Ilegal protección temporal tica a menor embarazada
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Carlos Emilio López
LA PRENSA/C. ALTAMIRANO |
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Elízabeth Romero y
Elí Josué Bravo
sucesos@laprensa.com.ni
El procurador especial de la Niñez de Nicaragua, Carlos Emilio López, calificó de “ilegal” la disposición del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de brindar abrigo temporal a la niña nicaragüense de 11 años —embarazada tras ser ultrajada sexualmente— y a su hermanita de 13.
“Violaron su mismo Código de la Niñez, el vínculo familiar no se puede romper”, recordó el funcionario nicaragüense.
No obstante, la presidenta ejecutiva del PANI, Rosalía Gil, negó que la institución que preside intente retener a ambas niñas por mucho tiempo y en contra de la voluntad de sus padres.
El Procurador Especial de la Niñez urgió que la Cancillería de Nicaragua defina una política de Estado que proteja los derechos humanos de los emigrantes, en especial de los niños.
Por su parte, Gil dijo a LA PRENSA que la decisión de mantener durante tres meses a las niñas fue adoptada como producto de un informe emitido por una comisión interinstitucional, formada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), sicólogos, siquiatras, médicos y trabajadores sociales del centro hospitalario, así como una comisión similar dispuesta por el PANI.
“El Código de la Niñez le concede al PANI autoridad para que en estos casos se puedan tomar decisiones que ayuden al bienestar, tanto de la niña como de los familiares. Así que nosotros actuamos apegados por el dictamen y al derecho que nos confiere la Ley”, aseveró la Presidenta Ejecutiva.
Sin embargo, en Nicaragua, López consideró que existe una mala interpretación de lo que significa “dar una medida de protección especial, que no es sinónimo de internamiento, que es un concepto que ya desapareció y que está vinculado a la doctrina de la situación irregular, doctrina que fue derogada por la Convención de los Derechos del Niño de la que Costa Rica y Nicaragua, son estados partes”.
“Una medida de protección podría significar que el PANI destine a un sicólogo para que le dé seguimiento a la familia, o bien, si el caso es grave, atenderlo en un hospital, pero sin romper el vínculo familiar”, agregó el funcionario nicaragüense.
Gil explicó que los padres tenían 48 horas para apelar la medida, pero dijo desconocer por qué no lo hicieron, tras señalar que éstos recibieron con beneplácito la decisión tomada por funcionarios de esa entidad en Liberia.
El padre de las niñas manifestó desconocer que el documento establecía la apelación, y además por sus limitaciones económicas no podía contratar a un abogado que le explicara los trámites que debía seguir.
El documento, cuya copia las autoridades costarricenses entregaron a los padres de ambas niñas para determinar el abrigo temporal de éstas, indica, en parte, que es “para tener la oportunidad de hacer labor con los progenitores sobre las condiciones que dieron motivo al abuso sexual de su hija... lograr que con base en ello, ambos padres asuman una actitud de denuncia y aporten mayores elementos para identificar y localizar al presunto agresor.”
Esto, a criterio de López, también es ilegal, pues hay coerción, y con esto revictimizan a la familia, mientras recordó que los padres ejercen el derecho de tutela sobre sus hijos, y únicamente en dos casos pueden perderlo: en caso de maltrato o cuando ponen en riesgo sus vidas.
Al igual como sucedió con el caso de Rosita, dijo López, están culpando a los padres sobre este hecho que es violatorio de los Derechos Humanos, que es un delito y que está condenado por las normas internacionales de Derechos Humanos.
López expresó que lo que deben hacer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público de Costa Rica es destinar recursos para dar con el paradero del “delincuente sexual”.
PIDE PROTECCIÓN DE AUTORIDADES NICAS
López manifestó que, en este caso, corresponde a las autoridades del Ministerio de la Familia, Cancillería y Migración nicaragüense solicitar información sobre lo que está ocurriendo con la familia de estas dos niñas, y brindarles algún tipo de protección.
Además, solicitará al Defensor de los Habitantes y Defensor de la Niñez de Costa Rica que ausculten con las instituciones costarricenses sobre este caso, para posteriormente hacer las recomendaciones necesarias a las autoridades nacionales correspondientes.
Una de las medidas más comunes que toma el PANI para cuidar a los niños es brindarles protección directa en un albergue, y la de permanecer en sus casa bajo la vigilancia de especialistas de la institución.
Según Rosalía Gil, la segunda opción se consideró, pero ellos optaron por respetar el análisis interinstitucional hasta que la investigación en busca del violador culmine.
De esta manera, el Procurador Especial de Nicaragua consideró que el Estado costarricense actúa como un Estado interventor, al haber actuado en lo que en derecho se denomina “convivencia familiar”.
Pero la presidenta del PANI, Rosalía Gil, señaló que “es muy importante que en Nicaragua se enteren de que nosotros estamos preocupados por la salud de estas niñas. Un grupo de juristas del PANI sigue de cerca cada proceso judicial. Es importante dejar que las autoridades competentes hagan su labor para que el juicio no quede sin concluir”, sostuvo.
REDADA DE SOSPECHOSOS
El Distrito Seis de la Policía inició la misma tarde del sábado una redada entre los sospechosos de haber iniciado la alteración al orden público que terminó con la muerte de una persona.
-En los alrededores de la Zona Franca Industrial han proli-ferado los centros de diversión, a donde acuden los obreros después de su jornada laboral.
-La víctima, originaria de Tipitapa y que viajaba diario para laborar en la Zona Franca Industrial, departía alegremente con sus compañeros de trabajo cuando fue baleado. Uno de los proyectiles le impactó en el tórax.
-Hasta la tarde de ayer no existía una versión oficial sobre el origen del hecho.
-Los testigos señalan que el muchacho fue agredido por un desconocido, sin que mediaran palabras, mientras ellos departían sin sospechar la tragedia que se avecinaba.
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