Camino Cristiano: “Nosotros también”
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Diputado Guillermo Osorno.
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Consuelo Sandoval
consuelo.sandoval@laprensa.com.ni
El diputado Guillermo Osorno anunció que la bancada de Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), respaldará incondicionalmente la aprobación de la Ley de Deuda Pública y negó que se hayan plegado al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) al romper el quórum en el Parlamento para boicotear la continuación de la discusión de esa legislación.
Dijo que abandonaron el hemiciclo porque se rompió un acuerdo de tres bancadas para iniciar la sesión con la discusión de la Ley de Carrera Judicial y garantizó que aunque los liberales se retiren de la sesión del próximo martes, sus diputados se quedarán apoyando la aprobación de la Ley de Deuda Pública que constituye uno de los requisitos indispensables para que Nicaragua logre la condonación del ochenta por ciento de la deuda externa.
No obstante, Osorno insistió en la necesidad de que el Parlamento también apruebe la Ley de Carrera Judicial, proyecto que el pasado jueves se convirtió en la manzana de la discordia para que liberales y sus aliados de CCN, abandonaran el plenario en protesta porque la directiva mantuvo su decisión de continuar la discusión de la Ley de Deuda Pública.
PIDE RESPETO A ORTEGA
Rechazó que CCN haya pretendido chantajear al gobierno y condicionar el apoyo a la Ley de Deuda Pública con la aprobación de la legislación judicial a cambio de favorecer condiciones políticas y legales a favor del ex presidente Arnoldo Alemán, según denunció el secretario general del Frente Sandinista, Daniel Ortega, a quien le exigió respeto por señalarlos como apéndice del PLC.
“Le quiero aclarar al señor Ortega que la Ley de Carrera Judicial quien más la ha impulsado soy yo, porque me ha preocupado de que él se vaya a sentar con don Arnoldo Alemán y vayan a hacer otro pacto más como lo han hecho con todos los poderes del Estado que vayan a repartirse un juez vos y un juez yo”, alegó.
Dijo que es falso que la aprobación de le legislación judicial tenga el nombre de la jueza Juana Méndez, argumentando que esa ley entraría en vigor después de seis meses de aprobada.
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