¿Parlamentarismo o aventurerismo parlamentario?
Poco a poco las cúpulas partidistas liberal y sandinista que dominan la Asamblea Nacional le están quitando atribuciones al Poder Ejecutivo, aparentemente de manera legal pero atropellando las normas constitucionales.
Por ejemplo, la reciente “elección” de nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia por la Asamblea Nacional fue una clara demostración de que el presidente Enrique Bolaños, quien fue elegido por una mayoría sin precedentes para gobernar el país durante cinco años, está llegando a una situación parecida a la de los reyes de Europa y el emperador del Japón, que reinan pero no gobiernan, con la diferencia de que aquéllos son respetados por las autoridades gubernamentales y sus súbditos, mientras que al actual Presidente de Nicaragua lo irrespeta cualquier corrupta perfumada o activista maloliente.
En el caso de la reciente elección de magistrados los diputados liberales y sandinistas avasallaron al Poder Ejecutivo, pues a pesar de que la Constitución establece (artículo 138, inciso 7) que la Asamblea Nacional debe elegir a los magistrados “de listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por diputados de la Asamblea Nacional”, éstos no escogieron a ninguno de las listas presidenciales. Lo que es una violación de la Constitución porque ésta no dice que la Asamblea Nacional puede elegir los magistrados entre los candidatos del Ejecutivo o los propuestos por los diputados, sino que debe escoger de entre unos y otros; o sea que los diputados debieron haber escogido por lo menos a la mitad de los nuevos magistrados entre los candidatos propuestos por el Presidente de la República.
(Entre paréntesis, lo más triste de esto es que inclusive juristas constitucionalistas democráticos justifican de hecho ese atropello a la Constitución, pues dicen que el inciso 7 del artículo 138 constitucional se puede interpretar en el sentido de que lo esencial es la potestad de la Asamblea Nacional de elegir a los magistrados, no el cómo elegirlos. En realidad, esto no es un trivial asunto de interpretación. La Constitución señala expresamente cómo la Asamblea Nacional debe elegir a los magistrados, no lo deja a la voluntad de los diputados, además de que el principio jurídico fundamental del ordenamiento legal nicaragüense señala claramente que donde la ley no distingue no cabe distinguir, y mucho menos interpretar).
El despojo de atribuciones del Ejecutivo por parte de la Asamblea Nacional se demuestra también con los rechazos a los vetos presidenciales, que si bien es cierto es potestad de los diputados rechazarlos, sin embargo se trata de vetos a leyes antijurídicas e inconstitucionales, como la de la Colonia del Periodista, que es materia administrativa invadida por el Legislativo. Y ahora los diputados están reformando la ley de electricidad para arrogarse la facultad de nombrar al presidente del INE, siendo que ésta es competencia exclusiva del Presidente de la República establecida en el artículo 150, inciso 6, de la Constitución. Además, después de la renuncia del Superintendente General de Bancos, Noel Sacasa, los diputados seguramente van a sustituirlo sin tomar en cuenta a quien proponga el Ejecutivo, no obstante que el artículo 138 de la Constitución dice que la Asamblea Nacional elige a dicho superintendente, y al vicesuperintendente, “de listas propuestas por el Presidente de la República”, y reiteramos, sólo el Presidente de la República.
La verdad es que el planteamiento de Daniel Ortega de cambiar el sistema de gobierno presidencialista por el parlamentario, se está imponiendo de hecho con el apoyo de los diputados liberales arnoldistas, quienes son capaces de hacer cualquier cosa, inclusive facilitar el retorno del sandinismo al poder para terminar de hundir a Nicaragua, con tal de vengarse del presidente Enrique Bolaños porque acusó de corrupción a Arnoldo Alemán.
Digamos por último que tanto el sistema de gobierno presidencialista como el parlamentario son formas apropiadas de implementar la democracia, siempre y cuando los partidos que gobiernen estén integrados por personas capaces, honestas y eficientes. Lo que no es el caso actual de Nicaragua, donde los partidos mayoritarios no son instrumentos para servir al pueblo y procurar el bienestar común, sino partidas de aventureros que se valen del poder para enriquecerse a expensas del trabajo ajeno y para imponer sus irresponsables ideas políticas y socioeconómicas.
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