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| JUEVES 20 DE FEBRERO DEL 2003 / EDICION No. 23008 / ACTUALIZADA 02:30 am |
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| Lo último Policía admite haber "pecado" en tráfico de armas Padres deciden la opción del aborto a niña embarazada Nueva denuncia por violación y embarazo de niña de once años en Costa Rica Por FILADELFO ALEMAN MANAGUA (AP) _Los padres la niña embarazada han decidido por el aborto terapéutico y la operación podría realizarse el jueves, informaron fuentes allegadas a la familia. En esta forma, los padres estarían desafiando la posición del Ministerio de la Familia que ha optado por tratar de salvar la vida de la nniña y de su hijo, y ``podrían ser acusados por el Estado'', dijo un vocero del ministerio. La abogada de la Red de Mujeres Contra la Violencia, Juanita Jiménez, dijo a la AP el jueves que la operación se realizará posiblemente en una clínica privada de la capital, la cual no identificó. Agregó que se tiene como ''última opción'' el posible envío de la niña a Cuba, para lo cual han obtenido ya salvoconducto de la Dirección General de Migración y Extranjería y hecho arreglos con la embajada cubana en Managua. Jiménez explicó que ``se actuará conforme a la decisión de sus padres y conscientes del dictamen de una comisión médica que declaró el martes que la niña corre igual riesgo bajo aborto o sin aborto''. ``Sabemos que se corre un alto riesgo, pero confiamos en Dios, en los médicos y en la fuerza de la niña para sobrevivir'', dijo. ``Por seguridad de ella y para aliviar su estrés la mantenemos en un lugar seguro y discreto'', agregó. El vocero del Ministerio de la Familia, Luis Pineda, dijo a AP que los padres de la niña ``se arriesgan a ser acusados por el Estado en caso la niña sufra daños irreparables o el hijo que está por nacer''. El Ministerio de la Familia advirtió en un comunicado que ``el conjunto de derechos y deberes que constituyen la patria potestad de los progenitores respecto a sus hijos menores de edad no es absoluto, está limitado por el interés superior del niño consignado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia''. El presidente Enrique Bolaños dijo el miércoles que la comisión médica que examinó a la niña el martes ``tendrá que opinar y decidir sobre su futuro y del ser que está por nacer'', pero señaló que ``lo mas importante, (es) lo que decida la madre de la niña que tiene la patria potestad''. Mientras tanto la Conferencia Episcopal de Nicaragua dijo en un comunicado que ``el aborto va más allá de la responsabilidad de las personas concretas y del daño que se les provoca asumiendo una dimensión fuertemente social''. Las actuales leyes nicaragüenses permiten el aborto en caso en que peligre la vida de la madre o malformación del feto, previa prescripción de una junta de tres médicos especialistas y el consentimiento del pariente más cercano. Una reciente reforma del Código Penal, a ser discutida en la próxima legislatura, reforma la ley dejando el consentimiento a la madre. Clínica española ofrece aborto a padres nicas Madrid, 20 feb (EFE).- Una clínica española se ofreció hoy a correr con todos los gastos del traslado y la interrupción del embarazo de la niña nicaragüense de 9 años violada en un cafetal de Costa Rica. El caso de la pequeña ha traspasado las fronteras de su país, después de que una comisión médica oficial emitiera el miércoles un segundo dictamen en el que ni aprueba, ni rechaza, que la menor aborte. El informe médico elaborado en Nicaragua señala "que el embarazo de la menor es de altísimo riesgo y que su vida estará en peligro en todo momento, porque se encuentra en un callejón sin salida", dijo el secretario general del Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA), Enrique Alvarado. Los padres de la pequeña habían anunciado que si el MINSA no autorizaba un aborto terapéutico, acudirían si fuera necesario al extranjero para que su hija, embarazada de unas quince semanas, abortara. En Managua, el director de Migración y Extranjería, Rodolfo Toruño, informó de que extendió salvoconductos a la niña y a sus padres para que puedan salir de su país, aunque únicamente hacia otras naciones de Centroamérica, México, la República Dominicana o Cuba. La clínica Dator de Madrid en colaboración con la Red Española de Mujeres contra la Violencia (REMV), en contacto con su homóloga en Nicaragua, confirmó hoy a EFE su disposición a hacerse cargo de la interrupción del embarazo de la niña. La portavoz del centro médico, Victoria Virtudes, explicó a EFE que "si allí no se le practica el aborto, Dator se hace cargo tanto del viaje, como de la estancia y la intervención". El ofrecimiento, agregó la portavoz, ya