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DOMINGO 12 DE ENERO DEL 2003 / EDICION No. 22969 / ACTUALIZADA 06:38 am
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Ex asesor de Jerez en “tercerías”

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.Gustavo García Mangas, ex asesor de la DGI, reclama como suyas dos camionetas Mitsubishi, doble cabina que dice compro en Minicar y al PLC
.Ambos vehículos fueron ocupados a Jerez como parte del juicio conocido como los “libretazos” o “camionetazos”

Un ex asesor de la DGI, durante la administración de Byron Jerez, reclama como suyos dos vehículos que le fueron incautados al ex hombre fuerte del gobierno anterior. (LAPRENSA/Archivo)

 

Jorge Loáisiga Mayorga
jorge.loaisiga@laprensa.com.ni

Gustavo García Mangas, ex “asesor” de la Dirección General de Ingresos (DGI), durante la administración de Byron Jerez, aparece vinculado en los juicios simulados que están ventilándose en el Juzgado Cuarto de Distrito de lo Civil de Managua, a través de los cuales intentan recuperar bienes ocupados por la justicia a Jerez.

Jerez, acusado de asociación para delinquir, malversación de caudales públicos, fraude contra el Estado, lavado de dinero y con siete autos de prisión, está cediendo, sin oponerse, a terceras personas los bienes ocupados por la Policía y las autoridades judiciales a través de los juicios simulados.

García Mangas reclama como suyas dos camionetas Mitsubishi, doble cabina. Una de ellas dice haberla comprado a la empresa Minicar S.A. y la otra al Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Ambos vehículos fueron ocupados a Jerez como parte del juicio conocido como los “libretazos” o “camionetazos”.

Este juicio de tercería o simulado, lo ejecuta el abogado, Pedro Antonio González Balmaceda, el mismo que llevó un juicio similar en San Juan del Sur, tratando de recuperar un yate de Jerez y tres cuadraciclos.

Además, este abogado representa a la sociedad Mariscos del Blof S.A., a Santiago Ríos Barba, Milton Steven Boudier, Roberto Jiménez y Javier Norori, quienes de manera “coincidente” buscaron a la abogada Oglacela Alemán Benavides para otorgarle poder generalísimo al abogado González Balmaceda, entre los días seis y nueve de agosto de 2002.

EMPLEADO “FANTASMA”

De acuerdo con investigaciones de LA PRENSA en mayo de 2000, corroboradas por la Contraloría General de la República, García Mangas fue contratado, como “asesor” de la dirección superior de la DGI, el primero de enero de 1997, nueve días antes de que Byron Jerez asumiera como Director General de Ingresos.

La copia del contrato de García Mangas, publicado por LA PRENSA el 31 de mayo de 2000, especifica que este “asesor” fue contratado con un salario de 2,000 dólares mensuales para brindar asesoría a la Dirección Superior.

García Mangas, identificado con el número de Seguro Social 382030, reportó en su cédula que su domicilio era en el kilómetro 10 de la Carretera Sur, pero en ese lugar nunca fue localizado.

También se conoció que éste en realidad residía en Monseñor Lezcano, de la Foto Luminton 175 varas abajo, en la casa número 2829, la cual pertenece a Verónica Mangas.

La CGR lo investigó como parte de una exhaustiva inspección en la que detectó empleados “fantasmas” en la planilla de la DGI. García Mangas era uno de esos “fantasmas”.

MERCADERÍA RETIRADA EN VEHÍCULOS DE ASESOR

Recientemente LA PRENSA descubrió que uno de los vehículos que Byron Jerez utilizó para retirar mercadería que introdujo libre de impuestos en diciembre de 2001, fue retirada en un vehículo que pertenece a Gustavo García Mangas, ex “asesor” de la Dirección General de Ingresos. En esa oportunidad, tres cuadraciclos, que estaban en el almacén fiscal de Almagro fueron retirados el 27 de diciembre de 2001 por Carlos Cruz, quien llegó al almacén en el vehículo placas 200-289, que en marzo de 2002 aparecía en los registros de tránsito nacional a nombre de Gustavo García Mangas.

Investigaciones de LA PRENSA demostraron que la esposa de Jerez, doña Ethel Jerez (prófuga de la justicia nicaragüense), introdujo en diciembre de 2001 decenas de bultos de mercadería provenientes de la empresa Miami Delivery Service Inc. (propiedad de Gerold Jerez, hermano de Jerez y prófugo de la justicia nicaragüense), así como tres cuadraciclos marca Kawasaki que no pagaron impuestos en aduanas, al ser exonerados por orientación verbal del entonces titular de la DGA, Emilio Selva.  
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