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JUEVES 9 DE ENERO DEL 2003 / EDICION No. 22966 / ACTUALIZADA 02:00 am
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Diputados en deuda

Cuando se reúnan hoy para elegir la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, todos los diputados y en particular los seguidores de Arnoldo Alemán deberían reconocer con entereza la deuda que tienen con la nación y la obligación política y moral de pagarla este año.

La deuda no es por la pobre producción legislativa del año pasado, pues la eficiencia parlamentaria no se mide por la cantidad de leyes aprobadas sino por su calidad, y por la capacidad del Parlamento de contribuir a la estabilidad del país, de fortalecer las instituciones, controlar políticamente al Gobierno y representar honestamente las aspiraciones de los ciudadanos y los intereses de la nación.

Se sabe que la nueva Junta Directiva quedará básicamente igual a la que fungió de septiembre a diciembre del año pasado, o sea con tres cargos para el FSLN y cuatro para los liberales y sus aliados. Al respecto los llamados “arnoldistas” han invocado el principio de proporcionalidad para reclamar cuatro de los siete cargos directivos, a pesar de que cuando ellos dominaban la Asamblea Nacional no respetaron ese principio que ahora invocan, pues sólo reconocieron un cargo en la Junta Directiva al FSLN, a pesar de que este eligió 37 diputados y proporcionalmente le corresponden tres directivos.

De acuerdo con ese principio de proporcionalidad, debe haber un cargo en la Junta Directiva por cada trece diputados de los noventa que fueron elegidos por el pueblo, pues los otros dos, Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, no son electos popularmente sino que uno ocupa un escaño en la Asamblea como premio de consolación al haber obtenido el segundo lugar en la elección presidencial, y el otro como pago por el pacto libero-sandinista de 1999. De manera que al PLC y sus aliados que eligieron 52 diputados les corresponde cuatro cargos, y tres (2,84) al FSLN que eligió a 37 parlamentarios.

Además, los diputados “arnoldistas” no tienen derecho a reclamar para ellos cuatro cargos directivos, porque la representación proporcional es de los partidos que eligieron representantes, no de las facciones internas. O sea que los diputados liberales Jaime Cuadra y Miguel López pueden ser considerados legalmente como representantes de la bancada del PLC en la Junta Directiva.

Además, es lógico y correcto que los liberales azul y blanco o bolañistas quieran que los dos cargos directivos de la facción “arnoldista” los ocupen personas moderadas, pues a los extremistas que ya dominaron la Junta Directiva de la Asamblea Nacional fue necesario destituirlos como violadores de la Constitución y la ley porque querín impedir que Arnoldo Alemán fuese juzgado por las acusaciones oficiales de corrupción. De manera que carecen de méritos para tener de nuevo la mayoría de la Junta Directiva y sería irresponsable volver a entregársela.

Por otro lado, algunas personas que se definen como anti sandinistas consideran que es temerario darle al FSLN tres cargos en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, incluyendo la primera vicepresidencia, pues la aprovecharían para impulsar el juicio por delitos electorales contra el Presidente Bolaños, el Vicepresidente José Rizo y el presidente de la Asamblea Nacional, Jaime Cuadra, destituirlos de sus cargos, y capturar la presidencia de la República por medio del primer vicepresidente parlamentario, René Núñez Téllez.

Pero esos temores parecen exagerados. Sin dudas que el objetivo primordial de los sandinistas es regresar al poder, pero es obvio que quieren volver por la puerta grande de una elección popular, en base a una incuestionable votación mayoritaria y sin alterar de ningún modo el orden constitucional, como sería destituir aunque fuera con apariencia legal a un Presidente que tiene el más alto grado de legitimidad nacional e internacional.

En fin, lo que los diputados liberales deberían aceptar es que lo de Arnoldo Alemán ya es cosa y caso juzgado, y reagruparse en una sola bancada para comenzar a pagar la deuda que tienen con la nación. Para eso deben trabajar con una agenda parlamentaria que apunte a la despartidización de las instituciones y al cumplimiento del mandato que los electores les dieron a ellos y al Presidente Bolaños, y que de entrada debe contemplar la modificación del Presupuesto del 2003 que por demagogia fue aprobado de manera inconveniente para los intereses nacionales.  
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