Bancos en la mira del Fisco
Gabriel Sánchez Campbell
gabriel.sanchez@laprensa.com.ni
El 15 de julio de 1996 se informaba del colapso económico del Banco Europeo Centroamericano, el Beca. Era un caso aislado o al menos eso parecía antes de desatarse la avalancha de quiebras que dejarían al Sistema Financiero Nacional sin ocho entidades bancarias en menos de seis años.
Para la estabilidad económica del país, las quiebras bancarias por malos manejos, estafas y una serie de irregularidades, pudo significar un desbarajuste apoteósico que incluso hubiese ocasionado el descalabro del Sistema Financiero Nacional de donde salieron más de 500 millones de dólares. Pero no fue así, la emisión de Certificados Negociables de Inversión, mejor conocidos como Cenis, lo impidieron.
Sin embargo los bancos que tenían liquidez y apostaban comprar los Cenis bancarios mantendrían una condición: Que los títulos emitidos por el Estado podrían ser usados como escudos fiscales para evitar el pago del Impuesto Sobre la Renta (IR).
Esto por la exención que hace la Ley del IR, título segundo, concepto de ingresos no gravables, correspondiente al artículo 13, inciso f y además por la resolución administrativa 05-01 que así lo disponía, por “órdenes de arriba”, según lo dijo una fuente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que solicitó el anonimato, “todo por salvar la estabilidad económica”, aseguró.
La situación era difícil pero en esos precisos momentos Nicaragua tenía que buscar una salida rápida y efectiva que impidiera que el país incumpliera con el Programa de Ajuste Estructural, conocido como Esaf, por sus siglas en inglés, negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por lo tanto debía garantizarse la estabilidad económica, misma que el país no podría soportar por mucho tiempo si las reservas internacionales bajaban, si los ahorros de los depositantes se fugaban al exterior por falta de confianza en el Sistema Financiero, situación que hubiese hecho que la inflación se disparara al 500 por ciento y que actualmente tuviésemos tasa de interés hasta del 50 por ciento, señala Carlos Briceño, gerente general del Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro).
¿PEOR MEDICINA QUE ENFERMEDAD?
Aunque la emisión de títulos eran sólo un mecanismo de mercado que pretendía resolver la crisis del Sistema Financiero en ese momento, años después sería una medicina que dejaría un trago largo y amargo.
Mario Flores, actual gerente general del Banco Central de Nicaragua, sostiene que en el momento que fueron emitidos los títulos de valor, se siguió el mismo paso que en las demás emisiones: La subasta con sobre cerrado.
“Se han utilizado estos mecanismos de mercado para resolver una crisis bancaria que afortunadamente se logró evitar que no se fuera el Sistema (Financiero), porque si se hubiera ido el sistema Nicaragua no estaría en estas circunstancias ahora. No hay que perder de vista que se logró aislar los problemas de la crisis a los bancos con problemas y se lograron aislar; no hubo contagio a los otros bancos porque si no se hubiera llevado al Sistema”, justifica.
Cada banco interesado en la compra de los bancos intervenidos presentó su propuesta en un sobre sellado, la menor tasa de interés se quedaba con la cartera del banco y lo respaldaban un monto en bonos emitidos por el BCN.
Las propuestas que hacían los bancos a las juntas liquidadoras para la compra de los activos de las otras entidades quebradas haría que el banco elegido se hiciera cargo de los depósitos de los clientes, a cambio, la brecha entre los depósitos y préstamos del banco que se compraba era ofrecida a un monto determinado.
La cantidad de la brecha era lo que el BCN cubría con los Cenis y la entidad financiera que ofrecía menor tasa de interés, era la que cerraba el negocio.
Con estas operaciones se emitieron 5,434.7 millones de córdobas, con una tasa de interés que diferían de banco a banco. Por ejemplo la tasa de la brecha cubierta por el BCN tras la quiebra del Banco del Café (Bancafé) fue a una tasa del 9.48 por ciento y la del Banco Mercantil a 7.48 por ciento.
Y a como sostiene el refrán que dice “nada es gratis” al país le tocó pagar un alto precio porque las disposiciones administrativas bajadas del Gabinete Económico, presidido por Noel Ramírez en el Gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán, serían las más criticadas.
¿LIBRES DEL IR?
Según Róger Arteaga, titular de la Dirección General de Ingresos (DGI), mediante disposiciones administrativas en los gobiernos de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro y de Arnoldo Alemán, ese escudo fiscal de los bancos fue un mecanismo para no pagar IR.
“El escudo significa que se podían tener ganancias financieras, pero pérdidas fiscales, entonces no pagaron impuestos. En el (período fiscal) de 1999 al 2000, 2000 al 2001 y 2001al 2002, en esos tres años (los bancos no) pagaron IR, porque ya no fueron cubiertos por la disposición administrativa” la cual permitió desde 1999 que se utilizara el escudo fiscal hasta que fue derogada en mayo el año pasado, algo que para los banqueros fue un cambio de reglas, según afirmó el gerente del Bancentro.
