Juan José Lacayo
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El anteproyecto de la Ley de Carrera Judicial, cuya aprobación ha sido postergada en la Asamblea Nacional para dar prioridad a las denominadas leyes de la HIPC, encubre solapadamente en un dictamen de mayoría, la intencionalidad política de preservar el control sandinista en el Poder Judicial, mientras por otro lado, existe un dictamen de minoría que traslada ese control al arnoldista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), según coincidieron líderes políticos, analistas y juristas nicaragüenses consultados sobre el tema.

En medio de una verdadera tormenta política en el seno de la Asamblea Nacional por la urgencia de aprobar las leyes necesarias para que Nicaragua ingrese a la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés), la Ley de Carrera Judicial pasó a un segundo plano de prioridad, pese a ser una legislación reclamada por diversos sectores para despolitizar y despartidizar al Poder Judicial.

Considerada un factor fundamental para brindar seguridad jurídica a la población y a la inversión extranjera, esta legislación constituye también un viejo reclamo de los organismos cooperantes, donantes y organismos internacionales para erradicar el evidente control que ejerce el Frente Sandinista en las estructuras judiciales penales y la despolitización de la Corte Suprema de Justicia, cuyo control comparten el FSLN con el arnoldista PLC.

A juicio de algunos analistas, la decisión de ambos partidos mayoritarios de poner en la agenda parlamentaria la Ley de Carrera Judicial, con dos dictámenes (uno de mayoría y otro de mayoría) parte más de la urgencia de contar con otro mecanismo de presión a sus adversarios, que del interés jurídico de dotar a la nación de una legislación que contribuya a la seguridad jurídica del país.

El juicio al ex presidente Arnoldo Alemán y su inminente sentencia por cargos de corrupción, la disputa entre el gobierno de Enrique Bolaños con sus adversarios sandinistas y liberales, y otros factores, incidieron en ese inusitado interés de las fuerzas políticas de discutir y aprobar aceleradamente esa legislación, señalan los entrevistados.

Los liberales en un afán de lograr la excarcelación de su líder, presionaron y chantajearon en el Parlamento –incluso se retiraron de una sesión-, para que esa ley fuera incluida dentro del paquete de discusión que incluía las leyes HIPC, para que fuera aprobada con celeridad.

Por otro lado, la repentina decisión de la juez Juana Méndez de ordenar un arresto domiciliar para Alemán, generó la reacción casi inmediata de Estados Unidos, que retiró un importante paquete de cooperación a la Corte Suprema de Justicia y de países cooperantes, los cuales urgieron la aprobación de una legislación para despartidizar al Poder Judicial nicaragüense.

Casi simultáneamente, el súbito acuerdo político entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, y el distanciamiento de ambas fuerzas políticas del gobierno de Enrique Bolaños, con el cual habían mantenido por separado, intensas conversaciones, provocó más dudas y preocupación en el ámbito internacional, más aún, luego de las amenazas de Ortega de un eventual enjuiciamiento al gobernante, por presuntos delitos electorales.

Igualmente un nuevo acuerdo entre liberales y sandinistas para unir las elecciones, agregó más incertidumbre a la vista de los países cooperantes sobre el destino incierto de la estabilidad política del país, dijeron analistas consultados al respecto.

Contradictoriamente, pese a todo este desbarajuste político, casi incomprensible para la ciudadanía, es posible que los dos dictámenes de mayoría y de minoría vuelvan a comisión y sean consensuados.

DOS PROYECTOS

Un proyecto de Ley de Carrera Judicial fue presentado el pasado 3 de febrero por la Corte Suprema de Justicia y una vez trasladado a la Comisión de Justicia, se iniciaron consultas con jueces, magistrados, asociaciones de abogados y catedráticos universitarios.

Otro anteproyecto fue presentado por los diputados Edwin Castro y Wálmaro Gutiérrez, el que también fue remitido a la Comisión para su debido estudio.

En base a esos dos proyectos, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, integrada por los diputados Orlando Tardencilla, Wálmaro Gutiérrez, Delia Arellano, Edwin Castro, Nathán Sevilla, Mirna Rosales, Noel Pereira Majano, Luis Benavides y Noe Campos, se elaboró un dictamen de mayoría, de 107 artículos. Esa comisión realizó al proyecto original cambios de forma y de fondo, e incluyó temas nuevos en la legislación.

Entre otros aspectos el proyecto de mayoría crea un tribunal examinador integrado por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de tribunales de Apelaciones, jueces y catedráticos universitarios, con carácter autónomo; crea un registro de elegibles; amplía el concepto de ascensos; crea un tribunal disciplinario; crea un Fondo de Beneficios, un Instituto de Capacitación y Documentación Judicial y fija un régimen de capacitación.

Ese proyecto también establece el derecho de oposición ciudadana a cualquiera de los aspirantes a ingresar a la Carrera Judicial y elimina del proyecto original un fuero especial para juzgar a los jueces y magistrados cuando se les acuse de delitos propios de funcionarios públicos.

Al proyecto original se le incorporó el artículo 98 para que jueces y magistrados “entren a un proceso de evaluación especial y así convaliden sus cargos en la Carrera Judicial”. “Se trata de garantizar la calificación para el cargo y cumplir con los principios de mérito y calidad que establece la Ley”, explica el dictamen de mayoría.

A juicio de algunos expertos este último artículo deja una puerta abierta a la permanencia de los actuales magistrados, jueces y otros funcionarios, designados directamente por sus partidos para esos cargos, a través de la influencia que ejercen el PLC y el FSLN en las altas esferas judiciales.

