Las autoridades gubernamentales no han hablado de nuevo sobre las previsiones para enfrentar una crisis en el suministro de petróleo, ante los graves problemas que aquejan actualmente a Venezuela y la eventualidad de una segunda guerra del Golfo en el caso de que finalmente Estados Unidos y sus aliados decidan asestar un contragolpe al terrorismo internacional en Irak.

Se ha dicho que hay un proyecto de ley del Ejecutivo para suspender o derogar el llamado “impuesto patriótico” a las importaciones colombianas, que está vigente desde fines de 1999, a fin de facilitar el suministro de petróleo de Colombia a Nicaragua en caso de una emergencia por la crisis en Venezuela y la probable guerra en Irak.

Después, con motivo de la participación del vicepresidente José Rizo en la toma de posesión del nuevo Presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, se habló de que se gestionaría la adquisición de petróleo ecuatoriano para atender las necesidades de Nicaragua en caso de una emergencia.

Pero no se informó posteriormente a la población si las mencionadas iniciativas se convertirán en realidad, y si podrían ser viables y eficaces para enfrentar una, al parecer, inminente emergencia en el suministro de petróleo. Inclusive, el presidente Enrique Bolaños viajó el martes de la semana pasada a Panamá, donde todos los presidentes centroamericanos se reunieron con su colega colombiano, Álvaro Uribe para condenar el acrecido terrorismo en Colombia, y sin embargo el Gobierno no informó si el Presidente abordó con Uribe el asunto del posible suministro de petróleo colombiano a nuestro país.

Por otro lado, a pesar del relativo endurecimiento que algunas potencias europeas hicieron el lunes de esta semana a su posición con respecto a Irak —a fin de presionar más fuertemente al régimen de Saddam Hussein para que se desarme sin condiciones y sin necesidad de que Estados Unidos y sus aliados democráticos lo golpeen militarmente—, la posibilidad de un nuevo conflicto bélico en el Golfo Pérsico sigue a la orden del día.

En realidad, Estados Unidos y sus aliados, así como el Consejo de Seguridad de la ONU, no pueden permanecer impasibles ante la reiterada burla de Saddam Hussein a los acuerdos 14-41 de dicho organismo, mediante los cuales se ordenó al gobierno de Irak que abra sus arsenales y se desarme ante la autoridad internacional.

La guerra del terrorismo mundial contra la humanidad —particularmente contra Estados Unidos, que es el baluarte fundamental de la democracia y la libertad en el mundo—, comenzó el 11 de septiembre del 2001 con los ataques terriblemente destructivos y asesinos contra Nueva York y Washington D.C.; continuó con otros ataques terroristas de impresionante salvajismo en diversas partes del mundo, como el de Bali, Indonesia; y podría extenderse por todo el planeta si las potencias democráticas aliadas no actúan ahora enérgicamente contra Saddam Hussein, como contra golpearon después del 11 de septiembre a los talibanes de Afganistán, y como tendrán que hacerlo contra otros países, gobiernos y organizaciones que son refugio y cómplices del terrorismo.

El precio que Nicaragua podría pagar por la ampliación a Irak de las acciones bélicas de Estados Unidos y sus aliados democráticos en rechazo a la guerra agresiva del terrorismo contra la humanidad, sería mínimo. Significaría sobre todo una reducción del suministro de petróleo y un mayor aumento en los precios de los combustibles, que de todas manera suben casi semanalmente. Pero aunque éstas sean consecuencias mínimas en comparación con los costos inmensos que deben pagar los países que son blanco directo de la guerra del terrorismo mundial contra la humanidad, el Gobierno y la sociedad deben tomar las medidas precautorias apropiadas para hacerle frente a la emergencia.

¿Cuáles y cuántas son las reservas de combustible que hay en el país? ¿Tenemos suficiente gasolina, diesel y búnker al menos para tres meses, o en 30 días el país quedaría paralizado por la emergencia petrolera? ¿Qué medidas están previstas para el uso racional de las reservas de combustible? ¿Cómo se piensa preparar a la población si ni siquiera se informa sobre la política energética del país?

El Gobierno no debería seguir guardando silencio sobre este problema que es de interés vital para todo el país en general y para cada nicaragüense en particular.  

¿Emergencia petrolera?