Conpes: Una propuesta para reasumir la transición
José Luis Velázquez Pereira
Nicaragua inició un proceso de transición a la democracia en 1990 durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro. Durante su mandato se superó el estado de virtual guerra civil que se vivió durante los últimos años de la década de 1980, lográndose la pacificación del país y el inicio de la reforma económica que requirió un profundo ajuste estructural y estabilización macroeconómica. A pesar de que no se logró crecimiento económico a lo largo del período, se sentaron las bases para el efímero repunte económico que experimentó la economía nacional, luego de 1997.
La transición a la democracia llegó a su punto máximo con las reformas constitucionales de 1995 que intentaron transformar una orden constitucional hiperpresidencial en uno cuasiparlamentario que trasladaba a la Asamblea Nacional facultades de nombramiento de algunos funcionarios públicos y reservaba para ella la facultad legislativa impositiva. Desafortunadamente, la Ley Marco de Aplicación de las Reformas Constitucionales fue el primer indicio de que la transición empezaba a desacelerarse.
Para que la transición pudiera continuar era preciso proceder a la modernización de la estructura de partidos políticos del país, la cual requería de un recambio generacional en su dirigencia, el empoderamiento de los electores, apertura a la participación ciudadana, responsabilidad directa de los electos ante sus electores, transparencia en la obtención y uso de los recursos financieros, la institucionalización e internalizacion de las reglas del juego electoral. En fin, requería de la liquidación del caudillismo como forma normal de hacer política en Nicaragua. Debe notarse que no se adoptaron en aquel tiempo ninguna de estas medidas, lo cual tuvo consecuencias negativas para la transición.
Con el advenimiento del gobierno del PLC del Dr. Arnoldo Alemán, entraron en vigencia las reformas constitucionales y a fin de de establecer un modus operandi que reasignara las cuotas de poder de ambos partidos PLC y FSLN, se recurrió a la tradición de burlar la voluntad popular por medio del “pacto”. Debo aclarar que no me opongo a los acuerdos políticos concertados entre fuerzas políticas democráticas que son necesarios para que la gobernabilidad y el desarrollo de una comunidad se produzcan, ejemplo de ellos son el Pacto de la Moncloa que permitió la transición a la democracia en España a la muerte de Franco y el Pacto de Punto Fijo en Venezuela, al momento del derrocamiento de Pérez Jiménez, etc.
La supervivencia de partidos políticos anacrónicos unidos en virtud de un pacto que no tuvo por objeto el bien de la nación sino una repartición del estado botín, desembocó en la partidarización de los poderes del Estado, la creación de una estructura clientelística, prebendaria basada en la dilapidación de los recursos públicos, la corrupción y en un estado incapaz de enfrentar los ingentes retos planteados. De esa manera, el pacto fue el caldo de cultivo para la reproducción de un esquema oligárquico-caudillista bipolar que pudo bien encontrar un tímido precedente en el “Pacto de los Generales” Somoza-Chamorro de 1950.
Caudillismo bipolar, oligarquías y estado botín definen los resultados del pacto Alemán-Ortega y el retroceso de la transición en Nicaragua que desemboca en la actualidad en una crisis de gobernabilidad.
Ante la urgencia de articular respuestas a la crisis y retomar el proceso de transición a la democracia —que es impulsado tanto por fuerzas internas como externas, tales como la regionalización y la globalización que exigen transformaciones profundas— la sociedad civil nicaragüense expresada en el Consejo Nacional de Planificación Económica Social (Conpes) y a solicitud del Presidente de la República, elaboró un documento de análisis que contiene un conjunto de reformas al marco jurídico político del Estado, para ser sometido a consulta con las fuerzas vivas del país. Éste es el origen de la propuesta del Conpes que es en esencia una oportunidad para elevar el nivel del debate político y de buscar consenso sobre asuntos sustantivos con madurez y pragmatismo.
La propuesta de reforma a los poderes del Estado está inspirada en la necesidad impostergable de retomar la transición a la democracia, superar la crisis de gobernabilidad, modernizar las estructuras políticas, económicas y sociales para que promuevan el crecimiento económico, establecer las bases de la institucionalidad y refundar al estado en base a criterios de efectividad y eficiencia en la administración de los recursos públicos y la lucha contra la pobreza y la corrupción.
De todas las reformas puestas a discusión, la que reviste mayor urgencia es la reforma a la Ley Electoral, pues permitirá instaurar nuevas reglas del juego que reduzcan las barreras de entrada y salida del juego político y permitan que ciudadanos honestos participen en la conducción de los asuntos públicos. Todo esto para que la “política no siga siendo un callejón sin salida para la política” como bien lo intuyó José Coronel Urtecho en la década de 1970.
El autor es secretario ejecutivo del Conpes. 
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