Apelan fallo judicial contra tres policías
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 | Policía analiza posibilidad de
introducir queja contra la juez de Bluefields ante la CSJ |
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Comisionado Juan Ramón Grádiz, asesor legal de la Policía Nacional. (LA PRENSA/ O. MIRANDA) |
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Elízabeth Romero
elizabeth.romero@laprensa.com.ni
La Asesoría Legal de la Policía Nacional introdujo una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Bluefields, a favor de tres oficiales de esa institución, contra quienes la juez de lo Civil de esa ciudad, Anabell Omier Ramírez, ordenó auto de segura y formal prisión.
A su vez, la Jefatura de la Policía Nacional decidió suspender de sus funciones a los tres oficiales, entre éstos destaca el jefe del Laboratorio de Criminalística, subcomisionado Javier Carrillo, hasta que el Tribunal de Apelaciones emita una resolución.
A través de la sentencia interlocutoria, la juez resuelve “poner en segura y formal prisión a los procesados José Oswaldo Pérez W, Sergio Sandoval Méndez y Javier Carrillo Suárez, por ser autores de los delitos contra la administración de justicia, falsificación de documentos públicos y auténticos, y usurpación de atribuciones en perjuicio del licenciado Peter Martínez”.
Juan Ramón Grádiz, asesor de la Policía Nacional, adelantó que analizan la posibilidad de presentar una queja ante la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia, en contra de la actuación de la juez en el caso.
“Si consideramos que es prudente y necesario, lo vamos a hacer, porque pensamos que esta sentencia es amañada, viciada de nulidad, y dependiendo de la valoración que hagamos nos reservamos el derecho de recurrir ante la Comisión Disciplinaria”, expresó Grádiz.
CAUSA FUE SEGUNDO DICTAMEN
Con los resultados de un segundo dictamen pericial del Laboratorio de Criminalística, Peter Martínez fue vinculado al asesinato del dirigente de la Cámara de Comercio de Bluefields, Francisco García Valle, hecho ocurrido en abril del año pasado. Esto fue lo que motivó la acusación en contra de los efectivos.
Grádiz, quien antes fungió también como jefe de ese laboratorio, explicó que fue debido a las inconsistencias en el primer dictamen que se efectuó un segundo peritaje —como lo establecen las normativas de procedimiento del mismo— denominado “reiteración de peritaje”.
En el primer peritaje, el Laboratorio hizo un análisis de un proyectil extraído por el forense del cuerpo del asesinado, y sólo se confirma que es calibre 25.
Las investigaciones policiales determinaron la existencia de cuatro armas de ese calibre en esa ciudad, entre éstas una propiedad de Martínez. Tres meses después, el peritaje encontró que este proyectil pertenece al arma de Martínez.
“El Laboratorio no dice que (Peter Martínez) es el autor de ese hecho, dice que el arma con que se disparó es calibre 25, que resulta es de su propiedad”, recordó el asesor legal de la Policía.
UN COMPLOT
“Desde un inicio yo sabía que era un complot montado en contra mía, falsificaron el dictamen en el laboratorio con la intención de involucrarme. Si esto lo hicieron conmigo, me imagino las muchas veces que lo han hecho con otras personas”, señaló Peter Martínez, abogado y representante legal del griego Peter Tsokos.
(Con la colaboración de Sergio León). 
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