Premisas inmutables y lo políticamente incorrecto
Roberto Porta-Córdoba
rporta@inatec.edu.ni
La última propuesta presupuestaria enviada por el Ejecutivo al Legislativo ha copado la opinión pública en las últimas semanas. Dentro de la amalgama de argumentos, los factores comunes han sido el aspecto económico, la ayuda externa y el impacto que una aceptación o rechazo tendrían en nuestro déficit.
El señalamiento principal del Gobierno ha sido que, de rechazarse su propuesta, la cooperación externa daría sus espaldas a Nicaragua por considerar que se habrían alterado las reglas del juego, lo que los diputados refutan argumentando que existen alternativas para financiar el déficit sin afectar el flujo de cooperación ni las modificaciones hechas por la Asamblea.
Indudablemente, este impasse será superado, y las consecuencias de cualquier decisión que tomen los diputados, serán palpables de inmediato. Sin embargo, lo que no se puede seguir obviando y que ha permanecido en el congelador por demasiado tiempo es un trío de premisas inmutables: el costo de haber legitimado propiedades confiscadas a inicios de los 90’s; la quiebra de bancos; y la dependencia de la cooperación externa.
Lo que algunos llaman “piñata” y otros justifican como una “solución coyuntural prudente” o de “pago justo por el sacrificio revolucionario” ha costado al Estado nicaragüense 970 millones de dólares, o sea más de 14 mil millones de córdobas. Como es sabido, la indemnización por estas confiscaciones ha sido pagada con los impuestos del pueblo nicaragüense. Es decir que el beneficio de esa “solución coyuntural prudente”, además de ser carísimo, no ha salido de las entrañas de lo abstracto o de un banco de segundo piso, sino del cheque quincenal de cada trabajador que paga impuestos y de cada IGV que se le cobra.
La quiebra fraudulenta de siete bancos desde 1995 fue también absorbida por el Estado. Las pérdidas suman ya 347 millones de dólares, o cerca de 5,188 millones de córdobas. Cuando combinamos las sumas por indemnización con las de los bancos arruinados, nos aproximamos a los 20 mil millones de córdobas, suficiente para cubrir el déficit presupuestario de 5 años.
Es de esperarse que la sed por la cooperación externa esté intrínsecamente ligada a las dos premisas anteriores. Este año, los más de 4 mil millones de córdobas que la comunidad internacional estaba dispuesta a donar antes de los cambios hechos al Presupuesto por los diputados, iban dirigidos a paliar ese déficit, el cual sería módico si el Estado nicaragüense no hubiera tenido que asumir esos monumentales compromisos de pago desde hace una década.
Actualmente, los actores políticos podrán debatir exhaustivamente sobre la naturaleza del Presupuesto nacional y alcanzar un consenso, pero es urgente que el sistema judicial, que ha fortalecido indudablemente su prestigio, localice con nombre, apellido y dirección a todos aquéllos que de alguna manera contribuyeron a la debacle aquí descrita.
¿Cómo aducir injerencia de parte de la comunidad internacional cuando los mismos nicaragüenses hemos creado esa enorme deuda que somos incapaces de pagar porque el país no produce lo suficiente? ¿Cómo se puede culpar de este desastre los salarios devengados por el Gabinete actual, cuando los salarios de las administraciones anteriores eran casi el doble de lo que hoy percibe un ministro? Aun así, asumiendo que cada ministerio paga a su ministro y viceministro un total combinado de 12,000 dólares mensuales, al multiplicar esta suma por los doce ministerios y luego por los trece meses laborales resulta un total de 1.87 millones de dólares, o sea apenas un 1.85 por ciento de los 101 millones anuales que ha gastado el Estado por indemnizaciones y quiebras de banco, o un 0.14 por ciento de los 1,317 millones de dólares pagados en los últimos trece años. ¿Ministros culpables? Difícilmente.
Lo peor es que —hoy día— la simple mención de estas premisas se ha convertido en un tabú. Al ciudadano que las invoque se le tilda rápidamente de “revanchista”, “momia política”, “imprudente peligroso” o de “políticamente incorrecto”. ¿Por qué? Una cosa es que nuestra clase política haya madurado y acepte convivir con ideologías adversas. Otra es que, en aras de perdonar, se terminen omitiendo de nuestra historia premisas invaluables que servirán tarde o temprano para abrir causas judiciales. En un país económicamente sano, la omisión pasaría desapercibida. Pero en nuestro caso, con una economía vapuleada, sangrante y comatosa, la recuperación de estos miles de millones debería ser otra de nuestras premisas inmutables, para garantizar que en un futuro la introducción de una propuesta presupuestaria no sea atractivo de ocho columnas, ni mucho menos de vergonzosas negociaciones políticas.
El autor es Director Ejecutivo de Inatec. 
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