Una asociación de ciudadanos que abogan por la reforma del Estado propuso un plebiscito para que la población decida democráticamente sobre el número y elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Pero los líderes del PLC y el FSLN respondieron que mejor sería convocar a una asamblea constituyente; que renuncien a sus cargos todos los miembros de los poderes del Estado; y que se forme un gobierno provisional con poderes generales para mientras se aprueba la nueva Constitución y se elige a las nuevas autoridades supremas.

Es obvio que los del PLC y el FSLN no quieren sinceramente una constituyente —que separaría a los actuales funcionarios libero-sandinistas de la ubre del Estado—, sino que es una táctica para desmeritar la propuesta de plebiscito.

En realidad, la constituyente es en sí misma una demanda democrática que se planteó desde antes que los sandinistas fueran desalojados del poder (Ejecutivo) por las elecciones de febrero de 1990. La Unión Nacional Opositora (UNO) ganó aquellos comicios pero no la dejaron gobernar, y cuando se sintió traicionada por el gobierno de doña Violeta a la que acusó de cogobernar con el FSLN, demandó la convocatoria a una asamblea constituyente, como estaba señalado en su programa de gobierno, pues la Constitución sandinista de 1987 —que fue diseñada para construir una sociedad socialista— no era el instrumento constitucional apropiado para crear una auténtica democracia.

Sin embargo, después de varias crisis gubernamentales, asesinatos de líderes políticos y secuestros de militantes del FSLN y líderes de la UNO, se impuso finalmente la reforma parcial a la Constitución de 1995, que en su mayor parte todavía no se ha implementado y seguramente nunca se implementará.

Cuatro años después Arnoldo Alemán desvirtuó la demanda democrática de la constituyente, al incluirla en la negociación del pacto libero-sandinista con el propósito de prorrogar su mandato presidencial y asegurarse la reelección inmediata. Pero no hubo acuerdo sobre este punto entre los pactistas, se tuvieron que conformar con repartirse el botín del Estado, es decir, los cargos y los recursos presupuestarios.

Ahora los pactistas vuelven a hablar de constituyente, pero no como una propuesta responsable para solucionar los problemas institucionales del país sino para contrarrestar la propuesta de que la población decida sobre la elección y el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por medio de un plebiscito.

Al parecer los cabecillas liberales y sandinistas creen que el presidente Bolaños y sus partidarios no aceptarían reducir su mandato y resignar el poder en una constituyente, que designaría un gobierno provisional. Y suponen que ante la contrapropuesta de constituyente los bolañistas no insistirán en el plebiscito, y entonces las bancadas liberal y sandinista podrán seguir negociando tranquilamente el reparto de los nuevos magistrados de la Corte, y facilitar la reintegración del ex presidente Arnoldo Alemán a la palestra política.

Sin embargo el presidente Enrique Bolaños debería aceptar el reto de la constituyente, con la condición de que, primero, las actuales autoridades estatales continúen en sus funciones hasta que se apruebe la nueva Constitución y se realicen otras elecciones generales; segundo, que los diputados constituyentes sean elegidos con un procedimiento distinto a la actual Ley Electoral, a fin de asegurar que resulten electos los candidatos que quieran los ciudadanos y no las mismas personas desacreditadas que dominan ahora la Asamblea Nacional.

Bolaños tiene todavía suficiente credibilidad para poder movilizar al pueblo tras el objetivo de barrer la Asamblea Nacional de los diputados corruptos, mediante la constituyente. Para alcanzar este patriótico objetivo, el mismo Presidente podría encabezar un comité de limpieza institucional integrado por políticos y ciudadanos particulares de reconocida honestidad —que los hay y en cantidad suficiente—, para promover la revolución cívica de la honradez que no se pudo hacer del todo después de la derrota del totalitarismo en 1990.

Según las encuestas la mayoría de los nicaragüenses repudia a los políticos corruptos, liberales y sandinistas, y apoya la lucha contra la corrupción que libra el presidente Bolaños. Este respaldo podría ser organizado y movilizado para elegir una constituyente integrada por representantes honestos y capaces de dictar la Constitución genuinamente democrática que necesita Nicaragua, y colocar en el poder a las personas que el pueblo se merece.  

De nuevo la constituyente