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SáBADO 24 DE MAYO DEL 2003 / EDICION No. 23098 / ACTUALIZADA 02:30 am
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Contraloría estudia sanciones a Calderón

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Silvio Américo Calderón.

 

Consuelo Sandoval
consuelo.sandoval@laprensa.com.ni

La Contraloría General de la República podría determinar algún tipo de responsabilidad contra el magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE), Silvio Calderón, quien reconoció ante los auditores que utilizó un camión de la institución, y según dijo a este rotativo era para trasladar desechos de materiales de su residencia en construcción.

El contralor Guillermo Argüello Poessy informó ayer que el trabajo de campo de la auditoría concluyó, sin embargo, dijo que ampliaron el plazo a los auditores, quienes presentaron ayer sus credenciales, a fin de que realicen un examen para determinar si otros miembros de la dirección superior del CSE incurrieron en el uso indebido de bienes estatales.

“La auditoría consiste en revisar en el mismo período de la denuncia inicial, si otros funcionarios de la dirección superior también han hecho uso de vehículos, es una ampliación porque la primera parte de la auditoría está concluida, sin embargo, se consideró necesario ampliar un poco más el alcance para ver si existen otras salidas de vehículos. De acuerdo con los controles de salidas de vehículos que nos proporcionó el CSE, de algunos vehículos que dicen para uso y destino de dirección superio. En ese aspecto es que la CGR decidió ampliar la auditoría”, expresó el director de auditoría de la Contraloría, Juan Ramón Salgado.

Confirmó que conforme a la declaración de Calderón se determinó el hallazgo preliminar de la auditoría, de su reconocimiento a la utilización del vehículo de la institución, no obstante, aclaró que todavía no se le ha notificado de los resultados, por lo tanto, deberá responder a esa aparente inobservancia de la Ley de Integridad Moral de los Funcionarios Públicos.

El pasado 7 de marzo, en declaraciones a LA PRENSA, Calderón reconoció que cometió un error al prestar el vehículo, no obstante, dijo que la petición no era ilegal porque el camión fue utilizado solamente durante una tarde, además, que había pagado con su dinero el combustible y el salario del conductor.

“Ésta es una costumbre que cuando nosotros necesitamos un camión de este tipo nos lo facilitan a través de transporte, con el compromiso de que nosotros pagamos el conductor y le echamos el combustible”, declaró Calderón en aquella oportunidad.

Salgado dijo que los auditores no pudieron detectar normativas o políticas escritas sobre el uso de los vehículos, es decir, quiénes autorizan, las razones y si pueden o no facilitárselos a los funcionarios.

Salgado afirmó que el nuevo plazo para ampliar la auditoría en el CSE, podría durar unas tres semanas, dependiendo de si los funcionarios electorales solicitan una extensión del período para responder a los posibles señalamientos.

Argüello recordó que el artículo 8 inciso f, de la Ley de Integridad Moral de los Funcionarios Públicos estipula que se prohíbe el uso del patrimonio del Estado para fines distintos de los establecidos por esa legislación.  
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