Reportaje especial
Asesinato de ex informante de la Policía en el misterio
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 | La Subdirectora General de la Policía Nacional, Ana Julia Guido, dijo que descartaron que el móvil del crimen contra José Lino Orozco haya sido el robo de su celular. Sin embargo,
Guido no quiso explicar si la Policía investiga si los sicarios del narcotráfico
colombiano asesinaron al ex miembro de la Seguridad del Estado |
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Elízabeth Romero
eizabeth.romero@laprensa.com.ni
Tras ocho días de perpetrado el crimen contra el empresario maderero y ex miembro de la extinta Seguridad del Estado, José Lino Orozco, un velo de misterio lo rodea sin que hasta ahora las autoridades cuenten con pistas concretas sobre el móvil del mismo.
Hasta ayer la Subdirectora de la Policía, comisionada Ana Julia Guido, confirmó que descartaron el robo del celular de la víctima, como inicialmente presumieron.
“Aquí se ha hablado sobre el litigio de propiedades, se ha hablado sobre tráfico de maderas, es decir, todas esas son versiones que la Policía está trabajando”, indicó Guido.
En los últimos días han surgido algunas versiones que relacionan a la víctima como supuesto informante de la Policía y con nexos a la narcoactividad.
Hasta ayer no hubo versión oficial, sobre la supuesta participación de Orozco en acciones de la Policía contra el narcotráfico en calidad de informante, como los ocurridos en trasiego de drogas sobre el Atlántico Norte. El quiebre más sonado que se menciona fue el de los más de mil kilos de droga camuflada en madera, en Chontales.
Pero la jefa policial dijo desconocerlo, aunque reconoció que Orozco “tenía amistades con algunos policías”, debido a que perteneció al extinto Ministerio del Interior.
DENUNCIA COBRA ACTUALIDAD
La muerte de Orozco sacó a luz la denuncia que hace tres años realizó el ex jefe de Policía, Róger Ramírez Torres, debido a que en la misma éste fue mencionado entre varios militares, al igual que el ex jefe de la Seguridad del Estado, Lenín Cerna, de estar relacionados con el cártel de Cali.
El mismo Ramírez mencionó que estos vínculos se remontan desde 1983, cuando estuvo refugiado en Nicaragua bajo la protección del régimen sandinista, el capo colombiano Pablo Escobar Gaviria junto a su hermano Roberto, a través de funcionarios –en ese entonces– como Herty Lewites.
En la denuncia Ramírez sostuvo ante la Sociedad Internacional Para los Derechos Humanos (SIP-DH), que esta información la manejaba la Drug Enforcement Administration (DEA) en Costa Rica, pero no era compartida con la oficina de la DEA en Nicaragua porque a través de la Policía Nacional los protegían.
En una sórdida historia, Ramírez Torres relató en ese momento la forma en que ex funcionarios del extinto Ministerio del Interior (MINT) estaban implicados trambién en el tráfico de armas.
En su denuncia menciona, cómo a finales de 1996, viajó a Colombia, junto a una ex comandante del MINT, a una reunión con un ciudadano colombiano a quien identificó con el seudonimo de “Guillermo”, miembro del estado mayor del Ejército de Liberacion Nacional (ELN), con quien planificaron el abastecimiento aéreo de fusiles AK 47, RPG-7 y municiones. Esto lo realizarían a traves de una pista aérea ubicada en el sector de Barrancabermejo, Colombia.
Posteriormente en un restaurante de Managua, finiquitaron todo lo relacionado con la operación y para realizar los vuelos de abastecimiento acordaron la compra de un avión AN-32 y reclutaron a dos ex pilotos de la Fuerza Aérea Sandinista. Aunque el ex funcionario policial reveló en ese momento ante al organismo de derechos humanos que se desligó de la operación por razones de enfermedad, refirió que en febrero de 1997 conoció que los fusiles AK-47 fueron entregados por altos funcionarios de la Policía que estaban enterados de esa operación.
Estas armas iban para la guerrilla colombiana y supuestamente justificaron el trueque con pistolas Astras españolas.
Además de esa operación, relató Ramírez Torres, hombres de confianza de ex militares sostenían además negocios con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), de Colombia a través de enlaces con el Ejército guatemalteco, entre los cuales mencionó a Alvaro Castañeda, detenido tras una denuncia en su contra. Esto le llevó a la pérdida supuestamente de medio millón de dólares, dinero que aparentemente quedó en manos de las personas con quienes mantenían vínculos, al igual que un lote de armas.
Posteriormente Castañeda y el colombiano Juan Francisco Durán, contactaron a Ramírez Torres desde Medellín, Colombia, para comprar armamento desde Nicaragua. Las armas serían destinadas a las milicias de Autodefensa de Colombia lideradas por Carlos Castaño.
Según Ramírez, fue a inicios de septiembre de 1997 que el guatemalteco Álvaro Castañeda, un colombiano que se identifica como Rafael Gómez Sanabria y un venezolano Oliver Román, ingresaron a Nicaragua a comprar el buzón de armas que le fue ocupado después por la Policía Nacional en Chiquilistagua y por lo cual fue conducido a la cárcel. Las pretenciones eran sacar las armas vía acuática hacia Panamá.
Según el ex funcionario policial, el colombiano y el venezolano traían como contacto al coronel retirado Lenín Cerna Juárez, con una razón muy específica de Roberto Escobar Gaviria, hermano de Pablo Escobar Gaviria, para que vendiera una cantidad determinada de AK y M-16 para las milicias de Autodefensa.
FALSO INVOLUCRAMIENTO
El alcalde de Managua, Herty Lewites, negó que haya tenido alguna participación en la protección del capo colombiano Pablo Escobar Gaviria, en caso que éste haya permanecido clandestino en Nicaragua, durante la década de los 80, bajo la protección del régimen sandinista como denunció el ex jefe de la Policía Nacional, Róger Ramírez Torres.
“A Pablo Escobar lo he visto en los periódicos, nunca supe si estuvo aquí ni nada, es un falso que las tiene que pagar”, indicó el edil.
Lewites sostuvo que el trasfondo de las declaraciones de Róger Ramírez Torres, tenían la intención de desprestigiarlo en un momento de campaña política por la municipalidad.
Anunció que sólo espera que el funcionario policial cumpla su condena y quede en libertad, para enjuiciarlo en los Juzgados capitalinos, porque se trata de declaraciones “que han perjudicado a mi familia”.
LENÍN CERNA GUARDA SILENCIO
El ex jefe de la extinta Seguridad del Estado, Lenín Cerna Juárez, a través del divulgador de la Secretaría del Frente Sandinista, Freddy García, prefirió no hacer ningún comentario sobre los señalamientos hechos hace tres años por el funcionario policial Róger Ramírez Torres, quien lo vinculaba con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Además, consideró que corresponde a las autoridades actuales realizar las investigaciones. 
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