Señalan a diputados como azuzadores de los plantones
Luis Eduardo Martínez M.
Luis Felipe Palacios
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El delegado departamental del Ministerio de Gobernación, en Matagalpa, Noel Valdez Rodríguez, señaló a diputados, alcaldes y dirigentes sandinistas de tener “intereses desmedidos”, sobre las propiedades que demandan los obreros agrícolas que, desde hace varios días, permanecen en 12 plantones sobre la ruta Matagalpa–La Dalia.
El funcionario mencionó a los diputados sandinistas Nelson Artola Escobar e Irma Dávila Lazo, al suplente de esta última Isaac Jaen Rivera, a la diputada suplente ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) Margarita López y a los alcaldes de San Ramón y El Tuma–La Dalia, Raúl López Dávila y Manuel Zúñiga, respectivamente, como los encargados de “suministrar y apoyar, tanto material como intelectualmente, estas actividades”.
Destacó que Isaac Jáen Rivera y Margarita López, también son dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), organización de línea sandinista.
Los referidos diputados, alcaldes y dirigentes sandinistas, fueron firmantes de los denominados “Acuerdos de Las Tunas”, suscritos el 13 de septiembre del año pasado, después de una protesta de cinco días por parte de los obreros agrícolas sobre la Carretera Panamericana.
ARTOLA NIEGA
El diputado sandinista Nelson Artola negó ser el responsable de los plantones que comenzaron a surgir en el departamento de Matagalpa y culpó, más bien, al gobierno del presidente Enrique Bolaños y al viceministro de Gobernación, Alfonso Sandino, por incumplir los Acuerdos de Las Tunas, suscritos el 13 de septiembre del año pasado.
El legislador admitió, sin embargo, ser el “vocero de los hambrientos del Norte”, y aseguró que es la “irresponsabilidad” del gobierno y específicamente del viceministro de Gobernación lo que ha provocado el resurgimiento de plantones en el Norte del país, porque -según él- Sandino se comprometió en los Acuerdos de Las Tunas a entregar bancos de tierras y legalizar algunas propiedades a favor de los trabajadores, a más tardar el 25 de junio pasado, y hasta la fecha no la ha hecho.
LITIGIOS JUDICIALES IMPIDEN
En los mismos acuerdos, firmados el año pasado, se enumeran 14 propiedades, de las que, supuestamente, nueve pertenecían a los conocidos hermanos Centeno Roque.
Pero, según Valdez Rodríguez, esto ocurrió “para ver la posibilidad de que el Gobierno pudiera dárselas a los trabajadores que las demandaban y que estaban dentro de las propiedades. La Comisión estableció que se iba a revisar la situación legal (de estas fincas)”.
“Los dirigentes de esa organización gremial (ATC) tienen intereses en administrarlas y explotarlas, haciendo uso de los mismos trabajadores”, dijo Valdez Rodríguez.
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