La controversia en derredor del servicio de televisión por cable —concretamente, acerca de su monopolización en el área de Managua que es la más grande y rentable, así como sobre el transporte de señales de antena (VHF y UHF) por medio del cable—, ha puesto en evidencia la necesidad de una ley que garantice la libre competencia en los negocios y que, por lo tanto, prohíba los monopolios.

Anteriormente fueron los problemas del servicio de telefonía celular los que demostraron la necesidad de una legislación antimonopolista, aunque en este caso el problema se resolvió de hecho como tenía que resolverse: por medio de la competencia, pues cuando otras empresas entraron al mercado el servicio mejoró en calidad y cobertura y se hizo accesible a muchos más nicaragüenses.

En la Constitución de Nicaragua, que como se sabe es de origen y orientación socialista pues fue dictada durante el régimen sandinista, lo más aproximado a una garantía de la libre competencia en el ámbito de la economía nacional, en términos generales, es lo que dice el Arto. 104: “Se garantiza el pleno ejercicio de las actividades económicas, sin más limitaciones que las que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes”.

Y precisamente en el sector comunicación es el único en el que la Constitución prohíbe expresamente el monopolio. Efectivamente, el tercer párrafo del artículo 68 de la norma constitucional señala que: “El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros o al monopolio económico de algún grupo. La ley regulará esta materia”.

Pero hasta ahora no existe tal ley. De manera que aunque la televisión por cable —que es un medio de comunicación social— no debería ser monopolizado por ninguna empresa, y sin embargo lo es por falta de una ley antimonopolista.

Es cierto que funcionan en Nicaragua unas 60 pequeñas empresas “cableras” en el interior del país, según información de LA PRENSA publicada el pasado domingo cuatro de abril, pero en Managua una sola empresa monopoliza la oferta, y se está expandiendo hacia los departamentos vecinos amenazando con eliminar a los pequeños y medianos “cableros”, como ocurrió con los que operaban en Managua.

Por supuesto que el monopolio de la televisión por cable perjudica a los usuarios, puesto que si hubiese competencia la oferta de canales y de programación sería sin duda más variada y de mejor calidad, inclusive con tarifas más bajas.

En cuanto a la transportación de las señales de antena por medio del cable, es obvio que los “cableros” no están obligados a hacerlo. En realidad, el servicio de televisión aérea es un negocio particular, igual que de la TV por cable, y la empresa que vende este servicio no tiene por qué transportar la señal de antena gratuitamente. A menos que considere que la inclusión de esas señales es conveniente para mejorar la oferta, y en ese caso deberían ser los “cableros”, los que paguen a las empresas de TV de antena. Pero en Nicaragua todo funciona al revés.

Es bien sabido que el único límite a la libertad de empresa y la libre competencia es monopolio. Por eso los países que ahora son desarrollados dictaron leyes antimonopolistas desde el siglo XIX.

En realidad, un Estado democrático debe impedir los abusos con los consumidores y usuarios, en el entendido de que para que haya más libertad de empresa debe haber normas claras y órganos de vigilancia idóneos que la garanticen. Pero tampoco debe entregársele al Estado el poder excepcional de decidir sobre todo. Una ley de protección de la libre competencia debe prever cuidadosamente qué órganos gubernamentales y con qué grado de participación social se encargaría de aplicarla de manera justa, severa y transparente.

La defensa de la competencia debe encomendarse a órganos independientes, porque en manos del Gobierno es un arma que éste puede utilizar a su antojo. La libertad de empresa, como las demás libertades, no debe estar sometida al albur del favor político, el tráfico de influencias y las coimas.

La libre competencia debe ser garantizada por agencias independientes del gobierno, pues sólo así es posible proteger a los ciudadanos de los pactos ocultos, abusos de posición dominante y cualquier otro exceso de los gobernantes.  

TV y libre competencia