El Presidente Enrique Bolaños anunció que pronto presentará una propuesta para “que todos nos comprometamos en una Agenda Básica de Nación, en la que definamos el futuro de nuestro país a mediano y largo plazo en una agenda que debe ser acogida y formulada con la más amplia participación de nuestra sociedad”. Y adelantó que tal Agenda incluiría “temas como la reforma al Poder Judicial, la modernización del Sistema Electoral, la Estrategia Nacional de Desarrollo y otros objetivos vitales para la construcción de una Nueva Nicaragua”.

Esta iniciativa presidencial nos parece correcta y oportuna. El diálogo y el acuerdo son necesarios para que los gobernantes, los sectores políticos y económicos y la sociedad civil en general, alcancen entendimientos y acuerdos que permitan ir resolviendo los grandes problemas nacionales.

Pero, además, la propuesta del Presidente es pragmática. En realidad, aunque Bolaños tiene bastante respaldo popular y fue electo junto con una mayoría de 53 diputados sobre 96 —lo que le debería permitir ejecutar su programa de gobierno sin mayores contratiempos— la mayoría de los diputados liberales son sus adversarios porque están ofendidos con la lucha contra la corrupción} de manera que el apoyo parlamentario que tiene el Ejecutivo es mínimo y condicionado, y en consecuencia el Presidente Bolaños está obligado a entenderse con las diversas fuerzas políticas, sociales y económicas por medio de lo que él llama Agenda de Nación.

En realidad, en cualquier país democrático la agenda nacional es la Constitución, y el programa del gobierno en turno se adecua a los principios y normas constitucionales. O sea que el gobierno elegido por el pueblo tiene la libertad y el derecho de implementar la plataforma que ofreció en la campaña electoral, siempre y cuando no lesione los principios y las normas constitucionales. Y el consenso necesario para encarar los asuntos excepcionales se promueve y logra dentro de a Asamblea Nacional, donde se supone que están o deben estar representados todos los partidos políticos que cuentan con el debido respaldo popular electoral.

Pero ése no es el caso de Nicaragua, porque aquí la Constitución no fue aprobada ni reformada con la participación de todos los sectores nacionales. En realidad, de participar en la Asamblea Nacional fueron excluidos diversos partidos por el pacto libero sandinista de 1999 y la reforma constitucional bipartidista del 2000; y además, el partidismo de las instituciones estatales, la corrupción política y la conducta escabrosa de la mayoría de los diputados, quitó al Parlamento nicaragüense la legitimidad y la credibilidad indispensables para ser escenario y garante del diálogo y de los acuerdos que se necesita adoptar para implementar una agenda nacional que subsane la ineficacia de la Constitución sandinista remendada.

Como sea, así como en todos los países democráticos se procura que los diferentes sectores políticos y sociales se involucren en la toma de decisiones para mejorar el funcionamiento de la democracia y fortalecer la gobernabilidad, con mucha mayor razón es necesario hacer eso en Nicaragua por las razones antes apuntadas.

Por supuesto que no es fácil lograr que se pongan de acuerdo en una Agenda Nacional grupos y personas tan diversos, que tienen profundas diferencias ideológicas e intereses tan opuestos como excluyentes. Como ejemplo basta señalar que el Presidente Bolaños dijo que en la Agenda de Nación se debe reconocer que “para avanzar hacia el futuro, también es fundamental un Tratado de Libre Comercio exitosa y cuidadosamente negociado con los Estados Unidos, que es el mercado consumidor mas grande del mundo”. Pero tanto la oposición sandinista como la mayor parte de los representantes de la sociedad civil rechazan los “alcas” y todo lo que huela a globalización. Y lo mismo ocurre con la mayor parte de los diputados arnoldistas, aunque estos no lo hacen por principios sino por ajustar cuentas con el Presidente Bolaños.

De todas maneras, para poder avanzar en el esfuerzo de independizar y profesionalizar las instituciones, e impulsar el desarrollo económico y social, el Presidente de la República debe entenderse con todos los sectores nacionales. Y si ese empeño es sano y cede a las presiones de convertir el Estado en una especie de botín de liberales, se le debería respaldar como se le ha apoyado en la lucha contra la corrupción.  

Agenda de nación