Nicaragua padece de “reformitis” tributaria
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 | Esta semana, el Ejecutivo presentará ante la Asamblea Nacional otra reforma tributaria, la sexta desde 1997, lo que ha causado incertidumbre una vez más por los efectos que provocará. Se prevé que habrá un plazo de tres meses para analizarla y discutirla antes de su aprobación, pues así fue pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras tanto, el asunto ya ha desatado la reacción de muchos sectores económicos que dicen estar temerosos de lo que pareciera ya una epidemia:
la “reformitis” tributaria |
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Con las nuevas reformas tributarias se pretende lograr un equilibrio en el pago de impuestos haciendo que los que ganan más paguen más. (Abajo) Julio Francisco Báez, Róger Cerda y Néstor Avendaño |
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Mario José Moncada mario.moncada@laprensa.com.ni
Por sexta vez desde 1997 y por tercera vez en menos un año, las autoridades se prestan a reformar el sistema tributario nacional con el envío, previsto para hoy, de un proyecto de ley que aumentará la carga tributaria del país y la colocará, según estimaciones extraoficiales, como la mayor de Centroamérica.
La propuesta de reforma tributaria, la tercera impulsada por la administración de Enrique Bolaños en sólo siete meses, según recordó el especialista en asuntos fiscales, Julio Francisco Báez, pretende aumentar las recaudaciones en al menos el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir en 25 millones de dólares o casi 400 millones de córdobas, para cumplir las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco del acuerdo económico firmado con el gobierno en diciembre.
Sin embargo, la reforma bien podría superar el uno por ciento, tal como lo señaló el economista Róger Cerda, para quien la misma también es necesaria para reducir el déficit del sector público que calculó en un 12,5 por ciento del PIB nacional, estimado en 2,560 millones de dólares en el 2002.
Esta nueva reforma entrará a discusión a la Asamblea Nacional “en momentos de contracción económica”, como lo valoró Cerda, o bien “en un estancamiento económico” en palabras similares del economista Néstor Avendaño, quien participó en el Comité Técnico de Consulta que apoyó la elaboración del proyecto de ley de estas últimas reformas.
“El gran reto de la reforma es hacerla en momentos de contracción económica, es un reto para las autoridades, ya que la reforma rinde más si se hace en condiciones de bonanza”, dijo Cerda, también especialista en asuntos de hidrocarburos.
“Nuevos impuestos ampliarían la regresividad del sistema tributario a corto plazo, lo cual provocaría una reducción del ingreso personal disponible de cada uno de los nicaragüenses. A su vez podría conducir a una prolongación de la recesión económica que Nicaragua vive desde marzo de 2002”, enfatizó entre tanto Avendaño.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), a través de su presidente Anastasio Somarriba, también advirtió que la reforma tributaria, si se aprueba tal como está planteada con un enfoque recaudatorio, contribuiría “al riesgo de paralizar totalmente la economía” que ya se encuentra en una recesión, según advirtió.
AUMENTARÁ CARGA TRIBUTARIA
Por ahora el Gobierno Central recauda hasta 580 millones de dólares en concepto de ingresos fiscales, es decir equivalentes al 23 por ciento del PIB nacional anual. Pero con las proyecciones de esta nueva reforma que ingresará al Poder Legislativo esta semana, incluso podría llegar al 25 por ciento del PIB, según los cálculos de Avendaño.
Con ello Nicaragua fortalecería su posición, nada alentadora según destacó, de ser el país del istmo con la mayor carga tributaria, ya que la misma en Honduras representa el 16.9 por ciento de su respectivo PIB nacional, el 13.4 por ciento en Costa Rica, el 10.6 por ciento en El Salvador, el 10.1 por ciento en Guatemala y el 10 por ciento en Panamá.
El ex viceministro de Finanzas durante el gobierno de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, René Vallecillo, explicó que la carga tributaria es el total de lo que el fisco recauda de todos los ciudadanos con respecto al tamaño de la economía.
Centroamérica tiene como promedio una carga tributaria del 15 por ciento, y aunque los niveles aceptables dependen del desarrollo que tenga un país, consideró que lo viable sería que Nicaragua se acercara a los niveles de la región y de Latinoamérica.
Báez admitió que la propuesta de reforma tributaria “nos ubicaría no tanto en mejor posición desde el punto de vista que somos el país con más carga tributaria en Centroamérica”. Pero consideró que debe verse el punto positivo de la misma “ya que trae más equidad en quien soporta la carga”, porque refirió que actualmente el mayor peso fiscal recae sobre los asalariados, ante que en las empresas.
“Ahora se trata de revertir esa distorsión, porque el peso tributario debe ser cargado por quienes tienen más”, justificó.
En tanto, Cerda destacó que la reforma contiene “criterios estrictamente tributarios y se le agrega sobre todo competitividad y equidad”, debido a lo cual abogó porque se amplíe la base de contribuyentes, ya que señaló que actualmente en Nicaragua existen cerca de 84 mil contribuyentes activos, de los cuales el 57 por ciento de ellos, es decir unos 48 mil, están dentro del sistema de cuota fija que corresponde a los pequeños negocios.
DE CAL Y DE ARENA
El Comité Técnico de Consulta que se formó para proponer al Ejecutivo el giro que debe tener la reforma, la sexta de los últimos seis años, propone gravar con el Impuesto General al Valor (IGV), el vestuario y los artículos de higiene persona de producción nacional, lo cual podría provocar un aumento en los precios de tales productos de hasta el cinco por ciento, según estimaciones de Avendaño.
El impacto social de la reforma es tema de preocupación para el economista, aunque serán los diputados quienes decidirán al final si aprueban gravar tales artículos de la canasta básica, serían afectados el 30 por ciento de los 5.5 millones de nicaragüenses, quienes forman parte del segmento población que sufre la pobreza extrema.
También ronda la posibilidad que el Ejecutivo incluya en su proyecto de ley un pago mínimo del uno por ciento a cuenta del Impuesto sobre la Renta (IR), del total de activos brutos; una retención final del 10 por ciento a intereses devengados por depósitos de ahorro y a plazos de personas naturales, tanto en córdobas como en dólares, mayores a los 3,500 dólares.
Igualmente la eliminación de los Certificados de Turismo que son exoneraciones del IR; así como las exoneraciones, exenciones y tratamientos especiales para todas las importaciones, excepto las constitucionales y las que fomenten las exportaciones; y gravar aún más una serie de los llamados productos suntuarios.
Como prueba que las reformas pretenden mejorar el sistema recaudatorio, también se propone aprobar una serie de leyes: de Responsabilidad Fiscal, de Carrera Administrativa y un Código Tributario.
El debate pasará a la cancha del Parlamento, en especial a la Comisión de Asuntos Económicos, responsable de iniciar un amplio debate tal como lo sugirió el Cosep, que facilite la aprobación de las reformas fiscales con el mayor consenso posible, para el próximo mes de junio, según las proyecciones oficiales. 
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