A Esteban de Langton, quien era el arzobispo de Canterbury, Inglaterra, en 1215, cuando se aprobó la Carta Magna de Derechos y Libertades, se le atribuye la expresión “no hay tributo sin representación” que quedó plasmada en ese documento histórico, mediante el cual el rey Juan sin Tierra reconoció que debía ser una asamblea de representantes de la nación, y no el monarca, la que aprobara los impuestos.

Pero no sólo los impuestos sino todo el presupuesto del Estado lo aprueban desde entonces las asambleas de representantes, o diputados. Y es una conquista fundamental de la democracia porque el presupuesto es el instrumento de gobierno más importante y su aprobación no puede quedar a discreción de una sola persona, llámese rey, premier o Presidente de la República.

Ahora bien, al confiar al Parlamento la responsabilidad de aprobar el presupuesto se parte del criterio de que los diputados son responsables, íntegros, ilustrados y sensatos. Y es obvio que los de Nicaragua no lo son, como lo han demostrado con sus desastrosas actuaciones políticas y los cambios irresponsables que hicieron al presupuesto de 2003.

En realidad, el grave problema que tiene ahora Nicaragua con la comunidad financiera internacional se debe a que los diputados modificaron determinados aspectos del proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo, con la deliberada intención de provocar el incumplimiento de los acuerdos con el FMI, como lo admitió públicamente el diputado sandinista Bayardo Arce.

Pero la verdad es que el cuarto y último acuerdo con el FMI constituye una excepción beneficiosa para Nicaragua. Esto no se había hecho nunca antes con otro país, y además se colocó a Nicaragua como la segunda nación más beneficiada del mundo, sólo después del Congo. Y se hizo para dar un voto de confianza al presidente Enrique Bolaños por sus compromisos de mantener la sanidad financiera, la transparencia gubernamental y la lucha incondicional contra la corrupción.

El problema no consiste, pues, en una supuesta intromisión del FMI en los asuntos de Nicaragua para hacernos daño, ni es serio el rechazo de “intrépidos patriotas” izquierdistas. Se trata de una disyuntiva sencilla pero vital: Hay que cumplir los acuerdos con el FMI que son para beneficiar a los mismos nicaragüenses porque significan que no debemos gastar más de lo que tenemosm sino manejar las finanzas públicas con honradez y responsabilidad, o de lo contrario no se obtendrán los recursos financieros externos hasta por mil doscientos millones de dólares durante éste y los siguientes dos años en donaciones líquidas y préstamos favorables; ni se podrá beneficiar el país con la condonación del ochenta por ciento de la deuda externa, ni con el financiamiento de numerosas obras municipales, etc. Aparte de que si el presupuesto quedara como lo aprobaron los diputados, habría que reducir dramáticamente el gasto estatal, compactar instituciones, despedir a miles de empleados públicos, etc.

Es cierto que el Gobierno hizo mal en no integrar en las negociaciones con el FMI a representantes de las bancadas liberal y sandinista. Pero ese error no justifica la irresponsabilidad de aprobar el presupuesto con la mala intención de echar a perder la posibilidad real de que el país obtenga cuantiosos recursos financieros y la condonación de gran parte de la deuda externa.

De manera que el Presidente de la República tiene que vetar el presupuesto para dejarlo según lo acordado con la comunidad financiera internacional. No hay alternativa. Y como a los sandinistas es prácticamente imposible sacarlos de sus alucinaciones socialistas, los diputados liberales tienen la responsabilidad de enmendar la plana y para eso deben unificar sus 53 votos y aceptar el veto presidencial.

Hay quienes dicen que el problema se resolvería quitando a los banqueros el dinero que supuestamente no han pagado por impuestos, y lo que han ganado en exceso con los intereses de bonos del Estado. Proponen también que se bajen los intereses de los Cenis y se suprima su exoneración. Pero otros plantean que se debe obligar a los piñateros y a los defraudadores de bancos a que paguen lo que se robaron.

Sin embargo esa es otra discusión que es necesario comentarla por separado del problema de honrar o incumplir los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.   

¡Vete el Presupuesto, Presidente!