El viernes de la semana pasada, LA PRENSA informó que la defensa del presidente Enrique Bolaños ante la comisión parlamentaria que dictaminará la solicitud de su desafuero por la acusación de que cometió delitos electorales durante la campaña de 2001, pedirá que sea declarada improcedente porque la Fiscalía General de la República no tiene competencia para acusar en este tipo de delitos.

El alegato de la defensa del presidente Bolaños se basa en que el artículo 178 de la Ley Electoral dice que “el ejercicio de las acciones penales correspondientes”, en los casos de delitos electorales, le corresponde a la Procuradoría General de la República por medio de una Procuradoría Específica Electoral, la cual debe ser creada seis meses antes de las elecciones correspondientes y “cesará en sus funciones una vez resueltos los problemas correspondientes”.

Según el documento de la defensa del Presidente Bolaños que obtuvo LA PRENSA y cuya veracidad no fue desmentida, también rechaza la acusación de haber cometido los delitos electorales que le imputa la Fiscalía, y señala que en una inspección ocular judicial “quedó debidamente comprobado que Enrique Bolaños nunca registró su firma ni firmó ningún documento contra la cuenta No. 10010012259912 del Banco de la Producción (Banpro)”

Eso se refiere a que según la acusación de la Fiscalía, en la mencionada cuenta bancaria “en época de campaña electoral y para ser utilizados en ella, se recibieron cheques en calidad de donación provenientes del extranjero, hasta por la cantidad de doscientos veinte mil quinientos dólares (US$220,500.00)”, que “al igual que los fondos recibidos de la Fundación Democrática Nicaragüense fueron ocultados al Consejo Supremo Electoral, pues en ninguna de las tres (3) rendiciones de cuentas existen evidencias de haber sido declaradas, a como estaba obligado por la Ley”.

El presidente Enrique Bolaños ha dicho que durante su gobierno nadie estará por encima de la ley. Sin embargo esa aseveración se pone en tela de duda por el hecho de que la acusación de la Fiscalía General de la República fue presentada hace 5 meses, en octubre del año pasado, pero a estas alturas ni siquiera se ha instalado la comisión parlamentaria que debe dictaminar la solicitud de desafuero al Presidente, a fin de que la Asamblea Nacional determine si hay mérito o no para que Bolaños sea procesado por la Corte Suprema de Justicia, que es el único órgano competente para enjuiciarlo según el artículo 130 de la Constitución.

La lentitud en los trámites parlamentarios para dictaminar la solicitud de desaforar al presidente Bolaños, contrasta notoriamente con la diligencia con que se tramitó el desafuero del ex presidente Arnoldo Alemán. Y aunque se trata, sin dudas, de casos y situaciones muy diferentes, el principio de igualdad de la ley y el rigor de los procedimientos legales debe aplicarse en el caso del presidente Bolaños de la misma manera como se aplicó con Arnoldo Alemán.

Es cierto que son remotas las posibilidades de que el presidente Enrique Bolaños sea desaforado, y no sólo por las razones jurídicas invocadas en el documento de su defensa legal que citamos anteriormente, sino también por razones políticas.

En realidad, lo más probable es que la acusación contra el presidente Bolaños se extinga con un dictamen negativo de la comisión parlamentaria sobre la solicitud de desafuero, y porque es prácticamente imposible que sus adversarios reúnan los dos tercios de votos de la Asamblea Nacional que se necesitan para desaforarlo.

En todo caso, la acusación de la Fiscalía General de la República contra el presidente Enrique Bolaños ha establecido un precedente en la historia política y judicial de Nicaragua, y por lo tanto la solicitud de su desafuero –que también es inédita– se debe tramitar con toda la seriedad que el caso amerita.

Además, como consecuencia de todo esto hay que revisar los mecanismos legales e institucionales de control del financiamiento externo de las campañas electorales, que a juzgar por la acusación de la Fiscalía y los alegatos de la defensa del presidente Enrique Bolaños, son violados por algunos partidos y candidatos inclusive para practicar el delito de lavado de dinero, como quedó demostrado en el juicio de primera instancia que se le siguió al ex presidente Alemán.  

¿Qué pasó con los delitos electorales?