La Policía Nacional informó ayer parcialmente los resultados de la investigación sobre la presunta complicidad de algunos de sus miembros en actividades del narcotráfico en la Costa Atlántica de Nicaragua.

Como es sabido, hace un mes LA PRENSA comenzó a publicar una serie de reportajes exclusivos sobre el narcotráfico en el Caribe nicaragüense, en los que algunos policías, incluyendo al jefe antidrogas del Atlántico Sur, fueron mencionados como presuntos cómplices de dicha acción delictiva. Y como consecuencia, los periodistas de LA PRENSA que han trabajado en la investigación periodística del narcotráfico recibieron amenazas, inclusive de muerte, lo que motivó la intervención de la organización internacional Periodismo Sin Fronteras (PSF) y tiene a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pendiente del reporte que le presentemos, a fin de hacer la denuncia correspondiente.

Ahora bien, aunque la información proporcionada ayer por la Policía no fue explícita, se conoció que el ex jefe antidrogas en Bluefields será dado de baja y que el jefe de la Región del Atlántico Sur será degradado y trasladado a una plaza de menor rango, en el Pacífico.

Pero la Policía Nacional, la Fiscalía o el Ministerio de Gobernación deberían hacer público el informe, a lo que están obligadas por el artículo 131 de la Constitución y porque la seguridad pública y el comportamiento de los policías es algo sumamente delicado para la sociedad y los ciudadanos. Ciertamente, ante las presunciones de que algunos miembros de la Policía están vinculados criminalmente con los narcotraficantes que operan en Nicaragua, los ciudadanos temen estar desprotegidos y sospechan que las informaciones tan divulgadas de que este país es el más seguro de Centroamérica, podrían ser sólo datos mentirosos de propaganda política.

Estamos claros de que la Policía no delinque, en su carácter de institución. Quienes cometen delitos son las personas, en este caso los oficiales y comisionados de distinto rango del cuerpo policial de la nación. Pero cuando un policía perpetra un crimen de cualquier naturaleza y en consecuencia, la gente percibe la grotesca paradoja de que quien fuera entrenado y armado por la sociedad para velar por su seguridad personal y la tranquilidad pública, se rompe la confianza de la ciudadanía y se produce una inversión de valores confusa e intolerable.

Como hemos dicho en otras ocasiones, independientemente de los orígenes políticos de la institución policial, que nació en 1979 como Policía Sandinista –es decir, revolucionaria, clasista, partidista y represiva–, pero ahora es Policía Nacional –o sea que tal como dice la Constitución “es un cuerpo armado de naturaleza civil... profesional, apolítica, apartidista, obediente (a la autoridad civil) y no deliberante”–, la sociedad nicaragüense ha confiado en su institucionalización y supone que ahora la mayoría de los policías son personas de una apropiada conducta profesional y ética.

No es justo ni correcto, entonces, hacer generalizaciones arbitrarias sobre la Policía que pueden conducir a conclusiones erróneas e inicuas. Dicho con otras palabras, no sería razonable que por la delincuencia de algunos miembros de la Policía se perjudique a la institución en términos generales, y a todos sus miembros. Precisamente por eso dijimos que la investigación de la presunta complicidad de algunos miembros de la Policía Nacional con el narcotráfico, debió hacerla una autoridad ajena al cuerpo policial. Sin embargo, ya que fue la misma Policía Nacional la que investigó a sus miembros, esperamos que lo haya hecho con toda profesionalidad y con criterio independiente, como pareciera desprenderse de las informaciones extraoficiales sobre la baja y degradación de dos de los principales implicados.

En realidad, es por el bien de la misma Policía que se deben deslindar las responsabilidades y castigar severamente a quienes resulten culpables. Los justos no deben pagar por los pecadores. No todos los policías deben quedar marcados como sospechosos y por eso el informe debe ser claro y honesto, y además de pleno conocimiento público.

En la credibilidad de la Policía y la confianza de los ciudadanos en ella descansa la tranquilidad pública de la sociedad. Por eso, en aras de proteger esa credibilidad y confianza, quienes resulten culpables de complicidad con el narcotráfico y otros abusos de autoridad, como las amenazas contra los periodistas de LA PRENSA, deben ser ejemplarmente castigados.  

El informe de la Policía