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LUNES 23 DE JUNIO DEL 2003 / EDICION No. 23128 / ACTUALIZADA 1:00 am
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Policías y jueces en la “picota”

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.Expertos en justicia penal y seguridad pública de Latinoamérica coinciden en que tanto el Poder Judicial como la Policía, violan constantemente los derechos humanos de los detenidos

El director de ILANUD, Elías Carranza, la primera vicepresidenta de Costa Rica, Lineth Saborío y el investigador argentino Raúl Zaffaroni, presidieron la mesa al momento de iniciar el seminario taller en el que se analizó el actuar del sistema judicial y policial en América Latina.

 

José Adán Silva
joseadan.silva@laprensa.com.ni

No es un mal aislado: las detenciones ilegales, el abuso de las leyes para encarcelar a detenidos, el uso de violencia para conseguir confesiones y la corrupción judicial, son elementos comunes en los países latinoamericanos, según los resultados de un seminario taller sobre los derechos humanos en la justicia penal que se realizó en San José, Costa Rica, a inicios del mes.

Bajo el título de “Seminario Taller de Capacitación y Monitoreo de los Derechos Humanos en la Justicia Penal”, el Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y el Derecho Humanitario (RWI), de Suecia y el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, organizaron un evento donde participaron juristas, policías y ex jefes policiales, quienes concluyeron el seminario con la redacción de las principales violaciones de derechos humanos en los ámbitos judiciales y policiales.

Participaron tres personas por cada país: un representante de la Policía, un representante del Sistema Judicial y un representante de la academia o de organizaciones no gubernamentales de Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, España, Perú y Uruguay.

Por Nicaragua participó el conocido jurista Sergio Cuarezma Terán y el ex jefe de la Policía Nacional, Franco Montealegre Callejas.


DETENCIONES ILEGALES, VIOLENCIA, TORTURA, PRUEBAS FALSAS Y MÁS

En las rondas de análisis sobre cuáles son las principales violaciones de Derechos Humanos en los ámbitos judiciales y policiales, los especialistas, incluyendo los mismos representantes de la Policía de cada país, señalaron que dentro de las principales violaciones figuran las detenciones ilegales, los apremios, torturas y violencias contra los detenidos como medio para obtener pruebas o confesiones.

Además, señalaron que otra de las violaciones por parte de agentes policiales de Latinoamérica, es la preconstitución de pruebas falsas de pretendidos delitos, donde los policías o fiscales ponen elementos comprometedores en la propiedad de los detenidos, para obligarlos a caer presos.

Sobre este aspecto los representantes policiales justificaron que tales medidas ocurren por presiones externas sobre los jefes policiales (presiones políticas, de los medios de comunicación y otras).

Por parte de las violaciones en el ámbito judicial, los especialistas señalaron como las principales fallas el abuso de las órdenes de prisión preventivas, la falta de motivación adecuada de resoluciones y sentencias, la ausencia de verdadera defensa técnica, en condición de igualdad respecto de la parte acusadora, así como la convalidación de pruebas obtenidas ilícitamente y la falta de efectivo control judicial de las condiciones carcelarias, entre otras cosas.


RECONOCEN FALLAS

En el seminario se les orientó a los policías que determinaran en consenso cuáles eran las violaciones que ellos consideraran más comunes en sus países y éstos reconocieron que entre las principales fallas y violaciones a los Derechos Humanos, están las detenciones ilegales.

Le siguen el maltrato a la integridad física o síquica de la persona; la violencia al efectuar la detención, la revictimización (culpar y detener varias veces a un detenido sin causa legal)

Sin embargo, los policías ripostaron señalando que las principales violaciones de los derechos humanos que ocurren en el ámbito judicial, es la retardación de justicia, la corrupción judicial, la arbitrariedad en el abuso de principios de oportunidad de los fiscales, y la legitimación de actos irregulares de la acción policial  
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