Avales y subsidios estatales
José Luis Medal
jlmedal@ibw.com.ni
Los propietarios de buses están presionando por obtener el aval o garantía del Estado para adquirir nuevas unidades. Paralelamente los productores de leche están promoviendo un proyecto de ley que otorgue incentivos fiscales especiales a ese gremio. Ambas iniciativas son contraproducentes. Las políticas económicas deben ser generales, uniformes y parejas para todos los sectores. De lo contrario se profundiza la búsqueda de rentas o de tratamientos especiales de parte del Estado hacia ciertos sectores económicos, lo que no es adecuado.
El crecimiento de la deuda externa de Nicaragua en los años sesenta y setenta –la cual pasó de US$ 200 millones a US$ 1,600 millones, en ese período– se debió en parte a un grave error de política económica. En esos años el Estado actuó como garante o avalista de deudas de particulares, principalmente del sector industrial, el cual se consideró en esa época el cluter estratégico para alcanzar el crecimiento. Al actuar el Estado como garante o avalista, se terminaron socializando las pérdidas y privatizando las ganancias. Toda la población terminó asumiendo una deuda privada.
Ese error histórico, no debe repetirse. No deben el Estado ni la Alcaldía de Managua actuar como fiadores de obligaciones de particulares. Si el transporte público amerita de un subsidio económicamente justificable –lo cual habría que demostrar–, éste en todo caso debe ser explícito e incorporarse en el presupuesto público y no ser un subsidio disfrazado, a través de un aval. Si se otorga esa fianza a los propietarios de buses, el mismo derecho tendrían los industriales, comerciantes, arroceros, cafetaleros y demás productores –y hasta los mismos consumidores–, de que el Estado actúe como fiador en sus deudas privadas. La política económica debe ser simple y clara: el Estado no debe ser garante de obligaciones de particulares, ni antes ni después de que Nicaragua llegue al punto de culminación de la HIPC.
Otro error que debe evitarse, es el otorgar incentivos fiscales especiales. Se suponía que la Ley de Equidad Fiscal se fundamentaba en el principio de la generalidad y neutralidad de los tributos, es decir en el tratamiento parejo, uniforme, para todos. La única manera de bajar las tasas impositivas, es desmantelando las excepciones y tratamientos especiales. La referida ley, en realidad no logró ese objetivo. Subsistieron numerosas excepciones y subsidios fiscales disfrazados –recordamos que una exención, técnicamente equivale a un gasto fiscal, es un subsidio–. Ocurrió lo que siempre ha señalado Vito Tanzi: “Una vez que se hacen excepciones, surge una lista que empieza con lo obvio y conforme pasa el tiempo se generaliza el impuesto para nadie”. Cuando se aprobó la Ley de Equidad Fiscal, lo obvio –o más bien la influencia de los grupos de presión–, llevó a exonerar al turismo, al transporte público, a los insumos agropecuarios y a otros sectores. Ahora se pasa a lo menos obvio. El gremio lechero plantea la necesidad de que se le exonere del IVA, la importación de bienes de capital y del Impuesto sobre la Renta. Comienza a retroceder en vez de avanzar la reforma tributaria y a fragmentarse más el sistema impositivo, ante la influencia de los grupos de presión. Si los productores de leche ameritan de un subsidio –lo cual no creemos– éste en todo caso debería ser explícito e incorporarse en el presupuesto. También, no sólo los lecheros, sino también los arroceros, los cafetaleros, y todos los productores, tendrían igual derecho de requerir subsidios del Estado, lo que llevaría a una situación fiscal insostenible.
Otro caso de subsidios disfrazados, está en la política arancelaria. Por ejemplo: el azúcar tiene un arancel del 55 por ciento y la carne de pollo, del 170 por ciento. Muchos consumidores de esos rubros, no están claros de que el arancel o impuesto a las importaciones de esos bienes, al elevar sus precios, lo que establece es un subsidio disfrazado, de los consumidores –no del Estado– a los productores. Lamentablemente, en las negociaciones del Cafta, en “el cuarto de al lado”, no están debidamente representados los intereses de los consumidores. Sería deseable que hubiera más transparencia en los subsidios transitorios que al menos por varios años subsistirán en el Cafta. Los consumidores tienen el derecho a conocer, en cuánto estarán subsidiando a los productores, a través de los mayores precios que producen los aranceles proteccionistas.
Las políticas económicas deben en lo posible ser generales y transparentes. No deben basarse en tratamientos especiales, a los denominados por la literatura económica “buscadores de rentas”. La lógica y los principios económicos deben prevalecer, y no el dicho muy nicaragüense, de que “el que tiene más galillo, traga más pinol”.
El autor es economista.
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