Nada personal
Pruebas de la decisión
Douglas Carcache
douglas.carcache@laprensa.com.ni
La propuesta de Ley de Acceso a la Información Pública ha hecho trastabillar a funcionarios del Estado nicaragüense que, tratando de salvar secretos, argumentan que sólo una parte de la información que ellos manejan puede ser pública.
El ministro de Gobernación, Eduardo Urcuyo, dijo que las actas o ayudas memoria de las reuniones de Gabinete, de ninguna manera son información pública. En cambio, considera publicables datos financieros de las instituciones y los salarios que devengan los funcionarios más altos.
La discusión transcurrió el jueves en un seminario sobre libertad de prensa, auspiciado en Managua por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); donde el periodista de LA PRENSA, Ary Neil Pantoja le mostró a Urcuyo la importancia pública de esos acuerdos de Gabinete.
Cuando el gobierno de México pidió la extradición de Oscar Espinosa Villareal, las autoridades nicaragüenses atrasaron la decisión por mucho tiempo y ni la Cancillería ni la Corte Suprema de Justicia (CSJ) querían asumir la responsabilidad.
Pantoja consiguió entonces unos memorandos internos del secretario de la Sala Penal de la Corte, enviados a los magistrados que integraban esa sala, en que les pedían agilizar los trámites y completar los requisitos.
Al publicar LA PRENSA esos memorandos internos, los magistrados se mostraron molestos y casi sancionan a funcionarios del área de Relaciones Públicas de la Corte, porque creían que ellos los habían filtrado.
Este caso confirma el valor que pueden adquirir los documentos internos de la instituciones estatales, como memorandos, actas de reuniones y otros que constituyen pruebas de las decisiones que toman funcionarios de alto rango.
Cuando los funcionarios públicos hablan ante periodistas o ciudadanos en alguna conferencia o reunión pública, sólo revelan lo que estiman conveniente y ocultan información que puede afectar su imagen o poner en duda su desempeño laboral.
O sea que algunas verdades de lo que sucede en los ministerios o en Casa Presidencial, sólo pueden ser comprobadas por los documentos internos en que fueron plasmados los acuerdos u órdenes que luego podrían interesar a los ciudadanos que resultaron afectados. Entonces sí adquiere carácter público esa información.
El proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, recién presentado a la Asamblea Nacional, sería de utilidad para todos los ciudadanos, no sólo para los periodistas, porque a los ciudadanos les interesa la información oculta del Estado, ya sea para defenderse o para tomar decisiones más acertadas cuando quieren hacer una inversión económica.
Sin embargo, somos los periodistas los que presionamos por esa ley, porque la población recurre a los medios de comunicación para denunciar las anomalías que solemos investigar.
Si los funcionarios gubernamentales actúan con transparencia, sin ocultar acciones o “amarres” que hayan perjudicado a ciudadanos, ¿por qué habrían de temer a una ley de acceso a la información? Como dijo ese día Sergio Muñoz, del periódico Los Ángeles Times, los funcionarios “deben aceptar ser sometidos a escrutinio, desde el momento que aceptan ser funcionarios públicos”.
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