El corazón del gran poder político que tiene el Frente Sandinista —desproporcionado en relación con su cuota de representación en el electorado nacional— está en el Poder Judicial; esto asumiendo que es cierto que el Ejército ya es de Nicaragua, y que por lo tanto no obedece más a la ideología ni a las orientaciones de ese partido.

En realidad, la mayor parte de los jueces y magistrados de los tribunales de apelaciones, y la mitad de la Corte Suprema, son de filiación u orientación sandinista; aparte de que, para completar la gran desgracia institucional del país, casi toda la otra parte también es partidista: del Partido Liberal.

Y por cierto que es por una “gracia” del Partido Liberal que el FSLN tiene ahora un poder político desmesurado —sobre todo en la institución judicial—, pues mediante el pacto libero-sandinista de 1999 y la reforma constitucional del 2000, el PLC le aumentó al FSLN la participación en los poderes Judicial y Electoral, en la Contraloría, Fiscalía y otras instancias del poder estatal, a cambio de beneficios personales para su caudillo, que ahora está en la cárcel afrontando graves cargos de corrupción.

Por eso no es creíble la súbita integridad jurídica que ahora está invocando el PLC para supuestamente querer quebrantar el control sandinista sobre la administración de justicia, mediante un artículo en la Ley de Carrera Judicial que prohibiría a quienes pertenecieron a cuerpos represivos y se beneficiaron con bienes por los “que el Estado de Nicaragua haya tenido que resarcir daños a terceros” —es decir, piñateros—, ser nombrados como jueces y magistrados ni permanecer en esos cargos si es que ya los ocupan. Es obvio que lo que pretenden los liberales arnoldistas es chantajear a los sandinistas y al Gobierno, para facilitar la excarcelación de Alemán a cambio de aprobar las leyes críticas que están pendientes en lo poco que queda de la legislatura 2003.

Por otro lado, lo que preocupa realmente a Daniel Ortega no es que los liberales quieran quitar a la juez sandinista Juana Méndez, para poner en su lugar a un arnoldista que excarcele a Alemán. Lo que no quiere Ortega es perder o que se le disminuya el control que tiene el FSLN sobre el Poder Judicial; y así lo demostró el viernes en la noche cuando corrió a negociar con los representantes del ex presidente Alemán, inclusive la propia hija de éste.

Ahora bien, independientemente de que esa disposición que proponen los diputados del PLC pudiera ser inconstitucional en lo que se refiere a los jueces que pertenecieron a los TPA y otros órganos de represión sandinista —pues ninguna ley, salvo en la material penal a favor del reo, puede tener efecto retroactivo—, lo cierto es que en términos generales es correcto el planteamiento de que no deberían administrar justicia quienes participaron en los organismos represivos, los que violaron los derechos humanos en forma individual o colectiva y quienes tienen una militancia partidista o sustentan una ideología política totalitaria, y por lo tanto enemiga de la libertad y de la dignidad de los seres humanos.

Pero no sólo quienes fueron esbirros abiertos o encubiertos de los sistemas represivos —somocista y sandinista— deberían estar excluidos de la administración de justicia y de otras funciones públicas que requieren intachables credenciales políticas y éticas. También deberían ser excluidas las personas que obedecen a orientaciones partidistas e ideologías políticas, porque se parcializan en sus fallos a favor del grupo y del cacique que lo hizo nombrar, pues han sido designados precisamente para que retribuyan el favor de su nombramiento con servicios políticos, e inclusive personales y familiares.

Ya en otra ocasión evocamos en esta columna editorial la severa advertencia del gran tratadista jurídico uruguayo, Eduardo Couture, acerca de que: “de la dignidad del juez depende de la dignidad del derecho. El derecho valdrá, en un país y en un momento histórico determinado, lo que valgan los jueces como hombres”.

Es absolutamente cierto e incuestionable lo sentenciado por Cotoure, puesto que si un juez o magistrado no es verdaderamente independiente, el derecho no existe y la administración de justicia no cumple su función.

El corazón del poder