Reportaje especial
El otro infierno: La maraña de intereses en el caso Nemagón
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Tras la desgracia de millares de campesinos que una vez dejaron la vida en las plantaciones de banano, existe la posibilidad de una fortuna fantástica; agazapados tras esa posibilidad real están abogados sin escrúpulos, políticos matreros y rufianes que quieren pasar por víctimas para atrapar una tajada de ese codiciado pastel que se cocina lentamente en juicios nacionales e internacionales: la indemnización de 17 mil millones de dólares |
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José Adán Silva
joseadan.silva@laprensa.com.ni
CUARTA Y ÚLTIMA ENTREGA
Chinandega, 30 de septiembre de 2002. Bajo los rayos de un potente sol de domingo, un pequeño ataúd de cartón, cubierto de plástico negro y hojas de plantas de banano, recorrió las calles de Chinandega en hombros de miles que exclamaban, entre gritos de rabia y lágrimas de coraje, un juicio justo y libre de trampas.
A paso lento la multitud y el ataúd llegaron al auditorio de un ruinoso instituto de secundaria del municipio, donde un hombre ahí conocido arengó duro contra el Gobierno del presidente Enrique Bolaños, al cual se le acusaba de querer entorpecer las demandas de los ex obreros de las plantaciones bananeras, obedeciendo presiones del Gobierno de Estados Unidos.
“Las transnacionales nunca advirtieron que este producto era altamente tóxico y peligroso, nunca dieron protección para los trabajadores, siempre se escondió la verdad, siempre se nos dijo que todo era en aras de multiplicar empleo, pero nunca se nos dijo que era en aras de multiplicar las muertes. Ahora viene este Gobierno a pedir que se derogue la Ley 364 para congraciarse con las transnacionales gringas, eso no lo vamos a permitir”.
Las palabras gritadas desde la tarima principal del auditorio, eran de Victorino Espinales Reyes, un controversial dirigente sindical de un sector de ex obreros afectados por sustancias químicas, aplicadas en las plantaciones del banano.
GUERRILLERO y POLÍTICO
En 1971, Victorino Espinales Reyes tenía 20 años. Era miembro del grupo guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional, cuya dirigencia lo designó para hacer trabajo político clandestino en las fincas bananeras María Elsa, Elisa y Alfonso Angelina.
Siendo secretario del sindicato de las bananeras, durante el día chapodaba, cargaba, cortaba bananos y regaba los plantíos y por las noches tomaba acciones militares insurgentes y daba charlas políticas a los peones. Así llegó a dominar todo el trajín de las bananeras, incluyendo el método de aplicación de plaguicidas.
En 1985, con la revolución sandinista en plena guerra, Espinales alcanzó una diputación nacional y la Presidencia de la Comisión del Medio Ambiente en el Parlamento. Sindicalistas costarricenses y colombianos le informaron que el pesticida que se había aplicado en el área en los setenta, conocido entonces como Nemagón, estaba causando muertes en esos países.
Sobre esa base, asegura Espinales, quiso movilizar a su partido para ver cómo ayudaban a los afectados por el Nemagón, pero “sólo encontré oportunismo y respaldo para los frentes de guerra”.
Espinales es un hombre de estatura media y complexión fuerte a quien la Embajada americana le ha negado la visa; sus rasgos son los de hombre de campo y su manera de hablar recuerda a los campesinos que han logrado aprender algo de leyes. Es verborreico e imprudente al hablar; agresivo y de fácil carcajada, ataca con dureza a sus adversarios.
PRESO O MUERTO
De él se han dicho muchas cosas: que recibe dinero de los abogados para beneficio personal, que manipula a los campesinos para presionar a los bufetes que no le cumplen las promesas a él, que busca una diputación sandinista, que ha recibido dinero de las compañías transnacionales para boicotear el caso e incluso que no es afectado por el Nemagón.
Asegurando ser estéril y con problemas del sistema nervioso, Espinales se defiende y dice que pocos como él han hecho tantos esfuerzos por llevarle justicia a los miles de afectados.
