaciones, pues no puede el Estado gastar más de lo que recibe en impuestos. Si éste es forzado a expandir sus egresos, sin aumentar los impuestos (que ya están en el límite tolerable) sólo tiene el Gobierno tres caminos alternos: 1. Pedir regalos a la comunidad internacional, harta de nuestra pordiosería. 2. Emitir dinero sin respaldo, que produciría inflación incontrolable. 3. Vender Cenis a mediano plazo, con interés altísimo. En este momento el Gobierno trata de que los bancos compradores de esos bonos, que les produjo brillante negocio, concedan al Estado una sustancial rebaja.
La Asamblea Nacional, conforme la Ley, no puede subir el techo del Presupuesto. Sin embargo, los diputados procurarán redistribuir partidas de determinados proyectos ministeriales, pasándolas a otros, sobre todo si los titulares no les agradan. Ese procedimiento caprichoso, realizado sin conocer la dinámica y prioridades del ministerio afectado, siembra desorden. En esos casos deberían consultar con el responsable de la cartera, para sopesar los pro y los contra de esas reprogramaciones, pues de otra manera se causará perjuicio a la administración pública.
Pongamos un ejemplo: si considerasen los diputados que cierta partida del Ministerio de Transporte e Infraestructura o de la Cancillería, es un filón de donde extraer tajadas para completar por el caso, el 6 por ciento universitario, cometerían un error. Se ignoraría, en el caso del MTI, que las carreteras son básicas para conseguir inversiones, que se traducirán en empleos y respecto a la Cancillería lo dejarían desguarnecido, ahora que enfrenta dos juicios carísimos en la defensa de la soberanía. Por lo demás, aquel 6 por ciento universitario debe emplearse mejor, entregándolo a cada beneficiado de acuerdo con su rendimiento académico y situación económica, para utilizarlo en la universidad que escoja. Recurrir a asonadas callejeras para presionar el 6 por ciento es “pretonorianismo” como lo cataloga Huttington de Harvard.
Tampoco puede la Asamblea Nacional rebajar sueldos a funcionarios, pues conforme el Código del Trabajo eso significa despido del empleado. No obstante, los legisladores pueden criticar con razón cuando noten grandes diferencias de salario entre los cuadros superiores e inferiores de determinado ministerio o instituto. Es bien sabido que en los países subdesarrollados, como lo señaló Douglas Norteg, Premio Nobel de Economía (1993) la diferencia de retribución entre el 20 por ciento del estrato de mayor pago y el 20 por ciento del nivel de menores sueldos, es 27 veces superior en el primero. En cambio, en países adelantados como Estados Unidos, esa relación es de diez a uno y en Japón y Taiwan de seis a uno.
Por otra parte, reconocemos que la Dirección de Ingresos hizo una gran labor al 30 de septiembre, al recaudar 500 millones de córdobas más que el año pasado, incrementando el universo de contribuyentes directos que pretende llevarlo a cien mil. De todas maneras, el cobro a nuevos declarantes debe hacerse con amplitud, porque si en la entrada les reclaman mucho, volverán al closet donde estaban. Cuesta más al Estado volver a localizarlos que rebajarles para meterlos en la ley.
En cuanto a los evasores de impuesto a la renta, debe aplicárseles la ley, porque sustraen recursos necesarios para financiar la ingente demanda social.
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