Alejandro Bendaña

El acuerdo bilateral con EE.UU. es ilegal y no debe ser ratificado. Conforme el derecho internacional, ya existe un compromiso de Nicaragua de penalizar a quienes fuesen responsables de crímenes de lesa humanidad, de guerra o por actos de genocidio. El denominado acuerdo bilateral es un acuerdo de impunidad toda vez que se pretende exonerar a criminales de guerra y otros de los procedimientos contemplados en el derecho internacional. El Estatuto de Roma también ya forma parte del derecho internacional.

La historia de Nicaragua como la de otros países está repleta de tragedias de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, y otros crímenes masivos. Algunos cometidos por nicaragüenses y otros por la gran potencia. No se trata de desenterrar esa historia. De hecho, la Corte Penal Internacional no puede actuar retroactivamente.

Pero si se quiere contribuir a que la historia no se repita, y que criminal alguno en el futuro pueda gozar de impunidad. Para eso se establece la CPI a fin de no permitir que un Saddam Hussein o un Augusto Pinochet fueran exonerados por sus propios jueces. Pero es lo que EE.UU. actualmente se plantea, ponerse por encima de la ley a sus propios ciudadanos.

No hay peligro de extradición de nicaragüenses toda vez que funcione nuestro sistema de justicia y que los políticos no metan la mano para salvar a sus correligionarios. Los gobiernos y los diputados tienen la obligación de pensar en las víctimas de los crímenes cometidos que demandan justicia. La gran mayoría de países han firmado el estatuto, a pesar de la vehemente oposición de EE.UU., dando paso a una nueva época de justicia criminal internacional. Con el Estatuto de Roma se abren nuevos caminos para la reparación de las víctimas en situaciones que involucran violaciones masivas, donde las cortes domésticas o no tienen la voluntad o son incapaces de tratar con la severidad de los crímenes.

Si en vez de ratificar el acuerdo entreguista con EE.UU., nuestra Asamblea prepara el camino para ratificar el Estatuto de Roma se habrá dado un paso importante para disuadir a quienes, en Nicaragua, quieran cometer crímenes contra la dignidad humana o se quiera negar justicia y reparaciones a las víctimas. Tampoco se puede permitir que se vuelva refugio de quienes temen la justicia internacional.

Precisamente la CPI responde a la necesidad de la comunidad internacional de no quedarse de brazos cruzados ante situaciones en que los derechos humanos en los países donde la justicia parece estar sometida al poder político o al poder extranjero. Hay crímenes que merecen ser castigados independientemente de los sistemas políticos o de dependencia económica de los países.

Hay que ser congruentes. Si se ha dicho no a la inmunidad en lo relativo a la corrupción, hay que seguir el camino de la justicia y plantear un no a la inmunidad por crímenes que son mucho más graves. Si el sistema de justicia y la soberanía de Nicaragua pueden asegurar que las violaciones masivas de derechos humanos no queden impunes, entonces no hay por qué temerle a la CPI. Esta complementa, no sustituye, la función nacional.

Para países débiles es fundamental la ratificación del Estatuto de Roma a fin de evitar la posibilidad que la CPI se vuelva un escenario donde los países del Norte juzguen a los del Sur. La justicia debe ser pareja. Como afirmó el Secretario General de la ONU, “En la posibilidad de una corte internacional yace la promesa de la justicia universal”.

Otra cosa es la situación de los Estados cuyas aventuras internacionales abren la posibilidad que sus oficiales estén implicados en presuntos crímenes. Y bien, el que nos las debe, no las teme.

El autor es presidente del Centro de Estudios Internacionales