Inicia investigación sobre venta de armas
Ary Neil Pantoja y
Noelia Sánchez
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El gobierno de Nicaragua conformó una “comisión especial” que investigará el tráfico de armas hacia Colombia, integrada por la Procuraduría General de la República (PGR) y los ministerios de Relaciones Exteriores, Gobernación y Defensa, según informó el procurador general en funciones, Francisco Fiallos.
La primera tarea que realizará la comisión, según Fiallos, es estudiar y analizar el informe que la Organización de Estados Americanos (OEA) entregó al gobierno de Nicaragua a través del canciller de la República, Norman Caldera.
Según Fiallos, “la idea es estudiar desde el punto de vista jurídico hasta dónde llegan las responsabilidades”.
El informe de la OEA establece como presuntos implicados en el tráfico de armas al Director General de la Policía Nacional, primer comisionado Edwin Cordero Ardila; al primer comisionado en retiro, Franco Montealegre Callejas; al ex ministro de Gobernación y actual diputado liberal, René Herrera; al general retirado del Ejército de Nicaragua, Roberto Calderón, y quien fuera su asistente, mayor Álvaro Rivas.
Cabe destacar que, entre otras cosas, el informe de la OEA responsabiliza a Nicaragua de “negligencia profesional”, traducida en el desvío de 3,000 fusiles AK que terminaron en poder de paramilitares colombianos, pero que su destino original era la Policía de Panamá.
Según Fiallos, el pasado martes recibieron oficialmente el reporte de la OEA, y ayer por la mañana nombró “a la unidad de investigación y asesoría de la Procuraduría para iniciar las investigaciones del caso”.
El Procurador indicó que éste es un proceso que “evidentemente tenemos que hacerlo conjuntamente con otras instituciones”.
Destacó que la Comisión de coordinación ya tuvo la primera reunión para estudiar este problema. “Hemos dicho que nosotros actuamos siempre con la prudencia que nos caracteriza para llegar realmente a los culpables y no culpar a los que son inocentes, y en base a ese criterio estamos estudiando la situación”, indicó Fiallos.
PGR DEFIENDE COMPETENCIA PARA INVESTIGAR Y ACUSAR
Mediante un comunicado emitido ayer, las autoridades de la PGR defendieron la competencia que tiene el organismo judicial para investigar y acusar en casos que así lo ameriten.
El vocero de la Procuraduría, Sergio Boffelli, dijo que no sólo el Ministerio Público tiene la potestad para investigar o acusar en este caso.
“La PGR aclara que los procedimientos a seguir con el nuevo Código de Procedimiento Penal no varían su compromiso ni su competencia para velar por los intereses del Estado de Nicaragua en todos los casos donde éstos puedan haber sido afectados”, dice el comunicado oficial de la Procuraduría.
Boffelli reiteró que la Procuraduría no pierde sus atribuciones para investigar y que, en este proceso de investigación, siempre se ha coordinado con la Policía Nacional y el Ministerio Público, “por lo que no es nada nuevo que el Fiscal (Julio Centeno) esté diciendo que la Policía debe informarle sobre las diligencias que le solicite la PGR”, indicó Boffelli.
"LEY ASISTE A LA PGR PARA ACTUAR"
El comunicado de la PGR incluye varios artículos de su Ley Orgánica, según los cuales, esta institución tiene atribuciones para investigar, y, de ser posible acusar, sobre el presunto tráfico de armas.
Menciona el artículo 2, numeral 1) “Ejercer la representación del Estado en los negocios de cualquier naturaleza que se ventilen o deban ventilarse en los tribunales de justicia”.
Numeral 6) “Representar al Estado como persona privada en causas penales, civiles, laborales, contencioso administrativo (...), ya sea como demandante o demandado.
Numeral 11) “Velar por los intereses de la Hacienda Pública”.
Numeral 13) “Supervisar que las actuaciones de los funcionarios y empleados del Estado en el desempeño de sus funciones están ajustadas a derecho”.
También incluye el numeral 16: “Pedir informes a las oficinas públicas sobre datos que requiera la PGR para el fiel cumplimiento de sus atribuciones.
Así como el artículo 12, donde se faculta a la PGR, en el numeral 1) a “Ejercer la representación del Estado tanto en los asuntos judiciales, como extrajudiciales”.
Numeral 7) “Pedir informe a todos los funcionarios, empleados públicos e instituciones. 
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