Reportaje especial
Desafuero de Bolaños sin apuestas
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 | Liberales y sandinistas no revelan su estrategia y le pasan la pelota a la comisión especia del Parlamento, mientras Jaime Morales Carazo confía en que el mandatario no será despojado de su inmunidad. Pero los argumentos de la acusación de la Fiscalía y la defensa del Ejecutivo están en medio de un laberinto de escollos jurídicos |
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Foto: LA PRENSA/M. Esquivel |
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Juan José Lacayo
juanjose.lacayo@laprensa.com.ni
El proceso de desafuero del presidente Enrique Bolaños, por presuntos delitos electorales cometidos antes y durante su campaña en las pasadas elecciones y que, según el Ministerio Público, se extendieron hasta la toma de posesión de su cargo y de los candidatos electos de su partido, es considerado como poco probable en círculos parlamentarios.
La Asamblea Nacional ha designado una Comisión Especial para conocer el desafuero del gobernante, integrada por los diputados Jaime Morales Carazo y Jorge Matamoros, de la bancada Azul y Blanco; Carlos Noguera y Alfonso Ortega Urbina, del arnoldista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), y Nathán Sevilla e Iris Montenegro, del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Pese al mandato de la Junta Directiva parlamentaria, la comisión no se ha reunido aún para iniciar el proceso que podría conducir a un eventual desafuero de Bolaños y de su vicepresidente José Rizo, este último acusado de ser “cómplice” de los supuestos delitos electorales. La semana pasada uno de los miembros de la comisión, el diputado liberal Carlos Noguera, renunció sorpresivamente a la misma.
La renuncia de Noguera, considerado como “moderado” entre el ala del PLC leal al ex mandatario Arnoldo Alemán (actualmente bajo arresto domiciliar con restricciones, acusado por un fraude al Estado por decenas de millones de dólares) evidencia, a juicio de algunos parlamentarios consultados, los escollos que enfrentará la comisión para conocer a fondo las acusaciones contra Bolaños y Rizo. Noguera también ha sido señalado en la acusación de la Fiscalía de participar en la comisión de los presuntos delitos electorales.
Bolaños y Rizo fueron acusados por la Fiscalía en octubre de 2002 por el supuesto financiamiento ilegal que recibió el PLC de parte de la denominada Fundación Democrática Nicaragüense (FDN), la que se supone fue usada por el mandatario Arnoldo Alemán para desviar millonarios fondos del Estado nicaragüense para su beneficio personal.
El presidente de la Comisión Especial, Jaime Morales Carazo, opina que “es tan tendenciosa la intencionalidad de la petición de desafuero a Bolaños que veo improbable que pueda ocurrir semejante desatino”, y más aún que la bancada liberal apoye esa iniciativa, porque la mayoría de los implicados son prominentes líderes y directivos del PLC.
“No hay ninguna cercana posibilidad, sería un monumental disparate el desafuero de Bolaños”, dijo Morales Carazo, miembro de la bancada Azul y Blanco, aliada al mandatario Enrique Bolaños.
Según el legislador, en la bancada arnoldista hay un sector de gente moderada que ya ha sido excesivamente leal con Alemán y no se hará corresponsable de un error de esa magnitud, como es despojar de su inmunidad al Presidente, lo que a juicio de sectores gubernamentales traería “consecuencias imprevisibles” y de ingobernabilidad al país.
Por otro lado, diputados liberales consultados sobre el caso, declinaron adelantar opiniones sobre la posibilidad de un desafuero del mandatario Bolaños, entre ellos el liberal René Herrera, considerado uno de los ideólogos del ala arnoldista del PLC.
Los sandinistas también se mostraron cautelosos al referirse al tema, y confirmaron que sus diputados aún no definen la estrategia a seguir, asignando a la comisión de desafuero y al Plenario de la Asamblea Nacional la responsabilidad de dictaminar si cabe o no despojar al mandatario de su inmunidad.
LA DEFENSA DE BOLAÑOS
Nombramiento ilegal de la fiscal específico electoral nacional, Blanca Isabel Salgado Jarquín.
La doble función (como fiscal y procurador) del fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, en el período comprendido entre el 17 de octubre de 2000 al 11 de diciembre de 2001, en ningún momento lo facultaba para nombrar un Fiscal Específico Electoral Nacional, y, aún más, no le concedía la capacidad legal para ejercer la acción penal en contra de delitos electorales.
Según el artículo 178 de la Ley Electoral, la acción penal en materia electoral corres-ponde exclusivamente a la Procuraduría General de la República, y la institución especializada para ejercerla se llama “Procuraduría Específica Electoral”.
Blanca Isabel Salgado reasume sin solución de continuidad sus funciones de Fiscal Específico Electoral Nacional, para las que fue nombrada por el fiscal Julio Centeno Gómez, cuando éste era Procurador General de la República.
La proclamación de electos como presupuesto absoluto de legalidad y legitimidad del Presidente de la República.
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