CGR cuestiona uso discrecional del 6%
Jorge Loáisiga Mayorga
jorge.loaisiga@laprensa.com.ni
Los contralores colegiados sugirieron a los jefes de bancadas de la Asamblea Nacional, crear un marco jurídico para controlar el seis por ciento del Presupuesto de la República que se le asigna a las universidades, debido a que la entidad fiscalizadora tiene dificultades para controlar el uso de esa partida.
En una carta firmada por los cinco contralores, que harán llegar la próxima semana a los diputados, señalan que “el Consejo Nacional de Universidades (CNU), según la ley, tiene facultades para proponer la distribución de los recursos que recibe de parte del Estado, pero la ley no establece los criterios para hacer las asignaciones de esos recursos, ni le da facultades al CNU para aprobarlas”.
En la actualidad el CNU distribuye con porcentajes diferentes el seis por ciento entre las universidades estatales y algunas privadas.
El presidente del CNU, Telémaco Talavera, declinó brindar declaraciones a LA PRENSA sobre el caso, aduciendo que desconocía la comunicación que remitirán los contralores a los diputados.
Además, los contralores precisan en su carta que “existe evidencia de que el Consejo Nacional de Universidades se deja una parte del seis por ciento para sus propios gastos. ¿Quién determina ese monto?”, se preguntan los contralores.
“No está claramente determinado, por qué universidades privadas reciben un aporte de ese seis por ciento ni qué cuota deben recibir”, agrega la misiva.
También cuestionan el hecho de que el CNU cobra por determinación propia, sin un reglamento o norma jurídica, aranceles por apertura de nuevas universidades y por apertura de nuevas carreras.
“Por otra parte, tenemos entendido que los distintos centros de educación superior que reciben dinero del seis por ciento presupuestado, cobran aranceles por servicios de postgrado, maestrías y otras actividades que no están contempladas. ¿Quién norma ese cobro de aranceles?”, afirman y se interrogan los contralores.
Finalmente los contralores le dicen a los diputados que “la Contraloría General de la República estima que sería conveniente, que todo este actuar en relación con el uso de los recursos del seis por ciento constitucional, tenga un marco jurídico apropiado y normado con el objeto de controlar los recursos, promover la transparencia y a efectos de tener parámetros claramente definidos para una fiscalización más efectiva”.
|
