PGR investigará a abogados de Iniser
José Adán Silva
joseadan.silva@laprensa.com.ni
La Procuraduría General de la República decidió ayer analizar los expedientes de los casos en que ha intervenido y perdido, para ver si las actuaciones de los abogados que han llevado los casos no han sido realizadas con dolo y negligencia en perjuicio del Estado.
Según el vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), Sergio Boffelli, la mayoría de los casos que esa institución ha intervenido y que se han perdido, fueron heredados de la anterior Procuraduría General de Justicia con aparentes vacíos jurídicos.
“Esta Procuraduría quiere analizar los casos, expediente por expediente, para valorar cuál ha sido el trabajo de todos los abogados que han llevado el caso, no solamente de nuestros abogados, porque estos casos son heredados de administraciones anteriores y al perderse afectan los intereses del Estado nicaragüense”, dijo el vocero.
Actualmente la Procuraduría se encuentra perdiendo al menos cinco casos que aluden a los intereses del Estado, ya que de caerse definitivamente, el gobierno tendrá que pagar millones de dólares a las contrapartes.
Dentro de estos casos se encuentra el del Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros, Iniser, el cual está perdiendo una demanda de 14 millones de dólares contra su antiguo cliente Agroindustrial Azucarera Sociedad Anónima, la cual acusó a Iniser de incumplimiento de contrato en la cobertura de un seguro para una maquinaria que se quemó y que Iniser no reconoce como asegurada.
Sobre este caso en particular, la Procuraduría afirma que analizará a fondo para ver cuáles son las causas por las cuales los abogados de dicha institución han echado a perder el caso, tal y como lo dijeron las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia.
Además, la Procuraduría deslindó responsabilidades en el manejo del caso, al explicar que si bien ellos nombraron a la procuradora auxiliar María Mercedes Aguilar para que mediante dominio de tercería evitara el embargo de Iniser, el caso lo siguió llevando el cuerpo de abogados de la empresa de seguros.
De acuerdo con esta situación, la Procuraduría manifestó que podrían solicitar que las instituciones del Estado contraten a personal autorizado y entrenado por la Procuraduría General de la República, para ahorrarse grandes contratos con abogados particulares que “en muchos casos no garantizan los intereses de las instituciones del Estado”.
|
