PGR analiza devolución del Bamer
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Determinarán si sentencia judicial que ordena devolver el banco afecta intereses de la Nación |
José Adán Silva
joseadan.silva@laprensa.com.ni
La Procuraduría General de la República (PGR), actuando en calidad de abogado del Estado, está analizando la sentencia judicial en la que se ordena a la Superintendencia de Bancos regresar a sus antiguos dueños el Banco Mercantil (Bamer), el cual fue liquidado en el año 2000 por supuesta iliquidez y malos manejos administrativos.
Según el vocero de la PGR, Sergio Boffelli, el caso está bajo el análisis de la Asesoría Legal de esa institución, para observar si en la sentencia se están afectando intereses del Estado nicaragüense. Mientras no termine el análisis, la institución no se pronunciará, dijo Boffelli.
Esta semana se conoció que la Juez Quinto Civil de Distrito de Managua, Ligia Rivas, mandó a la Superintendencia de Bancos (SIB), devolver los bienes y capital que le fueron intervenidos en el año 2000 al Bamer, lo que provocó que el principal accionista del desaparecido banco, Haroldo Montealegre, tomara posesión del edificio central de esa institución financiera y anunciara gestiones para recuperar más de 22 millones de dólares que supuestamente perdió al ser intervenida su entidad bancaria.
La decisión judicial causó la indignación del superintendente de Bancos por la ley, Alfonso Llanes, quien expresó que la sentencia afecta los intereses del Estado y pone en peligro el ingreso de Nicaragua a la Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC).
Estado ya pagó 50 millones de dólares
Según Llanes, el Estado de Nicaragua tuvo que emitir cerca de 50 millones de dólares en bonos certificados para respaldar la liquidación del Bamer y evitar un colapso de la economía nacional, por lo cual él cree que es un “error” obligar al Estado a pagarle de nuevo a un banco que presuntamente quebró por iliquidez y malos manejos administrativos.
Pero la visión que tiene sobre el caso el principal accionista del Bamer, Haroldo Montealegre, es que el Estado más bien recuperará unos diez millones de dólares de los emitidos en bonos, ya que según él, de lo que logre recuperar su banco mediante la sentencia judicial, le devolverá el excedente a la Nación.
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