La lucha por el acceso a la información pública
Cristiana Chamorro Barrios
critiana@laprensa.com.ni
“Manejamos mucha información que nos da poder y eso nos ha creado problemas con los asesores del Presidente”, le escuché decir a un alto funcionario quien así justificaba ante un grupo de analistas la validez de su trabajo, la soledad de su gestión y la lucha de poderes que se vive en las altas esferas gubernamentales.
En otro círculo político, un diputado se refería al “problema” de que la información es demasiado abundante y circula por todos lados, pero a su juicio la manejan solamente los medios de comunicación. Y “nadie se las controla” alegaba el legislador poniendo sus esperanzas en que una futura Ley de Acceso a Información Pública sirva para regular la libertad de la prensa nacional.
El funcionario revela una disposición a concentrar información para tener más poder. La concibe como un patrimonio de su feudo que le sirve para sentirse poderoso ante sus colegas que se sienten disminuidos y reaccionan con agresividad. Habla de ella como un derecho personal, olvida que pertenece a la ciudadanía y que es un bien que se produce y se obtiene con los impuestos ciudadanos que mantienen la institución a su cargo.
Por su parte el diputado maneja el concepto de controlar la información para limitar el poder que ésta le da a otros. Expresa un sentimiento de frustración al tener el poder de un curul, pero no información que para un político es como no tener poder para nada. Su solución es regular su abundante circulación en los medios de comunicación, supuestamente en beneficio del pueblo, pero sin duda para que éste conozca menos y no pueda objetar negociaciones legislativas en nombre de la población.
Los dos ejemplos expresan una visión del derecho a la información pública, como un asunto privado de los funcionarios del Gobierno, un derecho de los hombres pero no de las instituciones que representan, ni del poder presidencial y por supuesto menos de la ciudadanía que tiene tanto derecho a saber como a vivir. Ambos, el funcionario y el diputado, se mueven en la lógica de una verdad histórica y es que el que maneja información tiene poder.
Y en esta lucha de poderes ellos dos no son una excepción, sino la regla de nuestra cultura antidemocrática. En contraposición, un imperativo de la democracia es cambiar el concepto de propiedad sobre la información pública. Necesitamos crear conciencia de ella como un derecho humano y además una exigencia constitucional la cual requiere que el Estado tome medidas concretas para su real vigencia a través de una Ley.
Es ésta la otra cara de la lucha por la información pública respaldada hoy por un grupo de organizaciones cívicas, medios de comunicación, entidades académicas, la Presidencia de la República y un influyente grupo de diputados. Nos une la convicción de que la información no puede seguir siendo manejada como una concesión de los que ejercen el poder.
Y con este objetivo suponemos que los legisladores dieron un paso adelante y presentaron un proyecto de Ley. Lo importante ahora es que la voluntad cívica y política alcanzada sirva para lograr una Ley que construya democracia. Se corre el peligro que sobre ella prevalezcan conceptos de poder antidemocráticos y termine siendo limitativa del derecho a la información estrechamente ligado al de la libertad de expresión y la participación ciudadana.
Una mala ley sin procedimientos claros y poco funcional no serviría ni siquiera de bandera política a quienes se les ocurra aprobarla sin lograr la apropiación del público, sin consultarla con sectores interesados y sin adecuarla a estándares internacionales en esta materia.
De acuerdo a un estudio del Centro Carter en la última década son numerosos los países que aprobaron una Ley de Acceso a la Información. Muchos lo hicieron sin un compromiso público y sin una campana para el reconocimiento de este derecho. Su implementación ha sido débil y nadie hace uso de ella.
Sin embargo, en países que se ha promovido el principio que ampara dicha ley y se han realizado consultas públicas sobre su contenido, dichas leyes han estimulado una administración gubernamental de mejor calidad, una mayor confianza entre gobernados y gobernantes y credibilidad en las bondades de la democracia.
En Nicaragua, hoy hay voluntad política al más alto nivel tanto en el Ejecutivo como en la Asamblea Nacional de lograr una Ley que facilite al Gobierno una rendición de cuentas y un ordenamiento interno de las instituciones públicas, que sirva para solicitar documentos en manos del sector público y empresas que manejan servicios públicos.
Es una gran oportunidad para institucionalizar la transparencia pública y para que los ciudadanos, al igual que el funcionario y el diputado, tengan mecanismos para la otra lucha por la información pública, la de la ciudadanía informada como precondición de una verdadera nueva era democrática.
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