ha llegado a los familiares de la pequeña a través de la Red de Mujeres contra la Violencia. El aborto es una práctica prohibida en Costa Rica (lugar donde se cometió el delito), mientras que en Nicaragua la ley lo permite en casos concretos, como cuando está en peligro la salud de la madre. Virtudes consideró que el principal problema es el "atosigamiento" al que está sometido la familia "por parte de la Iglesia" y la "dilatación del caso que llevan a cabo las autoridades" con el fin de que no se pueda realizar el aborto. La Iglesia católica en Costa Rica presionó a las autoridades para que se negara la salida del país a la niña. En España, el arzobispo de Zaragoza Elías Yanes, se pronunció en contra de permitir el aborto a esta niña y argumentó que "no se puede admitir que para salvar a un ser humano haya que matar a otro ser humano". No obstante, el arzobispo español declaró a la prensa que el caso de la niña merece toda la solidaridad de la Iglesia católica. La portavoz del centro médico, el primero legalizado en España para la práctica de abortos, dijo que una interrupción del embarazo en una niña de 9 años conlleva, desde el punto vista médico, menor riesgo que una gestación a término. Victoria Virtudes agregó que el centro médico, que practica entre 6.000 y 7.000 interrupciones de embarazos al año, tiene ya experiencia en realizar abortos a niñas de 10 y 11 años. En opinión de algunos expertos españoles en psicología y psiquiatría infantil, los riesgos para la pequeña no son sólo físicos sino también mentales, ya que si el cuerpo de una niña de esa edad no está preparado para un embarazo, menos puede estarlo a nivel emocional. El Defensor del Menor de Madrid pide que España medie en el caso de menor violada MADRID.- El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid ha pedido a la Sanidad española que medie en el caso de la niña nicaragüense embarazada y con numerosos obstáculos para abortar en su país. Pese a las ofertas enviadas desde España para que aborte aquí, los padres y la niña sólo han obtenido salvoconductos para viajar a Centroamérica, México, República Dominicana o Cuba. Pedro Núñez Morgades recalcó que "ante este caso extraordinario" nadie puede permancer con los brazos cruzados. "Algo tenemos que hacer", aseveró. En este sentido, apuntó la posibilidad de que las autoridades sanitarias, en concreto la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pueda hacer algún ofrecimiento a Nicaragua a través de la vía diplomática "para librar a esa niña de esas condiciones que hoy están impidiendo su intimidad, la serenidad en la adopción de la medida más adecuada y la inmediatez en la adopción de esa medida". Los médicos señalan que la vida de la niña corre serio peligro tanto si sigue adelante con el embarazo como si lo interrumpe. Según Nuñez Morgades, alrededor de esta menor no se están dando las condiciones sociales necesarias para, con serenidad, tomar una decisión. La falta de determinación del Ministerio de Sanidad nicaragüense fue duramente criticada por las líderes de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), con el argumento de que el diagnóstico ambiguo obedece a la tradicional "negligencia" del ministerio, y a "influencias" de la Iglesia Católica. Críticas a las autoridades de Nicaragua La asesora legal de la RMCV, Juana Jiménez, denunció ayer en una rueda de prensa que el Estado de Nicaragua viola abiertamente la Constitución, que le ordena garantizar la salud de la ciudadanía, "máxime en este caso, que se trata de una niña en alto riesgo". Jiménez denunció también al Ministerio de la Familia por "señalar en forma dolosa" que el padre de la niña no es su padre biológico, sino su padrastro. Agregó que esa institución además "manipula a la opinión pública, con la versión de que el padre de la menor, como padrastro es el más interesado en que la niña aborte, y como una forma de querer decir que es él quien abusó de la menor". Mediación por vía diplomática Jiménez confirmó que la RMCV tiene ofrecimientos de ginecólogos internacionales, como la Asociación Internacional de Ginecología de Boston (EEUU), para que un especialista viaje a Nicaragua "para garantizar el procedimiento (aborto) en forma adecuada y científica". Bertha Inés Cabrales, también dirigente de la RMCV, reclamó a la Iglesia católica que cumpla con el precepto constitucional que afirma que Nicaragua es un Estado laico, porque "los valores religiosos son de competencia interna de sus templos". "También exigimos a la Fiscalía General de la República, que representa a las víctimas, a que se persone ante las autoridades de Costa Rica para que este caso no quede impune, como otros miles que hemos acompañado", agregó. Una comisión permanente