En Nicaragua hay de nuevo 30 partidos políticos debidamente constituidos, como consecuencia de la resolución del Consejo Supremo Electoral (CSE) de restablecer la personalidad jurídica de los partidos a los que se les canceló en el año 2000.

Como se recordará, casi todos los partidos políticos que existían en Nicaragua fueron eliminados por el pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, quienes acordaron repartir las instituciones del Estado entre sus dos partidos (PLC y FSLN) y suprimir toda competencia política. De manera que aparte de esos dos partidos, sólo el Partido Conservador pudo participar en las elecciones del 2001, en forma independiente, y eso que por presiones internacionales.

Según algunos analistas y observadores políticos, la decisión de resucitar a los 26 partidos podría ser una maniobra del FSLN para dispersar el voto antisandinista y tener mejores posibilidades de ganar las próximas elecciones presidenciales, que tendrán lugar en el año 2006. Pero la verdad es que esa resolución se adoptó en cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, y no fue aprobada sólo por los magistrados sandinistas del CSE, sino también por los liberales, que son mayoría en el Poder Electoral.

También se dice que es muy perjudicial para el sistema político democrático que hayan tantos partidos, y que a lo sumo son 6 las corrientes ideológicas que fluyen en el país: liberal, sandinista, conservadora, socialcristiana, socialista o socialdemócrata, y comunista.

Pero, a nuestro juicio, lo malo no es que existan muchos partidos políticos, sino que sus campañas electorales partidistas sean financiadas con dinero del Estado sin tener ellos suficiente respaldo popular. Que haya una amplia oferta de partidos es lógico y necesario, puesto que la sociedad es realmente plural en todos sus aspectos: social, económico, cultural, étnico, religioso y político.

Ciertamente, en una sociedad libre y democrática la libertad de asociación política tiene que ser irrestricta, salvo que fuese para fines ilícitos y para perjudicar los derechos de las demás personas. El pluripartidismo es indispensable para que la democracia pueda funcionar apropiadamente, es decir, para garantizar la participación política de todos los ciudadanos y que las elecciones sean no sólo libres sino también competitivas.

Es falso que la existencia de muchos partidos disperse la voluntad política de la sociedad y que confunda a los electores a la hora de votar. Los ciudadanos son personas adultas, conscientes y responsables de sus actos, son fieles a sus opciones partidistas o saben escoger la que mejor les parezca, sobre todo donde hay libertad de expresión y todos los partidos y candidatos pueden difundir sus programas y promesas y competir libremente por el voto de los electores. Esto quedó palmariamente demostrado en las elecciones de 1996, cuando participaron 24 partidos pero sólo dos (el PLC y el FSLN), concentraron el 90 por ciento de los votos.

Y tampoco es válido el argumento de que entre más partidos hay las elecciones son más costosas, pues, como es bien sabido, en los últimos comicios nacionales de Nicaragua, en el 2001, debido al pacto entre Alemán y Ortega sólo participaron 3 partidos, pero fueron los más caros de toda la historia nacional.

La libertad de las personas debe estar por encima de todo. Y respecto a los partidos políticos lo único que puede y debe hacer el Estado es regular su constitución y su participación en las elecciones; establecer un umbral de representación (porcentaje de firmas de ciudadanos en relación con las últimas elecciones para autorizar un nuevo partido, o de votos para participar en la siguiente campaña electoral); entregarles el financiamiento de sus campañas electorales hasta después de los comicios y sólo a los que recibieron el 4 por ciento de los votos que establece la Constitución para conservar la personalidad jurídica; y supervisarlos para que las cúpulas partidistas no abusen de los recursos y los derechos de sus afiliados.

Si vivimos en una sociedad democrática y libre son los ciudadanos, y no el Estado, los que deben decidir con sus votos si únicamente dos partidos se alternan en el ejercicio del poder público, y cuáles organizaciones políticas deben tener o no cuotas de representación en la Asamblea Nacional y en los consejos municipales y regionales.  

Pluripartidismo y democracia