El fantasma de la extradición, la pesadilla de los narcos
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La violencia con motivos políticos en Colombia, ya sea que provenga ésta de la guerrilla o de los paramilitares, está ligada al narcotráfico. (LA PRENSA/Archivo) |
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Eduardo Marenco Tercero (*)
eduardo.marenco@laprensa.com.ni
Si algo temen los capos del narcotráfico en Colombia, es su extradición. “Mejor muerto en Colombia, que preso en Estados Unidos”, suelen decir desde tiempos de Pablo Escobar. Es este viejo miedo el que explica la sorprendente oferta que un grupo de jefes del “Cartel del Norte del Valle” hiciera al gobierno de Colombia hace pocos días.
Los narcos propusieron al gobierno entregar sus fortunas y laboratorios, rutas y cultivos, a cambio de no ser extraditados a Estados Unidos y de ser encarcelados en Colombia. La oferta tiene un viejo antecedente: el programa de sometimiento a la justicia, gracias al cual Pablo Escobar se entregó a inicios de los noventa, para ser encarcelado en “La Catedral”, donde se hizo construir una fortaleza para burlar a la justicia, continuando con sus jugosos negocios y comunicándose con sus lugartenientes por medio de palomas mensajeras, para evitar el espionaje electrónico.
La extradición fue el gran miedo de Pablo Escobar, y para evitarla comandó una ola de terror en contra de la sociedad y del Estado colombiano.
La reciente oferta de los narcos —a la cual se opone el Gobierno de Estados Unidos—también saca a relucir la incapacidad del Estado colombiano de ofrecer un eficaz sistema de justicia para la ciudadanía.
TRES MIL VENGANZAS MORTALES AL AÑO
Recientemente el diario “El Tiempo” publicó un reportaje que tituló “Colombia es el país de las venganzas”, donde se reseña que más de tres mil homicidios por año, a razón de ocho por día, se cometen para cobrar alguna ofensa, es decir, por ajustes de cuentas. El hecho refleja cómo el sistema de justicia no responde a las demandas de los colombianos, pues para muchos es claro que quien tiene el plomo o la plata, obtiene el fallo a su favor.
Los capos del narcotráfico, en los últimos treinta años, han sido una amenaza latente para el Estado colombiano, pues siempre han intentado corromper las arterias del sistema de justicia para controlarlo a su antojo.
Contrario a lo que ocurre en Colombia así como en el resto de América Latina, uno de los pilares del contrato social de Estados Unidos es la credibilidad de su sistema de justicia, la fe de los ciudadanos en que sus demandas encontrarán eco, de modo que es posible que una persona afectada por cáncer en los pulmones gane una multimillonaria indemnización a una poderosa tabacalera.
Pero en el justo momento en que los narcos hacían su fabulosa propuesta, que recuerda el legendario ofrecimiento de Pablo Escobar de pagar la deuda externa de Colombia, el ministro de Justicia y del Interior, Fernando Londoño, anunció que se reformará la ley para agilizar los trámites de extradición, de manera que la Corte Suprema de Justicia no se convierta en obstáculo de la misma.
Desde 1997, el Estado colombiano ha extraditado a 60 personas. El quinto hombre del Cartel de Cali, Víctor Patiño Fómeque, fue extraditado a Estados Unidos recientemente, lo que aceleró la fallida “narcopropuesta”.
En la actualidad, los principales jefes de los paramilitares y del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dos de los principales actores del conflicto, están siendo solicitados en extradición por Estados Unidos. La gran pregunta es: ¿Qué ocurrirá si no son extraditados y si se acuerda la paz en Colombia? ¿serán amnistiados? ¿cómo se evitará que no los persiga la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad? ¿Será la extradición a Estados Unidos la única forma de lograr justicia?
La encrucijada continúa planteada.
(*) Magíster en Estudios Latinoamericanos. 
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