Debilitando democracias
Javier Álvarez Zelaya
Pocos días atrás, el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos envió una comisión (con un traductor) para anunciar que Nicaragua había roto el “Acuerdo Interino” con ellos y por lo tanto, el FMI. no autorizaría más desembolsos de préstamos a Nicaragua. El FMI, seguramente se refería a la famosa “Carta de Intenciones” que el Presidente del Banco Central les envió en noviembre pasado. En este caso hay que hacer varias aclaraciones importantes.
El Presidente del Banco Central representa al Banco Central; no representa a Nicaragua. Todo tratado o acuerdo internacional de Nicaragua necesita ser enviado a la Asamblea Nacional para su aprobación o rechazo (mandato constitucional). Una Carta de Intenciones no puede adquirir carácter contractual, porque no es un tratado y si no se estira la semántica, las intenciones no conllevan obligaciones. El documento que los nicaragüenses vimos publicado en los diarios locales, está lleno de intenciones, únicamente. Una intención no establece vínculos de acciones recíprocas que deriven en obligaciones, gratificaciones y castigos. Intención es el deseo deliberado de hacer algo. No es promesa ni tratado.
A lo largo de varios años hemos observado que el FMI ha establecido una peculiar norma de trabajo con los gobiernos de la región, impulsando el uso de estas Cartas de Intención, con el propósito de apartar a los órganos legislativos de cada país (lo cual es ilegal y antidemocrático).
De hecho, los acuerdos FMI–Gobierno, han sido descontextualizados del cuasi-sagrado entorno legislativo por el cual deben transitar, para cumplir con el mandato constitucional que obliga a nuestra Asamblea Nacional a aprobar o rechazar todos los tratados, convenios, pactos, acuerdos y contratos internacionales según el artículo 138, inciso 12 de nuestra Constitución Política, la más alta ley de la República. El carácter elusivo de estos Acuerdos Interinos, está vulnerando el funcionamiento democrático de los órganos Supremos de la República, burlándose de nuestra Carta Magna y creando condiciones peligrosas que están desembocando en inestabilidad para nuestra democracia.
La Asamblea Nacional tiene que corregir estas faltas a la Constitución. 
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