de la Asamblea Nacional de Nicaragua informó de que enviará a Costa Rica, en fecha no precisada, una delegación que demande a las autoridades costarricenses justicia para la niña. El presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, declaró el miércoles que el futuro de la niña y del feto está en manos de los médicos que tienen que emitir opiniones. Tomado de El Mundo.es Nueva denuncia por violación y embarazo de niña de once años La denuncia por la violación de la menor fue presentada ayer por el padre de la niña en la delegación del Organismo de Investigación Judicial de Liberia, al norte de países, después de que fuera examinada en el hospital de la localidad. Según los médicos, la niña tiene entre 13 y 15 semanas de embarazo, y las investigaciones policiales señalan que fue violada por un hombre que se hospedó en su casa, en el poblado de Santa Cecilia de La Cruz, a pocos kilómetros de la frontera con Nicaragua. Vanessa Montiel, doctora que atendió a la menor en el hospital, afirmó a la prensa que su estado de salud es normal y bueno, sin embargo aclaró que recibirá apoyo psicológico hasta el momento en que de a luz. La pequeña, quien aseguró que quiere tener al bebé, contó que fue violada por un joven nicaragüense de 22 años, que estuvo en su casa por unos días pues su padre lo contrató para realizar algunas actividades agrícolas. La policía sospecha que el hombre, conocido como Marco, sorprendió a la niña una noche y abusó de ella, y tras amenazarla de muerte repitió el hecho en varias ocasiones. Ella guardó silencio hasta que se reveló el resultado de los exámenes médicos el pasado martes. "Marco" llegó a la casa de la menor el 12 de octubre del año pasado y se marchó sin decir nada el 19 de noviembre, pero la policía presume que se dirigió a Nicaragua. Este es el segundo caso de violación y embarazo de una menor en lo que va del año. El primero fue el de una niña nicaragüense de nueve años, que fue supuestamente violada por un agricultor costarricense de 20 años que actualmente cumple tres meses de prisión preventiva. Los padres de esta niña regresaron a Nicaragua, donde empezaron una lucha para que se le practique un aborto terapéutico a causa de los peligros que representa un embarazo a su corta edad. Policía admite haber “pecado” en tráfico de armas Panamá, 20 feb (ACAN-EFE).- El director policial de Nicaragua, Edwin Cordero, reconoció hoy en Panamá haber "pecado por exceso de confianza" al haber entregado a la compañía GIRSA un cargamento de armas de guerra, supuestamente comprado a nombre de la Policía de Panamá, y que terminó en poder de grupos armados colombianos. "Hemos pecado por exceso de confianza", reconoció Cordero a un grupo de periodistas en un hotel de esta capital consultado por una reacción al informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), que investigó este caso. El informe de la OEA concluyó, tras una investigación de varios meses, que Panamá no estaba involucrada en este tráfico de armas y que las autoridades nicaragüenses son "culpables de negligencia, por no haber comprobado si la policía panameña era verdaderamente el comprador final en el intercambio de armas. El escándalo de las armas estalló el 21 de abril del año pasado, cuando el diario colombiano "El Tiempo" publicó que en noviembre del 2001 se introdujeron a ese país 3.000 fusiles AK-47 y unos cinco millones de cartuchos "procedentes de Nicaragua", en el barco de bandera panameña "Otterloo", con destino a Colombia. Los empresarios israelíes Oris Zoller y Uzi Kisslevich, representantes de la empresa GIRSA que negoció la transacción de las armas, declararon a la prensa a finales del año pasado que la Policía de Panamá les había contratado para concretar el negocio. El director de la Policía Nacional, Carlos Barés, ha negado en diversos foros la complicidad de su institución y ha entregado a la prensa copia de los documentos usados por los empresarios, que resultaron ser falsificados. Barés ha dicho que el buque transportó las armas en 14 contenedores y ha destacado que éstas nunca estuvieron en Panamá, sino que salieron de Nicaragua directamente a Colombia. Edwin Cordero indicó que si los ejecutivos de GIRSA pisan suelo nicaragüense serán detenidos y llevados a la cárcel. Puso de relieve que "desde hacía muchos años" la Policía de Nicaragua había venido negociando con la compañía GIRSA y que nunca habían tenido un problema. Cordero indicó que el escándalo de las armas no ha afectado los "fraternales lazos" que unen a la Policía de Nicaragua con la de Panamá y que, prueba de ello, es su participación hoy, en esta capital, en la X reunión de jefes policiales de Centroamérica y el Caribe, que inauguró la presidenta, Mireya Moscoso. |