La Corte, entre la partidización y la autonomía
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 | El problema de la Corte Suprema de Justicia no es tanto de cantidad, de cuántos magistrados la integran, a pesar de los costos que implica para el Presupuesto de la República el mantenimiento de 16 representantes del Poder Judicial. El problema real es la naturaleza política que decide su existencia, el “factor pacto” que enrarece la administración de justicia en el país, situación a la que no quieren renunciar quienes más se benefician de esto: el FSLN y el PLC |
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Momentos en que representantes del FSLN y el PLC firman el pacto en 1999. |
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Juan José Lacayo
juanjose.lacayo@laprensa.com.ni
Una solución “poco traumática” y probable a la discusión planteada sobre la reducción del número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), podría ser pasar de 16 a 12 miembros del máximo tribunal del país, opina Roberto Courtney, directivo del grupo cívico Ética y Transparencia.
“Aparte de las dificultades políticas que conlleva la reducción de magistrados de la CSJ, puesto que se requiere reformas constitucionales, también hay que considerar que ya hay un diseño de división de la Corte, por Salas, que requiere cierto número mínimo de magistrados”, explica Courtney.
“Dentro del presente esquema es muy probable que fuera poco traumático una reducción de 16 a 12 magistrados; pero pasar a siete, sin revisar el diseño operativo, la estructura, la ingeniería institucional, probablemente no funcionaría”, comenta.
“Si hablamos de siete magistrados para ocupar cuatro salas probablemente estaríamos hablando de una insuficiente cantidad de magistrados. Posiblemente 12 magistrados, con el presente diseño, sí fuera suficiente, y de hecho lo ha sido”, añade.
El experto señala que las reformas constitucionales del año 2000, que ampliaron de 12 a 16 los miembros de la CSJ, partieron de un funcionamiento de la Corte, que se había mantenido perfectamente con 12 miembros. En aquel momento no hubo una reestructuración del diseño institucional que justificara esa ampliación. “Esa ampliación fue simple y sencillamente por razones políticas, como todos los sabemos”, sentencia.
Advierte que sería un error aprovechar una coyuntura para reducir los costos de una institución como la CSJ, si eso generara una situación peor en torno a su funcionamiento.
Courtney señala que todo el Estado nicaragüense debería ser más eficiente y efectivo, registrar un mejor desempeño, un mejor servicio a la ciudadanía y mejor cumplimiento de su mandato, a un costo más adecuado. “Estamos pagando (un costo excesivo) para los resultados que recibimos del Estado”, enfatiza.
Por otra parte, indica que la reducción de la estructura del máximo tribunal no contribuirá a disminuir la partidización. “Ésta seguiría en el mismo nivel, porque los que están ahí son los mismos que ya estaban siendo acusados en alguna medida de representar un sistema de cuotas de poder político y partidario, que son reñidas con el buen funcionamiento de las instituciones”, dijo.
LA SALIDA DE LA LEY ORDINARIA
Otra de las “salidas políticas” revestidas de legalidad que visualiza Courtney es por la vía de la Ley Ordinaria, extendiendo el período de los actuales magistrados hasta que no sean nombrados los nuevos, independiente de los problemas constitucionales y de procedimiento que esta iniciativa pudiera generar.
Esa medida ya se aplica en otros países, como Costa Rica, a todos los niveles.
Courtney elogió la labor que ejerce la actual presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, y su disposición a impulsar cambios y reformas en ese poder del Estado.
Añade que en ese sentido la CSJ con su buen funcionamiento tiene que ganarse el mérito para otorgarle mayor confianza y discrecionalidad a sus magistrados en el desempeño de sus funciones, como sería el hecho de prorrogarles la permanencia en el cargo.
Sin embargo, lamenta que en este momento existe la percepción de que lo que pudiera ocurrir es un afianzamiento de un sistema de fuerzas partidarias en la CSJ y hasta podría considerarse como una iniciativa peligrosa.
UN ESTADO DEFICIENTE Y CARO
De acuerdo a los diagnósticos del grupo cívico, en general, el Estado nicaragüense enfrenta dos problemas: funcionamiento deficiente y altos costos.
“Su funcionamiento no es tan eficiente y tan efectivo como debería ser para cumplir sus diferentes mandatos. El CSE es el ejemplo más dramático de derroche y de costos. Pero en alguna medida casi todas las instituciones del Estado padecen de ese problema... y la CSJ no escapa de ese esquema”, asegura Roberto Courtney.
TRANSFORMAR EL SISTEMA
“No podemos pensar que una reducción (de la Corte) sin una estrategia sobre el diseño institucional sea útil. Si no reformamos el diseño, si sólo reducimos el número de magistrados, las cosas podrían funcionar peor, luego viene el argumento de que lo que se necesita son más magistrados”, comenta Roberto Courtney, del grupo cívico Ética y Transparencia.
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