DICTAMEN DE MINORÍA EL MÁS POLÉMICO

Por su parte, los diputados liberales Delia Arellano, Noel Pereira, Luis Benavides y Noe Campos, a pesar de haber suscrito el otro documento, elaboraron un polémico dictamen de minoría, para promulgar una ley de 81 artículos que, según algunos juristas, aunque aparentemente pretende sacar de las estructuras judiciales a los jueces y magistrados sandinistas, casi con nombres y apellidos, abre también las puertas a una eventual repartición de cargos en las nuevas estructuras creadas en la Ley de Carrera Judicial.

Ese dictamen de minoría propone, entre otras cosas en su artículo 3, la creación de un Consejo Nacional de la Carrera Judicial, autónomo, integrando a dos magistrados de la CSJ, (los dos de mayor edad que coincidentemente son liberales) decanos de las facultades de derecho, un notable y por profesionales del derecho elegidos en la Asamblea Nacional.

Ese Consejo, claramente dominado por los liberales, determinaría, no solamente si los aspirantes cumplan los requisitos académicos establecidos en la ley, sino también “criterios morales y profesionales”, que no se precisa de que tipo, pero que estarían siendo definidos por este Consejo.

“Como elemento primordial para asegurar el ingreso a la carrera judicial en situación de igualdad con los otros aspirantes, proponemos que aún los funcionarios que en la actualidad ejercen cargos, se sometan a los concursos y pruebas de oposición para aspirar a un puesto vacante de igual jerarquía o a uno de rango superior”, advierte el dictamen.

Un jurista señaló, sin embargo, que uno de los puntos más preocupantes es que el dictamen de minoría establece que la ley entrara en vigencia casi automáticamente después de que la Ley sea aprobada por la Asamblea Nacional.

Esta medida prácticamente paralizaría al Poder Judicial, ya que inmediatamente se tendría que conformar el denominado Consejo Nacional que tendría que someter a oposición de parte de la ciudadanía a todos los magistrados, jueces y funcionarios judiciales en ejercicio de cargos y a establecer todo el andamiaje necesario para materializar la Ley.

Un diputado señaló que ese proceso podría prolongarse durante unos seis meses aproximadamente y, en tanto, las actividades judiciales se paralizarían, lo que traería consecuencia la libertad de reos procesados y en período de sentencia, por vencimiento de términos o de los plazos establecidos por las leyes.

“Si el dictamen de minoría fuera aprobado aceleradamente en este mismo mes de diciembre, eso podría beneficiar incluso al ex mandatario y ahora reo Arnoldo Alemán, así como a homicidas, violadores y otros delincuentes cuyos juicios se encuentran en la etapa final”, advirtió el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, diputado Azul y Blanco, Orlando Tardencilla.

Pero lo más grave sería la paralización de las diligencias judiciales a todos los niveles por los efectos de la implementación de la nueva Ley.

“Sería un órgano que decidiría qué y cómo se va a preguntar, que valor tienen las preguntas y respuestas, quiénes harán las preguntas, en fin, quién entra o quién sale de las actuales estructuras judiciales”, afirma.

Tardencilla admite que es urgente promulgar una Ley de Carrera Judicial, pero sin elementos de inconstitucionalidad y resolver las dudas que puedan generar los dos dictámenes para el fortalecimiento del sistema judicial y no para su desarticulación.

En tanto, uno de los artífices del dictamen de minoría, el diputado liberal Noel Pereira Majano, estima que la ley es urgente porque “se necesitan jueces imparciales y vendría a salvar el derecho de la ciudadanía para contar con una justicia transparente, equilibrada y no partidista”.

Pereira negó que el dictamen liberal pretenda expulsar o bloquear el ingreso de sus adversarios sandinistas indiscriminadamente y advirtió que para resolver definitivamente el problema de la propiedad se requiere de jueces imparciales.

El legislador añade que la creación del Consejo Nacional abriría las puertas de los cargos judiciales a abogados que tienen vocación para judicaturas y magistraturas, a las cuales actualmente solamente acceden los profesionales ligados a los partidos políticos.

EL ARTÍCULO DE LA DISCORDIA

El artículo más controvertido del dictamen de minoría es el 19, que habla sobre los “impedimentos” para “acceder” y “permanecer en la Carrera Judicial. Ese artículo en su inciso 4 y 5. El artículo 4 señala claramente que no podrán acceder ni permanecer en las estructuras judiciales “quienes pertenezcan o hayan pertenecido a órganos de represión, en cualquier período de gobierno, o que haya sido comprobada su participación en la violación a los derechos humanos ante organismos nacionales e internacionales o ante la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos”, en referencia a los jueces y funcionarios judiciales que pertenecieron a instituciones militares o de inteligencia, cuestionadas por actos de represión.

El artículo establece también esas restricciones para quienes “se hayan beneficiado con bienes por los que el Estado de Nicaragua haya tenido que resarcir daños a terceros, ya sea mediante indemnización o permuta”, en clara alusión a los “piñateros” sandinistas.

CONSEJO TODOPODEROSO

El denominado Consejo Nacional, propuesto por el dictamen de minoría, se arrogaría múltiples funciones como determinar el contenido de las pruebas de oposición, determinar la temática de los cursos de capacitación, calificar los méritos de los aspirantes y de los que pretendan mantenerse en sus cargos, y hasta nombrar a los miembros del tribunal examinador.

Ley de Carrera Judicial: Ese oscuro objeto del poder