De acuerdo con la Constitución (artículo 138, inciso 7), los diputados deben escoger de las listas propuestas por el Presidente de la República a por lo menos la mitad de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En la Constitución nada está escrito por casualidad ni por descuido de los constituyentes. Todo fue cuidadosamente redactado para que quienes deben aplicarla y respetarla (autoridades gubernamentales y ciudadanos) no hagan interpretaciones antojadizas.

De manera que si el artículo constitucional antes mencionado dice que es atribución de la Asamblea Nacional: “Elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de listas separadas propuesta para cada cargo por el Presidente de la República y por diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las organizaciones civiles pertinentes”, los diputados no pueden hacer la interpretación que les de la gana y mucho menos decir, como dijo el diputado liberal René Herrera, el jueves de la semana pasada: “Vamos a escoger a la gente que debemos escoger, independientemente de cualquier otra consideración, gusto o percepción”.

Esa es una inaudita e inaceptable arrogancia de un empleado público, un abuso de poder y un desacato a la Constitución, un delito que si aquí funcionara el estado derecho sería castigado con la destitución del abusivo diputado.

La verdad es que el sólo hecho de que en el mencionado artículo 138 de la Constitución está en primer lugar las listas de candidatos a magistrados que presente el Presidente de la República, para que la Asamblea Nacional escoja de entre ellas; y sólo después se menciona a las propuestas de los mismos diputados; y únicamente en el caso de que el Presidente no presente listas es que los diputados pueden escoger a los magistrados de entre sus propios candidatos, significa que las propuestas presidenciales son prioritarias. Y significa además que si los diputados no escogen así a los nuevos magistrados, estarían violando la Constitución y se debería impugnar por inconstitucionalidad semejante “elección”.

Por otra parte, tampoco es cierto que los magistrados por fuerza tienen que ser miembros y simpatizantes de los partidos políticos. El pretexto de que en Nicaragua nadie está al margen de la política es una vil mentira para justificar el abuso de los diputados de repartir las magistraturas entre sus propios partidos políticos.

Lo cierto es que mayoría de los nicaragüenses son apolíticos, personas que trabajan para ganarse honradamente la vida y pagar los impuestos con que se mantienen y enriquecen los diputados y otros miembros privilegiados de la capa superior de la burocracia estatal. Y el hecho de que la mayoría de los ciudadanos, cuando hay elecciones acuden a las urnas electorales para votar por unos u otros candidatos, no significa que sean políticos ni partidistas sino que cumplen con su derecho y deber cívico de contribuir a la integración de los órganos representativos del Estado.

Menos de la mitad de los ciudadanos simpatiza con los partidos políticos que hay en Nicaragua, según lo demuestran todas las encuestas que se levantan en el país. Un poco más del 20 por ciento simpatiza con el FSLN, más o menos 24 por ciento apoya al liberalismo, y un cinco por ciento adicional dice simpatizar con los otros partidos. De manera que si fuera por simpatías políticas que se debiera escoger a los magistrados, entonces de los nueve cargos que hay que nombrar de aquí a agosto los diputados deberían designar a dos sandinistas o pro sandinistas, dos liberales o pro liberales, y cinco de las listas del Presidente.

Pero aquí los asuntos del Estado no se hacen por lo que dispone la Constitución y mandan la responsabilidad profesional y la honestidad personal, sino “por las pistolas” de los diputados y los caciques políticos. Por eso es que reiteramos, aunque sabemos que no le gusta al Presidente Bolaños, que el año pasado él debió barrer a estos diputados que han perdido legitimidad por su ejercicio arbitrario y anti constitucional, y convocar inmediatamente a una elección de representantes del pueblo capaces, eficientes y honestos.

Pero no se hizo, y ahora, mientras estos diputados se mantengan sus cargos ya se puede adivinar quiénes serán los electos o reelectos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia.  

Diputados y caciques, “por sus pistolas”