Posponen acusación por tráfico de niños a España
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Fiscalía dice que están profundizando investigaciones para garantizar una “persecución penal eficaz” de los involucrados |
José Adán Silva
joseadan.silva@laprensa.com.ni
La Fiscalía General de la República postergó por tiempo indefinido la acusación contra personas involucradas en el presunto tráfico de menores de edad, a España, según un comunicado emitido ayer.
Según la nota, debido a la complejidad del caso y a que faltan algunos elementos en la exhaustiva investigación que realizan en conjunto la Fiscalía Departamental de León y la de Managua, el Ministerio Público ha decidido orientar “nuevos actos de investigación para garantizar una persecución penal eficaz”.
De acuerdo con la Fiscalía, una vez concluida la investigación, procederán a establecer cargos de acuerdo con el Código Procesal Penal.
Al menos 16 menores de edad se calcula que salieron del país, principalmente de la zona occidental de Nicaragua, rumbo a España, por medio de métodos aparentemente ilegales. La Policía Nacional y la Fiscalía han recibido denuncias de falsificación de documentos públicos y privados, por parte de abogados y hasta de ex funcionarios del sistema judicial, que con engaños lograron sacar a 12 niños y seis adolescentes.
Miles se pierden cada año
Según las investigaciones preliminares, dos ciudadanos españoles que representaban en Nicaragua a la Fundación Luz para la Infancia, podrían formar parte de una red internacional de traficantes de menores con fines aún no esclarecidos.
Según estudios recientes del organismo no gubernamental Casa Alianza, citado por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, en Nicaragua desaparecen tres niños y niñas cada día, lo que da un promedio de 1,095 menores desaparecidos por año; se supone que son explotados sexualmente en países del Norte y Sur de América, además de Europa y Asia.
Otro estudio del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), señala que el 53.2 por ciento de los cinco millones de nicaragüenses son menores de 18 años; de los que 1.6 millones viven en condiciones de pobreza extrema, expuestos al abandono familiar y estatal, al maltrato y a la explotación laboral y sexual.
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