Falta una discusión a fondo, indica experto
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 | Alerta sobre el poder de las empresas, que las puede volver intocables |
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Gerardo Bravo |
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José Adán Silva
joseadan.silva@laprensa.com.ni
Para el consultor y asesor de la Comisión de Defensa y Gobernación de la Asamblea Nacional, Gerardo Bravo, es más que necesario elaborar una ley que regule y delimite los ámbitos de las empresas de seguridad privada, pero dentro de un marco de políticas de seguridad pública que abarque a todos los sectores sociales.
“El artículo 97 de la Constitución Política asigna a la Policía Nacional la misión de garantizar el orden interno y la seguridad de los ciudadanos, y eso se retoma en la Ley 228, Ley de la Policía Nacional, donde se repite el mismo mandato, y le insertan 23 funciones de la Policía Nacional, en las que se pueden encontrar algunas tareas que se dan con auxilio judicial, como regulaciones de armas y de licencias, entre otras. Por ninguna parte señala la Constitución que las empresas privadas deben realizar funciones que corresponden a la Policía Nacional”, dice Bravo.
Para él, aunque las empresas de seguridad presten un servicio que complementa la capacidad de operación de la Policía Nacional, existen roces entre las empresas privadas y las leyes.
“Ya en este rol, se encuentra un roce con una función privativa a la Policía Nacional, asignada constitucionalmente, y los servicios que ofrecen las empresas privadas, ya que podés comprar entonces la vigilancia y la protección a tus bienes y a tu persona. ¿Qué genera esto? Que ahora podés encontrarte con un guardia armado a la entrada de un edificio público o privado, que te registra contra tu voluntad, o encontrás en una calle que un guardia no autorizado detiene tu vehículo para pedirte documentos. En estos ejemplos se puede encontrar una indefinición legal de hecho que no es sana”, señala el experto.
“Hay que elaborar una ley que aclare las funciones de la Policía y delimite las funciones de esas empresas privadas”, insiste.
“Me parece que desde el punto de vista político, el país no tiene aún la madurez o el interés para determinar qué niveles de apertura se podría dar a estas empresas. Ya hay antecedentes de que guardas de seguridad someten a civiles en tiendas, bancos y otros edificios, sólo porque no se dejan registrar. Yo creo que se puede delimitar mejor esas funciones de las empresas”, reitera Bravo.
El especialista enfatiza en la urgencia de una ley regulatoria para estos servicios. “Hace falta una discusión a fondo. Hay que dialogar, hace falta una clarificación de políticas de seguridad pública, que no debe ser sólo elaborada por la Policía Nacional, sino por todos los entes del Estado, incluyendo estas empresas de seguridad”, señala.
Según Bravo, en esta discusión juega un papel fundamental el factor numérico. “Quien tiene más efectivos, más recursos, mejores medios y mejor tecnología y armas, tiende a imponer las reglas. Si te fijás bien, el gran problema de las armas con Colombia surgió a raíz de que la Policía Nacional buscaba armas más modernas y ajustadas a sus funciones, porque no cuenta con los medios adecuados para efectuar sus labores. No pasa así con las empresas de seguridad privada”, expresa.
“El armamento más idóneo para las labores policiales está en poder de las empresas de seguridad privada; y no es que tenga algo contra estas empresas, sólo quiero dar un campanazo de alerta para actualizar las leyes antes de que el poder de estas empresas las haga intocables”, advierte Bravo.
“¿Cuál es el panorama? Que hay una institución policial muy pobre, con menos hombres, mal pagados, mal equipados, y que para que te atienda hasta te piden para el combustible, y eso en caso de que no haya vehículos en mal estado. Por el otro lado mirás a empresas modernas, con mucha tecnología, recursos y buenas armas, casi un ejército paramilitar, que está más disponible a brindar protección a cambio de dinero”, enfatiza el experto.
“Con un poder como ese que puede llegar a desarrollar este negocio, quién sabe si van a haber controles de la Policía. Menos mal que no existe un clima político inestable en este país que nos ponga en riesgo, porque si así fuera, cualquiera contrataría una empresa de seguridad para defenderse. Así como van las cosas, en vez de que sea la Policía quien contrate los servicios de las empresas, muy pronto las empresas privadas van a dominar a la Policía Nacional”, advierte.
Según él, este problema se revela en términos de derechos individuales, porque “no puede ser posible que un particular armado pueda registrar o intervenir en las acciones civiles de otro ciudadano, sobre todo cuando ni es policía ni es juez”. 
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