“Igualdad” contra la libertad
En nuestro Editorial del miércoles de la semana pasada (“Ley de Igualdad de oportunidades”), señalamos la necesidad de modificar —o rechazar— el proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades actualmente en debate parlamentario y público, porque algunos de sus artículos dan pie a temer que se quiere legalizar subrepticiamente el aborto, atentar contra la familia e imponer inconstitucionalmente cuotas laborales en la empresa privada.
Pero, además, este proyecto de ley atenta directamente contra la libertad de expresión y de prensa por las siguientes razones:
Primero, porque pretende darle al gubernamental Instituto Nicaragüense de la Mujer y a un tal Consejo Nacional de Educación, la facultad de intervenir a los medios de comunicación para obligarlos a “colaborar” en la presentación de la imagen de la mujer según el “enfoque de género”, y para “examinar” las políticas de difusión (artículos 23 y 55).
Segundo, porque el mencionado organismo estatal tendría también la capacidad legal de censurar las imágenes, información, noticias y lenguaje que discrecionalmente considere denigrante y discriminatorio a la mujer (artículo 56).
Tercero, porque impondría una “partición plena y equitativa de la mujer en los medios de difusión”; o sea que las mujeres ya no serían promovidas por capacidad profesional y méritos personales, sino sólo porque son mujeres, independientemente de sus currículos, profesionalismo y rendimiento laboral (artículo 57).
Cuarto, porque impondría “mecanismos reglamentarios” para el enfoque y proyección en los medios de la imagen de la mujer, a pesar de que se dice en el proyecto que eso sería “en la medida que no atente contra la libertad de expresión” (artículo 59).
Quinto, porque obligaría a los medios de comunicación a “incorporar el enfoque y la perspectiva de género en los estudios y la formación de los y las profesionales de los medios de comunicación” (artículo 63).
Sexto, porque impondría la censura a la publicidad, la cual tendría que sujetarse a los parámetros de esa ley y a las interpretaciones de las personas que censurarían (artículo 64), y que suponemos serían mujeres, como cuando se censuraba férreamente a LA PRENSA durante la dictadura totalitaria sandinista.
De manera que debemos rechazar categórica e incondicionalmente esta pretensión de imponer legalmente la censura y de restringir la libertad de expresión y de prensa con el pretexto de proteger la imagen de la mujer.
Por cierto que dicha ley, que limitaría la libertad de expresión e información que hay ahora en Nicaragua y que es la principal conquista de la transición democrática, será denunciada ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) durante su primera reunión semestral del 2003 que tendrá lugar a fines de esta semana en El Salvador.
Pero también el presidente Enrique Bolaños debe rechazarla de antemano, y vetarla en el caso de que a pesar de todo la impusieran, porque sería inconstitucional y lo obligaría a deshonrar el compromiso de respetar y fortalecer la vigencia de los principios de la libertad de expresión, que él asumió al firmar la Declaración de Chapultepec.
En el antes mencionado Editorial del 12 de marzo corriente dijimos que garantizar y respetar la igualdad jurídica, política, económica, social y cultural de la mujer con respecto al hombre, es un imperativo moral de nuestro tiempo y además un compromiso de carácter internacional. Pero ese compromiso no le da derecho a nadie a imponer sus concepciones particulares y en muchos casos “raras” y ajenas a nuestras tradiciones culturales y valores morales, sobre la sexualidad, los géneros, el aborto, el matrimonio y la familia.
Y además, la hermosa y legítima aspiración a la igualdad —si es que en realidad la hay en el caso de esta ley— no debe entenderse como autorización para apuñalar la libertad de expresión, que es la madre y condición de todas las libertades.
Mucho tiempo antes de que aparecieran los totalitarismos ideológicos, políticos, racistas, sexistas y feministas, los padres fundadores de nuestra cultura occidental hicieron ver que la democracia consiste precisamente en el derecho de cada cual a hacerse oír en público (Herodoto); y que no cabe imaginar una más bella igualdad que la libertad de cada persona a defender en público sus intereses y opiniones, y de que cada cual pueda hablar o callarse según su libre voluntad (Eurípides). 
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