Presionarán por “moratoria” a subasta
Eduardo Marenco Tercero
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SÉBACO, MATAGALPA.- Un fantasma, opresivo y angustiante persigue a finqueros, empresarios y comerciantes de toda Nicaragua: el fantasma de una subasta que, según ellos, equivaldrá a una virtual “confiscación” de bienes obtenidos después de una vida de trabajo. De manera que presionarán ante la Asamblea Nacional para que sea prorrogada, y aseguran estar dispuestos a colocar “megatranques” para demostrar su fuerza.
El próximo martes 13, día de suerte maldita según la cábala, decenas de finqueros y empresarios medianos, protestarán ante la Asamblea Nacional, a la vez que un grupo de diputados de la Comisión de Producción someterá al Plenario legislativo una propuesta que obligue al Banco Central de Nicaragua (BCN), a posponer la subasta de una cartera de 42,138 créditos hasta por un monto de US$320 millones y de 1,005 bienes inmuebles, rústicos y residenciales.
El BCN, bajo asesoría de la compañía “First Financial Network”, subastará los bienes que fueron embargados a deudores de varios bancos quebrados en años anteriores. El BCN honró los compromisos de estas instituciones con los ahorrantes, tomando como garantía la cartera de créditos y los bienes embargados. Ahora el Estado se dispone a recuperar la plata invertida en el rescate.
Pero la subasta tiene con los nervios de punta a cientos de familias nicaragüenses y a empresarios como Frank Lanzas Tercero –coordinador de un grupo de nicaragüenses que temen perder sus bienes en la subasta–. Lanzas se niega a aceptar que el destino del ‘Hotel Lomas de Guadalupe’, construido por él en Matagalpa, sea quedar en manos de terceros. El hotel es valorado en 1.2 millón de dólares, y debido a reglas del juego “poco transparentes”, según Lanzas, teme no tener oportunidad de recuperarlo por medio de la subasta. Esta historia se repite en miles de hogares.
¿SUBASTA ILEGAL?
Santiago Rivas considera “ilegal” la subasta, pues al tratarse de bienes del Estado, su venta debe estar autorizada por la Asamblea Nacional. Rivas afirma que durante una reunión con el presidente Enrique Bolaños, le dijo al mandatario que tal subasta era una “confiscación legal”.
Bolaños, confiscado durante el gobierno sandinista, explicó a Rivas que cumplir con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es clave para que Nicaragua sea incluida en la Iniciativa de Países Altamente Endeudados (HIPC). Aliviar la deuda interna y sanear las finanzas del Estado, hace parte de esos acuerdos.
En la reunión en Sébaco, participaron la diputada sandinista Irma Dávila, presidenta de la Comisión de Producción del Legislativo; el diputado de la Resistencia, Maximino Rodríguez; el diputado Víctor Guerrero, del Partido Liberal Constitucionalista, entre otros, los que ofrecieron su respaldo a la lucha de los productores.
Al final de la reunión, que duró casi cuatro horas, Alí Zeas, también coordinador de una comisión negociadora de los productores, advirtió a los diputados que si no garantizan su respaldo, lamentarán “el derramamiento de sangre” que pueda ocurrir en Nicaragua, si los bienes de miles de familias son subastados.
EXIGEN MORTORIA Y TRANSPARENCIA
Además de exigir una moratoria que les dé oportunidad de llegar a un arreglo de pago para cancelar sus adeudos o para adquirir en subasta los bienes embargados, los caficultores y empresarios en general, demandaron una mayor transparencia.
Coincidieron en que la existencia de “paquetes” de créditos a ser subastados les quita la posibilidad de cancelar de forma individual sus adeudos, abriéndole el paso a intermediarias financieras, las únicas capaces de desembolsar gran cantidad de dinero en una subasta.
Precisamente, una solución que han contemplado es que una compañía transnacional compre sus propiedades al cinco por ciento de su valor, para llegar a un posterior arreglo de pago con la misma.
También exigen al gobierno que publique la lista de los bienes a subastar.
DIPUTADOS DAN SU PALABRA
Varios diputados de la Comisión de Producción de la Asamblea Nacional, se comprometieron a apoyar en el Plenario legislativo, la solicitud al Poder Ejecutivo para que prorrogue la subasta de bienes que el Banco Central de Nicaragua (BCN) tiene programada para el 21 de mayo.
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