La mañana del 25 de febrero de este año, unos 70 ex obreros de las bananeras que participan en la demanda, lo denunciaron ante el Ministerio Público por el delito de uso indebido de nombres y falsificación de firmas.
Según la denuncia, él en un tiempo líder general de los bananeros usó sin autorización los nombres de varios trabajadores para crear poderes especiales donde los afectados cedían derechos ilimitados y cuotas de su indemnización a la organización que Espinales preside.
Para entonces, ya el gremio de demandantes estaba dividido en varias facciones, agrupadas alrededor de cuatro bufetes que se han involucrado en el caso.
Espinales alega inocencia y atribuye la denuncia a una maniobra del bufete Ojeda, Gutiérrez, Espinoza y Asociados, con quien se enemistó “por cuestión de criterios”.
Este bufete es administrado por Walter Gutiérrez, un tipo agresivo que habla más “spanglish” que español y para quien Espinales “es más dañino que el Nemagón”.
GOLPE A LAS ESPERANZAS
El 20 de octubre de este año, en la Corte Central del Distrito de Los Ángeles, California, se dictó una sentencia que golpeó fuerte las esperanzas de las víctimas de las sustancias químicas en Chinandega.
La juez Nora M. Manella, a quien los abogados norteamericanos defensores de los nicaragüenses la consideran simpatizante del ala Republicana de Estados Unidos, y por consiguiente defensora del “big bussines”, dictó una sentencia sobre el proceso de ejecución del pago de 489 millones de dólares a afectados de las sustancias químicas: no hay pago y ciérrese el caso.
Además de ordenar el cierre del caso, la juez estableció en su escrito una pequeña observación que dejó abierta la posibilidad de una investigación criminal: presunción de fraude.
Molesto, Gutiérrez reconoce que efectivamente hubo un error, pero insiste en que el caso no está perdido y que pronto lo ganarán y el dinero vendrá a casa. Dice que los errores han sido enmendados, que las acciones judiciales se mantienen con más fuerzas que nunca y pronto estarán de nuevo en Estados Unidos con más sentencias para ejecutar.
UNA LEJANA PROCESIÓN
La marcha en Chinandega ha terminado. El ataúd de plástico negro, hojas de plantas de banano y cartón, que por unos momentos simbolizó la tragedia de los ex peones del banano, está tirado en la calle, aplastado.
Ahora los dirigentes han tomado una decisión: marchar a Managua a protestar contra la Presidencia de la República y la Embajada de Estados Unidos.
Decisión cumplida: el 20 de noviembre del 2002, tras cinco días de marchas, unos tres mil ex peones de las bananeras recorrieron desde Chinandega, 140 kilómetros hasta Managua, para protestar frente a la Embajada, Casa Presidencial, Corte Suprema de Justicia y Procuraduría.
¿La causa de la protesta? Diez días antes que empezaran a caminar se conoció que la Procuraduría elaboró un dictamen donde declaró inconstitucional la Ley 364, “Ley Especial para la Tramitación de Juicios Promovidos por las personas afectadas por el uso de pesticidas fabricados a base de DBCP”.
Esta ley que fue aprobada en noviembre del 2000, con apoyo del ex presidente Arnoldo Alemán, obliga a las compañías americanas a depositar 100 mil dólares para entrar en el juicio, y establece indemnizaciones mínimas de 100 mil dólares para resarcir daños morales a quienes resultasen afectados por esterilidad.
La Procuraduría, a solicitud de la cancillería nicaragüense, pidió que la Ley 364 fuese derogada. El documento fue enviado por el procurador Francisco Fiallos a la Corte Suprema de Justicia, acompañado de una carta donde pidió que el análisis jurídico fuera enviado a los Juzgados civiles de todo el país donde se tramitaban las causas de los ex bananeros, y así los jueces tuvieran “mayor ilustración” en sus respectivas sentencias judiciales.
La solicitud fue respondida por Iván Escobar Fornos, entonces presidente de la Corte, quien con su firma y sello la envió en forma de circular a todos los Juzgados civiles del país.
INTERVENCIÓN DE ESTADOS UNIDOS
El descubrimiento de LA PRENSA armó un escándalo que llevó a la Cancillería a revelar que había presiones de Estados Unidos para abortar la ley.
