Huelguistas sugieren mediación de Iglesia
 | Gobierno les ofrece $1,500 de adelanto para que suspendan la huelga |
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AP
SAN SALVADOR.- En medio de un clima de tensión y forcejeos entre autoridades y huelguistas, los médicos del Seguro Social propusieron que la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica tome el rol de mediador para terminar con una huelga iniciada el 19 de septiembre.
La propuesta de los médicos surgió luego que el gobierno del presidente Francisco Flores rechazara la mediación de Liz Figueroa, senadora demócrata por el Estado de California, Estados Unidos.
Los médicos dijeron que la senadora, de origen salvadoreño, ya había aceptado mediar en el conflicto y que ya estaba preparando dos equipos técnicos para hacer su labor, pero el vicepresidente Carlos Quintanilla dijo que “la figura de un mediador internacional es totalmente absurda, no tiene sentido’’.
El dirigente del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), Ricardo Alfaro, sostuvo que el rechazo “demuestra la falta de voluntad política y los intentos del Gobierno del presidente Flores de finalizar el conflicto mediante la fuerza’’.
Expresó que los médicos y trabajadores del Seguro Social siguen apostando a la salida negociada y señaló que en ese sentido han propuesto que la Conferencia Episcopal tome un rol protagónico en la mesa de negociaciones y pase de ser un intermediario a un mediador en el conflicto.
“Lo que estamos buscando es un protagonismo y un dinamismo que la mesa misma no tiene’’, dijo Guillermo Mata, que preside el Colegio Médico de El Salvador.
Agregó que además han presentado a la Asamblea Legislativa un nuevo proyecto de ley para evitar la privatización de los servicios de salud, y que ayudaría a poner fin a la huelga iniciada en septiembre pasado.
Explicó que con la nueva iniciativa pretenden desentrabar los puntos más controvertidos de la actual ley, que ellos acusan facilita la privatización.
El gobierno ha propuesto a los médicos reincorporarse a sus labores para atender consultas retrasadas y recibir a cambio un salario adelantado de 1.500 dólares.
Pero para regresar a sus puestos de trabajo, los huelguistas exigen la aprobación de un decreto que asegure que no se van a privatizar los servicios de salud.
También exigen su reinstalación en sus puestos y la entrega de salarios retenidos desde que iniciaron la medida contra la privatización del sector. 
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