La ley debe estar al servicio del hombre… y de la mujer
Violeta Granera Padilla
vgranera@worldbank.org
En los círculos en los que me muevo, es conocida mi posición en relación al polémico tema del aborto: creo que hay vida humana desde la concepción y por lo tanto que el aborto de un bebé debe entrar dentro del ámbito del derecho y el deber primario y fundamental del respeto a la vida humana. Sin embargo, en el caso de la niñita de nueve años violada y embarazada recientemente en Costa Rica, respaldo públicamente la decisión que han tomado los padres, apelando a la ley, de provocarle un aborto terapéutico. Y me siento obligada a compartir algunas reflexiones.
Creo que difícilmente una mujer recurre de manera ligera al aborto, y estoy segura de que aún cuando así lo hiciera, siempre se causa un irreparable daño a sí misma. Opino pues, que esta decisión se mueve en la frontera entre lo público y lo privado, entre la obligación del Estado de proteger la vida humana y la íntima conciencia de quienes provocaron el desarrollo de esa vida.
Por lo tanto, el Código Penal de Nicaragua, en su artículo 162, muestra un rasgo de humanidad al considerar los casos excepcionales que entran en el rango del aborto terapéutico. Sin duda el legislador de inicios de siglo estaba consciente de las debilidades humanas y de las peligrosas posibilidades que pueden presentarse a una mujer en estado de gestación, dejando por ello una salida legal a dichos casos. Mientras no se reforme el Código —y yo esperaría que no ocurriera— la decisión de los padres de la niña debería requerir para su implementación únicamente del dictamen de una Junta de Médicos. La ley debe estar al servicio del hombre y de la mujer. Y el espíritu de toda ley, norma o principio moral debería de ser, en mi opinión, el de contribuir con la felicidad o al menos, tratar de minimizar el sufrimiento humano en la mayor medida posible. Bajo esta perspectiva, la ley sin misericordia (que significa poner la miseria ajena en nuestro propio corazón) pierde su legitimidad y su valor.
El Código no establece como condición que nos pronunciemos las mujeres, ni que los ministerios intervengan, ni que todos los médicos den sus opiniones, ni que la Iglesia Católica juzgue el caso en las homilías dominicales. Pienso que todos podemos y debemos opinar sobre cualquier tema —y sin duda creo que hace falta mucho debate público sobre los dramas que a diario originan la cultura patriarcal en sus diversas manifestaciones—, pero me parece que la privacidad de la tragedia humana que estamos viviendo —y nada puedo imaginar más trágico y más humano— debería estar en el centro del respeto social a una familia que, aunque analfabeta y socialmente excluida, posee intrínsicamente a su condición humana, el derecho a levantar su propia voz y a tomar sus propias decisiones.
Siento que se ha dado muestras de insensibilidad al usar este indignante y repudiable hecho para esgrimir argumentos ideológicos o religiosos con muy poca conexión con el dolor de esta niña y su familia. Yo me pregunto si este hecho se hubiera ventilado de esta particular manera, en el caso de que la víctima no fuera una pequeña hija de emigrantes, soportando todo el peso de la pobreza, indefensa social y económicamente, doloroso y emblemático testimonio de la vulnerabilidad extrema a la que están sometidos nuestros niños y niñas. Aunque es bien sabido que dicha vulnerabilidad está presente en todos los estratos sociales de nuestros países, indudablemente los hijos y las hijas de la mayoría de los lectores de este articulo de opinión tienen muchas más posibilidades de recibir protección.
En mi caso personal, estoy segura que hubiera hecho valer todos los recursos que la ley me confiere para aliviar el trauma de mi hija y para evitar exponerla a ser jalonada y estigmatizada por opiniones diversas, las que, por muy respetables que sean, francamente no tienen ninguna autoridad por encima de los derechos que la patria potestad de los hijos confiere a cualesquiera padres de familia en situación similar. Por lo tanto, no puedo menos que solidarizarme con la dolorosa decisión de esta familia.
Mientras escribo estoy siendo informada que una junta de médicos del Hospital Vélez Paiz ha dictaminado alta peligrosidad para la niña en caso de que el embarazo progrese y en caso de que se interrumpa, y que por lo tanto los padres deben tomar la decisión final. Es decir, se trata de un claro caso de aborto terapéutico. En mi opinión, por lo tanto, si alguna discusión cabe continuar, ésta debería de ser alrededor de las medidas a tomar como sociedad para evitar que casos similares continúen repitiéndose. Si ya no se puede evitar el daño que esta niña y su familia han recibido, que al menos contribuya a un debate sobre preguntas claves para la sobrevivencia de Nicaragua como nación civilizada: ¿Cómo el Estado, una vez que los padres ejerzan su derecho a decidir, puede contribuir con el desarrollo humano de esta niña? ¿Cómo se va a manejar estos casos en el futuro? ¿Cómo evitar que la gente siga emigrando en condiciones de alto riesgo para los menores? ¿Cómo promover un debate serio y a fondo sobre el adultismo y su secuela en los jóvenes y niños? ¿Cómo inducir cambios culturales que prevengan la violencia —de todo tipo— que se ensaña en nuestros hijos e hijas? Es decir, un debate para encontrar respuestas e implementar decisiones comprometidas y solidarias en la lucha contra la pobreza material y espiritual que nos aqueja.
La autora es especialista en Desarrollo Social y Sociedad Civil, Oficina del Banco Mundial. 
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