“La ley del Impuesto sobre la Renta está confusa en estos momentos, porque cambiaron una palabrita, de préstamos a deuda”, comenta Briceño.
Asegura que en 1998 se decía que todos los intereses de los préstamos, estaban totalmente garantizados por certificados de inversión. “Ahora dicen que el dinero que un ahorrante pone en el banco es una deuda. (Pero) no es una deuda. Tengo la obligación de regresarte los fondos, pero vos estás apostando en el banco para que trabaje tu dinero, entonces la definición de banco es intermediación de los depósitos del público”, sostiene Briceño.
Pero el problema no está en quién ahorra o cómo usan el dinero sino en los cálculos que se hacen para las deducciones de este impuesto.
Según Arteaga cuando los banqueros hacen los cálculos sobre las declaraciones anuales de ingresos ellos tienen ganancias financieras (de dinero), pero tienen pérdidas fiscales (por operaciones en los papeles), eso gracias al “escudo”, “entonces como el escudo les deja pérdidas ellos no pagan IR, incluso hasta 1999 hay disposiciones administrativas de la DGI que se acepte los cálculos que ellos hacen, por lo que no pagaron impuestos”, riposta.
Asegura que hay documentos donde los directores de la DGI de ese momento ordenan por instrucciones del Gabinete económico calcular de esa forma sus utilidades de tal manera que resultaran con pérdidas fiscales. “Fue una disposición del 2001. Ya no podemos cobrarles por eso”, sostiene Arteaga.
NUEVA INTERPRETACIÓN DE LA LEY
Después de eso surge una interpretación a la Ley del IR en la cual se establece la forma cómo se hará el cálculo para el pago de este impuesto y es aquí donde se estancan las cosas.
Según Briceño, si se hace una interpretación de la Ley y se determina, se aclara “y resulta que se va a pagar impuesto, entonces se va a pagar impuesto... Pero eso sí, nuestro punto es que ese aporte que hizo el Sistema Financiero, que son de 352 millones de córdobas, que son los anticipos del IR, el aporte a la Superintendencia de Bancos, al Fogade (Fondo de Garantía de Depositos) —todo lo que hemos pagado— que Hacienda nos diga cuánto es lo que pagamos por impuesto y que ellos se encarguen de mantener a esas instituciones”, sostuvo.
Este argumento de Briceño, señalado por otros banqueros, ha sido severamente criticado por diputados y economistas independientes, pues aseguran que todas la contribuciones que citan surgen de los mismos depósitos del público.
Arteaga dijo que pese a que los bancos tienen disposición para pagar, el problema ha sido que “los gobiernos anteriores les dieron esa discrecionalidad (para hacer los cálculos del pago del IR a como mejor les convenía), entonces ellos hicieron uso de ello, pero hay disposición de pagar (los impuestos)”.
El funcionario dijo que las discrecionalidades iban en contra de la Ley. No eran legales. “Pero no podemos ir para atrás en cosas que fueron ilegales, en cosas utorizadas por ellos cuando tenían que autorizar”, sostuvo.
Aunque los banqueros sostienen que “cuando se interprete la Ley inmediatamente nosotros hacemos el ajuste y ya, pero no me vengan a cambiar las reglas del juego y hacer ahora esto retroactivo por cuatro años atrás, porque así lo han hecho siempre”.
¿PAGAN IMPUESTOS?
Los bancos deberían pagar el 30 por ciento de las utilidades en concepto de Impuesto sobre la Renta (IR), del cual nunca han pagado un solo centavo por la operación que hacen para calcular sus ganancias, según informes de la Superintendencia de Bancos (SIB).
También pagan al Banco Central de Nicaragua el 16.25 por ciento sobre los depósitos que tengan, en concepto de Encaje Legal.
Además pagan el 1.25 por ciento sobre el total de los depósitos que tienen. Este dinero pasa al Fondo de Garantía de los Depósitos (Fogade).
Pagan un porcentaje para la SIB, el cual lo determina el monto del presupuesto de esta institución, quien basada en los depósitos de cada institución asigna una cuota anual que se divide proporcionalmente.
Pagan impuestos a la Alcaldía. El dos por ciento sobre el promedio de ingresos trimestrales, en concepto de matrícula y el uno por ciento sobre el ingreso bruto mensual.
También retienen el 15 por ciento del Impuesto General al Valor, el cual no puede usarse como crédito fiscal.
INTERPRETAN LEY
“De momento se está interpretando la Ley del IR, ya que ésta se presta a una doble interpretación, entonces en las reformas que estamos preparando incluyen la forma en cómo los bancos tienen que pagar los impuestos y ellos están dispuestos a pagar”, expresó Róger Arteaga, titular de la DGI.
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