El fatídico 6 por ciento
La asignación del 6 por ciento del Presupuesto de la nación para el financiamiento de las universidades públicas y algunas privadas, es un problema que de manera recurrente degenera en violencia callejera.
Pero es una minoría la que provoca los disturbios. Así se pudo apreciar en los del miércoles de esta semana, cuando no más de un centenar de activistas armados de morteros y bombas incendiarias —adquiridos seguramente con dinero del 6 por ciento— atacó el cuartel central de la Policía y se tomó durante varias horas la zona de la rotonda Rubén Darío, manteniendo de rehenes a las muchas personas que trabajan en ese sector. La mayoría de los estudiantes protestan de manera pacífica y muchos más permanecen ajenos a los actos de violencia, preocupados más bien por aprovechar la oportunidad de estudiar y prepararse apropiadamente.
Ahora bien, no cabe ninguna duda de que es injusta la asignación del 6 por ciento del Presupuesto —incluyendo las donaciones y préstamos extranjeros— para las universidades públicas y algunas privadas; pero no porque la educación superior no merezca esa asignación sino porque hay otras necesidades sociales más importantes, que sin embargo reciben asignaciones presupuestarias mucho menores, por la escasez de recursos del Estado.
En realidad, al margen de la polémica de cifras entre el Presidente de la República y los rectores del CNU, es obvio que la asignación estatal por estudiante universitario es menor en Nicaragua que en los demás países centroamericanos, aunque también, la producción y el ingreso de éstos son mucho mayores que los nuestros. De manera que comparativamente con la producción y el ingreso de cada nación centroamericana, la comunidad universitaria pública de Nicaragua es un estamento privilegiado, y además egoísta, porque lo único que le importa es su 6 por ciento mientras se disminuyen drásticamente las asignaciones para salud pública y educación primaria y secundaria.
La asignación por fuerza de ley del 6 por ciento del Presupuesto a las universidades públicas y algunas privadas, fue impuesta como una venganza perversa contra el nuevo gobierno democrático, después que el FSLN perdió las elecciones de 1990. La ley del 6 por ciento fue aprobada en el paquete de “leyes de la piñata sandinista” dictado entre el 26 de febrero y el 24 de abril de 1990, y fue constitucionalizado en 1995. O sea que es una obligación legal que el gobierno de la República debe cumplir sin necesidad de ser obligado por la violencia estudiantil que de todas maneras siempre termina doblegándolo.
Cuando estuvieron en el poder, los sandinistas redujeron a un 1.5 por ciento la asignación presupuestaria a las universidades, que durante la última época del somocismo era del 2 por ciento. Además los sandinistas liquidaron la autonomía universitaria, pero los estudiantes, profesores y rectores no protestaban, sino que se sometían dócilmente al yugo de los comandantes revolucionarios. Fue hasta que se estableció un gobierno democrático que los universitarios radicales se lanzaron a la calle a provocar disturbios en defensa de su cuantiosa tajada presupuestaria.
Mas, “dura es la ley pero es la ley” dice el aforismo latino que invocan a menudo los juristas, y esto significa que la característica esencial de la ley no es la de ser justa, equitativa y racional, sino simplemente ser ley y cumplirse de manera obligatoria.
De manera que en vez de regatear la asignación del 6 por ciento y dar pretexto a la violencia de los grupos universitarios radicalizados, el Gobierno debería entregarles lo que por ley les corresponde, y en cambio implementar una estrategia para, por ejemplo, obligar a las autoridades universitarias a rendir cuentas claras y públicas del dinero del pueblo que reciben; hacer que los universitarios retribuyan con trabajo social parte de lo que reciben gratuitamente; y promover una reforma legal para que el 6 por ciento se le entregue a los estudiantes directamente —y que ellos escojan en qué universidades quieren estudiar—, y no a la burocracia académica y estudiantil que es la que recibe ahora la cuantiosa asignación presupuestaria.
De otra manera el país seguirá condenado a seguir soportando la violencia callejera y las agresiones de los activistas estudiantiles que defienden su fatídico 6 por ciento. 
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