Seis años de prisión para contrabandista
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Exportaba piezas arqueológicas a España |
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Donald de Jesús Moreno Tapia
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Miguel Flores
CORRESPONSAL/ MASAYA
Miflocru@hotmail.com
La Juez de Distrito Penal de Masaya, Ruth Chamorro, sentenció a seis años de cárcel a Donald de Jesús Moreno Tapia, por los delitos de contrabando aduanero y falsificación de documentos privados.
El pasado tres de octubre un jurado de conciencia encontró culpable a Moreno Tapia y sólo lo absolvió del delito contra el Patrimonio Cultural de la Nación.
Él fue acusado por la Fiscalía y Procuraduría, por exportar piezas arqueológicas precolombinas hacia España; y ahora su abogado defensor, Alberto Dávila, dice que apelará la sentencia porque los delitos impuestos a Moreno Tapia están relacionados al delito mayor, contra el Patrimonio Cultural de la Nación, del cual se le absolvió.
“El artículo 90 del Código Penal afirma que cuando hay un delito mayor, subsume los delitos menores, en este caso de contrabando y falsificación; está bien claro, no hay nadie ofendido en la falsificación de documentos privados y de manera errónea dicen que el Estado es el ofendido”, sostuvo Dávila.
Especificó que por el delito de contrabando la sanción administrativa establece una multa de 50 dólares, como establece la Ley 660, y por falsificación de documentos es una pena de un año de cárcel como máximo, porque no hay una tercera persona ofendida.
El procurador auxiliar penal César Guevara, había solicitado la pena máxima para el delito de contrabando aduanero que es de cuatro años y la juez impuso la mínima de dos años y medio. Por falsificación de documentos privados son seis años de cárcel y la juez impuso tres y medio.
“Cuando hay delito no hay multas, se establece la pena como se señala en la Ley de Contrabando y Defraudación Aduanera, las multas son para las faltas; el ofendido es el Estado por contrabando aduanero, porque en ese tipo penal y la forma como el acusado actuaba, evadía, a través de facturas falsas, el valor de las piezas, evadió datos, incluso se refirió a cantidades menores de las que señalaba en las facturas y las que declaraba”, explicó el procurador Guevara.
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