Así, el canciller Norman Caldera reveló que el origen de tal dictamen y su pretendido objetivo de enviárselos a los jueces civiles que llevan las demandas, obedecía a una solicitud expresa del anterior embajador norteamericano, Oliver Garza, quien le pidió al Gobierno que analizara el caso “para no afectar el apoyo norteamericano a Nicaragua”.
También se reveló que el asunto era del conocimiento del entonces secretario de la Presidencia del presidente Enrique Bolaños, Julio Vega, quien sabía incluso de las visitas de abogados de las compañías a Casa Presidencial para pedir “colaboración”.
Al descubrirse el complot, todos negaron tener responsabilidad y se echaron la culpa unos a otros, hasta que aceptaron reunirse con los afectados, con quienes firmaron un acuerdo de atención médica y asistencia jurídica.
EN RÍO REVUELTO
El destape de las pretensiones del Gobierno generó repudio de los diputados de la Asamblea Nacional y organismos de Derechos Humanos, lo que sumado a las marchas de protestas de los afectados, llevó al Gobierno de Bolaños a retractarse y ofrecer públicamente apoyo jurídico a los demandantes.
Pero sus adversarios políticos no desaprovecharon la oportunidad y pidieron castigos para quienes querían abortar las demandas de los afectados.
El diputado Arnoldo Alemán, ahora en prisión acusado de delitos de lavado de dinero y fraude, aseguró entonces que su bancada promovería la interpelación del procurador Francisco Fiallos y su destitución.
La Fiscalía General de la República, días después, anunció la investigación a Fiallos y al presidente Bolaños por los delitos de tráfico de influencias, pero el anuncio, igual que la investigación por falsificación de firmas a Victorino Espinales, quedó en el aire.
SOBORNOS, MANIPULACIÓN Y MENTIRAS
Antes de la marcha, el periodista chinandegano Benjamín Chávez había denunciado en un programa radial, que algunos abogados pagaron a ex capitanes de riego y capataces de las plantaciones bananeras, para que firmaran documentos en los que hacían constar que reconocían como ex trabajadores a personas que nunca habían estado en una bananera.
Alguien más denunció una cosa parecida. El tecnólogo médico Bayardo José Barrios firmó un testimonio ante el abogado Fernando Medina, defensor de la Dole en Nicaragua, ante quien denunció que había recibido ofertas de pagos y presiones de abogados defensores de los bananeros, para emitir dictámenes médicos donde se les atribuía enfermedades inexistentes a algunas personas que estaban sanas y que aparentemente nunca habían laborado en una bananera.
La semana pasada Berríos cambió su versión, y en una denuncia ante el Ministerio Público, aseguró que firmó esa carta por presiones y chantajes de abogados de las transnacionales, quienes según él, se identificaron como agentes de la CIA y FBI.
De acuerdo con la última versión de Berríos, abogados y personal de compañías norteamericanas le ofrecieron miles de dólares para firmar esa carta donde incriminaba a los bananeros, pero debido al incumplimiento, y a supuestas amenazas contra él y su familia, rechazó el trato y huyó de un hotel de Dallas, Estados Unidos, donde había sido llevado con gastos pagados por abogados de las compañías, supuestamente para que testificara en una Corte de Los Ángeles, California, contra los bananeros.
PIES DESCALZOS
Al concluir la marcha a Managua, y mientras sus dirigentes negociaban con el Gobierno en un salón con aire acondicionado de Casa Presidencial, en las afueras miles buscaban cómo guarecerse de un sol de pesadilla y mitigaban su sed con bolsas de agua que compraban a vendedores ambulantes.
Muchos estaban descalzos, con los pies inflamados, cansados y hambrientos tras varios días de caminata, pero aún así, esperaron ahí hasta ya entrada la noche, cuando sus dirigentes les anunciaron que todo estaba arreglado con el Gobierno y que pronto regresarían a casa.
Unos buses amarillos llegaron y todos ellos, en silencio, se montaron para regresar a sus casas a esperar buenas noticias. La espera continúa.
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