Solicitan destitución de funcionarios ticos
Josué Bravo Corresponsal de LA PRENSA sucesos@laprensa.com.ni
SAN JOSÉ COSTA RICA.- Ocho organizaciones feministas de Costa Rica, pidieron la destitución de Rosalía Gil, Presidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y de Mario Víquez, Defensor de la Niñez, por considerar que ambos fueron incapaces de defender los derechos de bienestar y salud integral de la niña de nueve años, embarazada producto de una violación.
Mediante un comunicado remitido a la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa, estas organizaciones también exigen que se realice una investigación exhaustiva para que se establezcan responsabilidades y sanciones a los culpables de violar el derecho a privacidad y a la protección de la imagen de la infante.
Las feministas aseguran que la niña fue atendida médicamente con el fin prioritario de no arriesgar su embarazo, sin tomar en cuenta su salud y bienestar integral, ya que a sus padres no les informaron de los riesgos inmediatos y futuros que enfrentaba.
Agregan que tampoco se les informó a los padres sobre las infecciones de transmisión sexual detectadas en la menor, ni de sus riesgos y tratamientos, y que ignoraron durante su estadía en Costa Rica si estas enfermedades “fueron tratadas o no”.
Señalan que los médicos del Hospital de Turrialba descartaron la interrupción del aborto terapéutico por estar sólo permitido en caso de que la vida de la madre corre peligro y que la niña ya había cumplido los tres meses de gestación, lo cual es falso.
“Pues el artículo 121 del Código Penal de Costa Rica permite este tipo de intervención en caso de riesgo para la vida o salud de la mujer y no establece límite de tiempo para ser ejecutado”, argumentan.
Mario Víquez indicó que la Defensoría de la Niñez actuó como un ente contralor, respetando los diversos procesos y dictámenes de los especialistas encargados de su tratamiento físico y psicológico.
Indicó que como organismo defensor, nunca estuvieron de acuerdo a que se le aplicara un aborto terapéutico a la menor.
“Me parece bien que la sociedad demande o exija transparencia de la labor de los funcionarios públicos, pero aquí hay una diferencia de criterios en cuanto al aborto... en este caso siempre se sostuvo un interés de preservar la seguridad de la niña. Me parece que es una intromisión de opinar en algo que no (les) corresponde observar como es el caso de la niñez”, expresó Víquez.
CON LA CONCIENCIA TRANQUILA
Por su parte Rosalía Gil aseveró que el PANI siempre le brindó un tratamiento a este caso de manera integral. También señaló que ella tiene la conciencia tranquila y que está dispuesta a ser investigada por las instituciones que sean pertinentes. 
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